Hace cinco semanas, desde esta columna requerí a la Junta Central Electoral (JCE) para que detuviera la escalada de una campaña electoral tan frenética como prematura. La reacción fue tardía, pero al menos categórica. Así, recientemente el órgano electoral publicó una admonición pública en la que advertía a los partidos políticos que deben "abstenerse de realizar mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña, hasta que sea emitida la proclama que oficializa la campaña electoral". Falta por saber si ese arrojo fue un ímpetu retórico o una determinación seria.
Y hay razones para sentirse pesimista. He gugleado el tema de las campañas prematuras en las últimas cuatro elecciones y, para mi decepción, en todas la JCE se ha pronunciado sobre el problema sin mayores consecuencias. El órgano elector se conforma con hacer blandos llamados de atención que suelen diluirse en omisiones impunes de los partidos, quienes interpretan la ley a su autocrática discreción.
Eso no debe seguir. Toda la publicidad exterior que hoy abruma el sosiego ambiental debe ser retirada cuanto antes de los espacios públicos, excepto de aquellos que permita la ley. La JCE no debe aceptar que su autoridad, en la gestión y dirección de los procesos electorales, sea subrogada por los partidos políticos.
Esta vez algunos partidos han solicitado a la JCE dejar sin efecto la medida invocando presuntas violaciones a derechos fundamentales. Los alegatos son tan abstractos como tremendistas y pretenden validar francas violaciones a la ley orgánica del régimen electoral que le da facultad a la JCE para "reglamentar la propaganda política y electoral" en las condiciones establecidas por la propia ley. Lo que la JCE está exigiendo es el efectivo cumplimiento de la ley, no coartar libertades ni derechos.
Sabemos que por más circunloquios hermenéuticos invocados por los partidos se trata de disposiciones claras: "El período de campaña se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la Junta Central Electoral, y concluirá a las doce de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones" (artículo 165, 1). "No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período electoral definido por esta ley…" (artículo 179)
Hubo un relevante precedente en materia administrativo-electoral; la fundación Masada, Inc., que presido, promovió una acción de amparo en el 2015 que buscaba retirar la publicidad gráfica emplazada en los espacios públicos de la ciudad de Santiago fuera del periodo de la campaña electoral. El juez Samuel Guzmán Fernández, presidente, para la ocasión, de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de Santiago, mediante sentencia del 3 de junio de 2015 ordenó al ayuntamiento local el inmediato retiro de "toda la publicidad política exterior, que, de forma extemporánea, se encuentre instalada en los espacios de dominio público de esta ciudad de Santiago". La aludida sentencia dispuso, además, "la prohibición a los candidatos a cargos electivos, la colocación en los espacios públicos urbanos, de cualquier formato, estructura, plataforma y diseño gráfico de propaganda política que no se circunscriba a la fecha de inicio del periodo electoral, conforme a la proclama que deberá dictar y publicar la Junta Central Electoral". Al condenar igualmente a una astreinte de diez mil pesos (RD$ 10,000.00) diarios en contra del Ayuntamiento de Santiago, este tuvo que ejecutar un operativo de retiro de casi 25 toneladas en vallas y material gráfico que le devolvió la quietud a la ciudad.
Nos separan diez meses de las elecciones presidenciales y ya la sociedad vive la agitación de una campaña electoral abierta por los partidos políticos. La contaminación visual, en un país que vive del turismo, arropa las ciudades; se estresa el ambiente de sana convivencia, los medios de comunicación se ocupan de las distracciones más baratas de la campaña, se genera un clima de prematuras desafecciones y se dispendian millones en recursos. Eso debe parar.
Recientemente la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) publicó un interesante estudio entre jóvenes votantes que representan algo más del 35 % del padrón electoral del 2024. Uno de los aspectos evaluados fue precisamente el de las campañas electorales. Sobre el particular, el estudio indica que para los jóvenes consultados los aspectos más negativos de las campañas electorales son, entre otros, estos cinco: las promesas incumplidas/irrealistas (19.0 %); la contaminación que provocan (14.4 %); la poca transparencia en el reporte de gastos de los partidos (11.9 %); la entrega de dinero o alimentos (11.4 %) y los mítines y marchas (10.0 %).
Nada ha cambiado ni promete cambiar. Se les exige a los partidos estrategias creativas de campaña que no afecten el ambiente natural y emocional de la población, pero siguen atados a los mismos formatos. En cada elección se plantea la necesidad de afirmar el debate de las ideas y las propuestas como forma de evolucionar en la edificación del voto, pero esa intención solo asoma como un frío mea culpa. Y es que los debates exponen a los candidatos, desnudando sus carencias personales y conceptuales. Es más fácil que un filtro digital o un spot suplanten el verdadero carácter, ese que se revela cuando son gobernantes.
Las campañas en sociedades tan politizadas deben ser cortas, efectivas y racionales. La ley establece al menos los límites de tiempo y las condiciones de su ejercicio. Los partidos políticos no tienen derecho a imponernos un estado forzoso de campaña como el que estamos padeciendo. La JCE no debe transigir por presiones. Llegó el momento de imponer el respeto sin considerar el precio. Por: José Luis Taveras [Diario Libre]
