No se conoce de ningún partido del sistema que haya tomada medidas internas para protegerse de los dineros del narcotráfico.
Uno salió a camino a dar seguridades, pero un chusco que no habla inglés replicó ¿y qué de la planta aquella?
En el dominio del cinismo el más cara dura es rey.
Los partidos confían que el pecho apretado de la opinión pública se le cure solo, y que poco a poco el peligro vaya desapareciendo sin hacer nada al respecto.
Unos demandan de que el tema sea incluido en el Diálogo, como si fuera un zafacón tan grande que cabría todo tipo de basura.
Otros entienden que la oportunidad de la revisión y enmienda de la Ley de Partidos se presta para resolver esa situación, de la que se dan por sorprendido, aun cuando el escándalo lleve nombre de persona, y esta tenga militancia conocida.
Ninguno hace nada para corregirse y evitarse la afrenta. Dejan que sea la DEA que ubique a los dañados y que sea el ministerio Público independiente que los identifique, que el Ejecutivo conceda la extradición y el gobierno norteamericano agradezca la colaboración.
El hecho existe, pero no se admite que pasó de fenómeno a riesgo de la institucionalidad, pues las condiciones se crean –aparentemente– sin quererse.
Las culpas van todas a aparar al voto preferencial, pero se olvida a posta que la Ley de Partidos fue derogada en parte por un fallo del Tribunal Constitucional.
Los partidos, sin que mediara legislación, tenían en sus estatutos como norma de principio que nadie podía aspirar a un cargo de elección popular sin contar con determinados años de militancia.
Incluso se conoce el caso de un joven a quien se le frustró una candidatura ascendente con ese alegato, que en su momento se vio como injusto.
Pero esa era la regla, y se impuso la maldad, con los reglamentos a favor.
El TC, que se considera un órgano de derecho, no político, quitó la valla y ahora corre todo el que quiere, aunque haya llegado el día anterior a la organización.
El narco provee al transfuguismo. Por: Orlando Gil [Listín Diario]
