El país está inmerso en una discusión sobre las virtudes de una ley de fideicomiso público, y esa atención relega a un plano secundario el interés por otros temas fundamentales, algunos de los cuales reposan por años en los archivos del Congreso y en el amplio espacio del olvido nacional.
Me refiero a la educación, a la necesidad inaplazable de dotarla de la calidad que haga de ella un fuerte instrumento del desarrollo futuro de la República. Y, por supuesto, de nuestra otra gran prioridad impostergable; el mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo, hoy en crisis.
Los poderes del Estado no le prestan la atención debida al choque natural de intereses que en la actualidad estremece al sistema de la seguridad social, con los afiliados a un tris de perder un servicio de atención médica por el que pagan conjuntamente con las empresas en las que laboran a través del sistema.
El Gobierno no debe sustraerse ni permanecer ajeno al problema. Ante la gravedad del caso, no puede dejar la solución solo a las partes, sin mediación alguna. Tiene que mediar para buscar o imponer una solución. Para eso es el Gobierno. No necesitamos un gobierno ocupado en tareas empresariales, sino un ente fuerte en materia regulatoria, que imponga la ley y establezca reglas claras de libre competencia.
No dudo de la importancia de un régimen de fideicomiso, cuyo valor en el ámbito privado ha sido de innegable importancia y eficacia. Pero me pregunto si tiene sentido que la atención nacional se centre en la búsqueda de solución de nuestros problemas en esa figura legal, como única salida a la incompetencia gubernamental que, de hecho, esa propuesta implica. Por: Miguel Guerrero [El Caribe]
