Si partimos de la definición que de eficiencia hace el Diccionario de la Real Academia Española, la misma consiste en la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir el cumplimiento adecuado de una función. Siendo el caso, cuando se trata de la Administración pública, entonces es claro que el criterio de la eficiencia adquiere una dimensión superior si se quiere, por todo lo que implica, habida cuenta de que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo.
El propio texto constitucional, asumiendo, entre otros criterios, el de la eficiencia, señala en lo que respecta a la asignación del gasto público que “su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía”.
Así las cosas, siendo unas de las mayores responsabilidades del Estado la de “garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación”, debe procurarse en todo momento la mayor eficiencia posible en lo que a los servicios públicos se refiere, y para que eso sea posible, aquel que tenga a cargo determinada función debe velar por el correcto funcionamiento de la institución bajo su responsabilidad, por lo que debe igualmente procurarse que quien asuma una función, máxime si se trata del tren administrativo del Estado, se emplee a fondo para lograr la consecución de los logros perseguidos.
En esas atenciones, resulta de suma importancia definir esos logros que se procuran alcanzar, para definidos estos, realizar las acciones tendentes para su consecución, y eso sólo es posible con una visión de compromiso con la eficiencia; claro está, junto a otros criterios y valores, pero que en todo momento el resultado final sea un mejor servicio a los usuarios que a diario demandan de los mismos y que no sólo requieren sino que necesitan que el Estado y sus dependencias sean lo más eficientes posible.
De ahí que la multiplicidad de funciones puestas bajo los hombros de una determinada persona, por más capaz que la misma sea, es posible que termine descuidando una o todas a la vez, pues con sobrada razón el pueblo ha sentenciado que “el que mucho abarca poco aprieta”, además de la señal que se envía de que para quien tiene a su cargo su designación hay personas que resultan imprescindibles, y como sabemos nadie lo es; si fuere el caso, eso sí que denota una debilidad institucional que sí debe ser preocupante, pues lo importante -y en este soy reiterativo- es que quienes resulten fuertes sean las instituciones, no las personas que las dirijan.
No significa que de plano descarte que una sola persona pueda dirigir varias instituciones o ejercer a su vez múltiples funciones y hacerlo con éxito, y de hecho alguien podría señalar que una muestra de eso es el presidente de la República, pero no debemos olvidar que el presidente de la República, como se llame el que esté al frente en determinado momento, se vale a su vez de equipos para alcanzar los propósitos perseguidos, y que de hecho, sólo en la medida en que ese equipo sea verdaderamente eficiente en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus responsabilidades, traducida esta eficiencia a las instituciones dirigidas podremos hablar de una gestión eficiente en términos puros.
De ahí que la designación de personas en múltiples funciones de manera paralela podría operar en detrimento del criterio de eficiencia, por los descuidos o demoras propias que podrían producirse, y en tanto esa persona va a administrar fondos públicos y a dirigir instituciones públicas, esto es, de todos, no del presidente de la República, amén de quien esté al frente en determinada ocasión, no debe eso descansar en la visión personalista de quien lo vaya a designar de creer que las mismas son imprescindibles, sino en que quien vaya a desempeñar determinada función lo haga de la manera más eficiente posible… de eso es de lo que se trata. Por: José Manuel Arias M. (Listín Diario)
