La promulgación de la ley 1-24, que crea la Dirección de Nacional de Inteligencia (DNI), ha causado indignación, revuelo y movilización. Al rechazo inicial de los medios se han sumado ciudadanos, agrupaciones y hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); y han sido interpuestas en el Tribunal Constitucional acciones directas contra algunos de sus artículos, debido a que son una flagrante vulneración de derechos fundamentales consagrados en la constitución, que fueron logrados con grandes sacrificios por el pueblo.
El sueño húmedo de los organismos de inteligencia de cualquier Estado es tener control total de la información y lograr mecanismos para predecir y actuar en función de la misma, y es lógico y natural que así sea. Corresponde al poder político poner coto y límites a esos impulsos mediante la supremacía del debido proceso, de ahí que la Constitución de 2010 estableciera taxativamente en el 261 –in fine– que “El sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley”.
Organizar y regular la función de inteligencia –coordinándola mediante la DNI–, es una necesidad impostergable que se vio cristalizada en la ley 1-24. Frente al rechazo generalizado, el gobierno intenta tomar control del relato externando la voluntad de escuchar y aclarar que no tuvo al momento de promulgar; y, aunque pudiera desdecirse enviando un nuevo proyecto “consensuado” que salve los gazapos, el daño está hecho.
El gobierno quedará embarrado, pero, en su defensa, podrá decir que intentó organizar la casa; esa que tiene 50 años actuando como chivo sin ley; sirviendo de martillo al poder de turno; “cualquierizando” las funciones de inteligencia y contrainteligencia, esenciales frente a los desafíos de cualquier Estado del siglo XXI; y también a los nuestros, particularmente en temas vitales como seguridad, narcotráfico o terrorismo.
La oposición no saldrá mejor, pues no sólo evidencia incoherencia, sino también, cinismo. Sin los votos favorables de algunos diputados de la FP y el PLD -y de algunos senadores de la FP-, habría sido imposible aprobarla. De ahí que sorprenden las declaraciones de Leonel Fernández (“retroceso institucional democrático”) y Abel Martínez (“inconstitucional y retrógrada”) pues, en ausencia de amonestaciones, sanciones o expulsiones de esos legisladores por haber sido cómplices de la misma, queda claro que el deseo principal es pescar en río revuelto. Que Luis Abinader defienda la ley no sorprende, él la firmó. En defensa de Abel, sólo es candidato y no controla la estructura PLD, pero la FP es un partido hecho a la medida de Fernández, y eso lo vincula.
El gobierno ni siquiera tiene idea de lo que se está jugando ahora mismo. Esto no es un tema jurídico ya, es político y mediático. Intentar la huida hacia adelante es un despropósito, y mientras más rápida sea la cirugía más rápida será la recuperación. Algunos funcionarios y genios de la comunicación palaciega creen que el poder es una recta sin fin y pisan el acelerador con satisfacción, ignorando que en el poder hay curvas cerradas que no avisan, con mortales precipicios que uno nunca ve… hasta que cae en ellos. Por: Federico A. Jovine Rijo [Listín Diario]
