Cuando las veleidades políticas cedan paso al análisis frío y razonado, la historia tendrá que reconocer la firmeza de Luis Abinader frente al desafío del colapso del Estado haitiano.
A medida que la situación en Haití se deteriora, el gobierno dominicano eleva su nivel de respuesta. El 06 de abril el presidente anunció 15 medidas “firmes —y para algunas personas dolorosas—”, de las cuales, 12 ya están siendo implementadas. Las mismas han concitado el apoyo ciudadano, y, más allá de los legítimos cuestionamientos que pudieran hacerse desde literales políticos opositores, nadie en su sano juicio podría cuestionar que la situación en Haití es excepcional, y, por tanto, se requieren respuestas excepcionales.
A 22 días de anunciadas estas medidas, la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) solicita al gobierno “un plan para otorgar permisos de trabajo a extranjeros ya vinculados al sector”.
ADOBANANO indicó que “cada vez que detienen trabajadores en los campos, ese día no se procesa. La falta de personal obstaculiza la continuidad del trabajo agrícola”, refiriéndose a las redadas migratorias y su impacto laboral. De igual forma, llamó “al gobierno para la regularización de 15,000 trabajadores haitianos que actualmente se encuentran con estatus migratorio irregular”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Nos queda claro que, mientras el gobierno anuncia e implementa 15 medidas para enfrentar la migración ilegal haitiana, ADOBANANO reconoce que tiene 15,000 empleados en esa categoría, y que además quiere que el gobierno se los ‘regularice”… como si la ley 285-04 no indicara claramente cuál es el proceso.
No hay mejor ejemplo de las incoherencias y complicidades en el caos migratorio y la ocupación del país que ese. Un gremio quiere salvar su negocio, aunque para ello se hunda la patria (y eso aplica para construcción y otros rubros agrícolas); porque aquí lo importante es el negocio; lo importante es producir, vender y/o exportar; y, generar beneficios particulares. Lo otro, lo de la nacionalidad de la mano de obra y su status migratorio; lo de la patria invadida –gracias a la oferta y la demanda–, es irrelevante.
Esa solicitud constituye el reconocimiento de que, mientras no se aplique el artículo 132 de la ley 285-04, y se sancionen “con multas de cinco a treinta salarios mínimos, los empleadores que contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país”, todas las medidas que el gobierno disponga estarán destinadas al fracaso, pues será como arar en el mar.
Mientras los bananeros reconozcan (implícitamente) que violan la ley 15,000 veces y encima pretendan que el gobierno los ayude financieramente –cuando debería multarlos–, y no pase nada, todo continuará a peor.
Y si tenemos que elegir entre violar la ley para salvar un sector que genera divisas, o que se fastidie (con J) la patria, la elección no debería ser difícil. ¿O sí? Por: Federico A. Jovine Rijo (Listín Diario)
