Son 44 años los que esta nación tiene y hablando de reformas o enmiendas constitucionales o de cambios constitucionales expresos y siempre para satisfacer los intereses del momento de banderías políticas, presidentes y partidos y ninguna de las mismas, nunca han servido realmente para beneficiar a la República y sí para hundirla más dentro de esa especie de galimatías de nunca acabar y que facilita las cosas para que siempre la institucionalidad se pierda y la constitucionalidad o estado de derecho se afecte a más.
Y lo que hay que afirmar con rotundidad, al ver los resultados de todas las reformas o enmiendas constitucionales que han sido hechas y de las que el actual partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM) no es ajeno ni siquiera cuando era Alianza Social Demócrata (ASD) y hasta terminar luego dentro de un PRD que terminó siendo y por su última división, en la especie de cueva de la que salieron sapos y culebras con etiqueta de modernos, que como se ha comprobado, terminaron por destrozar lo poco que de institucionalidad cierta podía entenderse que existía.
Concomitantemente con esa terrible realidad, se tiene además el sello indeleble de tantos dirigentes perremeístas y experredeístas en apariencias, de flojera moral y manos ágiles, quienes han sido parte del espejo de imágenes truncas, con la que todos esos individuos y no actuando como ciudadanos y sí como gavilleros partidarios, no y sí muchas veces, tomaron por asalto las instituciones públicas y conformaron gobiernos en los que la corrupción a gran escala fue impuesta y solo para beneficiar el continuismo perverso, de quienes nunca han podido pertenecer a una organización política de la que se pudiera decir que ha dado una vida útil a la República.
Al contrario, toda esa gente se convirtieron en la peor retranca que ha tenido la Nación en materia de preservación de la institucionalidad y a un costo extremadamente alto en materia de pérdida de recursos económicos, financieros como humanos y tanto, que a la fecha, lo que en este país existe políticamente, no es una democracia funcional y abierta y menos participativa y sí un conjunto de mafias o castas políticas depredadoras, que como asociaciones de malhechores, han reducido la institucionalidad a la imposición de un sistema partidocrático autoritario que en los últimos años ha devenido en tiranía oculta y con el disfraz de partidocracia.
Ahora y cuando se entiende que el descrédito que partidos y políticos tienen, es de una magnitud tan significativa y existiendo un gobierno que en mayo próximo cumplirá dos años, se cae en la estupidez y por parte del PRM, de abogar por una supuesta reforma constitucional, cuyo único fin es "institucionalizar la independencia de la justicia" y lo que de suyo es también una acción groseramente inconstitucional, toda vez que en materia del Poder Judicial, este se divide en las funciones propias del ministerio público y tribunales, pero existiendo constitucionalmente la prerrogativa a favor del Poder Ejecutivo de que el ministerio público le corresponde directamente y al ser este el nicho desde el que la búsqueda y acumulación de pruebas, hace factible que los tribunales funcionen impartiendo la justicia de castigo, privativa solo de ellos.
En esta ocasión y lo que en apariencias parecería que solo es autoría del presidente Luis Abinader, vemos cómo el partido de gobierno y en conversaciones y reuniones de aposentos con los otros partidos y en particular los llamados principales, fragua una aparente reforma constitucional dizque para fortalecer la justicia represiva desde el ministerio público central, esto es, la Procuraduría General de la República y la que por mandato constitucional, es parte activa del gabinete de gobierno y lo que sin embargo no se aplica y por el desacato abierto que el mismo gobierno impone.
Es decir, se habla de reforma para “independizar la justicia”, en función de no acatar el requerimiento constitucional de que su ejecución se divide en dos ramas: La represiva, a cargo del ministerio público y dependiendo este del Poder Ejecutivo y la otra, con dependencia directa del conjunto de los jueces de la República y la que también en apariencias es “independiente”, pero con esa independencia sujeta al presupuesto, que, para su funcionamiento, quiera darle el Poder Ejecutivo.
De entender esta situación, a razonamiento a contrario, no se puede creer en la buena fe del gobierno y el partido oficial cuando abogan por una reforma constitucional con el pretexto de separar el ministerio público del cuerpo orgánico de aplicación de justicia y de lo que, a ciencia cierta, sabemos que es apoyado en silencio por todos los partidos políticos y lideres políticos más importantes y quienes de los dientes para afuera dicen lo contrario.
Y hay que preguntarse, ¿qué justicia independiente es la que se quiere, cuando el mismo Poder Ejecutivo desacata el ordenamiento constitucional que le obliga a ejercer y tener la responsabilidad sobre el accionar del ministerio público central? Pero igualmente, ¿qué nuevo tipo de justicia se desea desde el Poder Ejecutivo y el partido de gobierno, cuando desde el despacho presidencial se ha hecho trizas la separación de poderes y en la práctica, la presidencia del Senado como la de Diputados, son matasellos del Poder Ejecutivo?
¿Acaso no es cierto, que, por ese contubernio, no han sido uno ni dos los graduados universitarios en ciencias jurídicas, a quienes se les demora que en la Suprema Corte de Justicia se les juramente como abogados de la República y simplemente, porque la partidocracia a través de sus gobiernos les tacha de enemigos y que es una mala práctica que viene desde Balaguer y hasta el presente, aunque con menos determinación en el gobierno del presidente Abinader?
Entonces y viendo esta realidad tan dura y comprobándose que las reformas constitucionales partidarias no son más que una retranca o muro de contención al ejercicio de una democracia plena y de freno al estado de derecho, no se entiende que una parte de la ciudadanía pueda estar a favor del encadenamiento y castración groseros que esas reformas le hacen al cuerpo jurídico de la nación y solo con miras de que la partidocracia se perpetue y la mascarada de democracia se mantenga.
De ahí que preguntemos: ¿Y por qué la supuesta institucionalización de la Justicia debe arrastrar una sospechosa reforma constitucional, que por el matiz político que la precede, no ofrece garantía alguna de que pueda ser factible y sí una conspiración de la partidocracia contra la ciudadanía y la República? (DAG)
