Todavía muchos miembros de las fuerzas vivas nacionales, parte de su intelectualidad y mucho de su juventud, se ha quedado en shock y que como se conoce, es “una perturbación súbita y a menudo intensa del estado emocional, que puede provocar sentimientos de aturdimiento o sobrecogimiento”. Y al enterarse, que un comando de la Armada y junto a elementos policiales y de seguridad, armas en mano y movilizándose en remolcadores, lanchas y hasta helicópteros, prácticamente tomaron por asalto y a 45 kilómetros en aguas internacionales a un crucero con tres mil y pico de pasajeros, que habiendo estado en Puerto Plata emprendía rumbo a su nuevo destino y que fue un asalto con el supuesto de que estaban persiguiendo a “un terrorista internacional”.
Por el operativo absolutamente ilegal como desproporcionado, luego todos nos enteramos, que se trataba de un espectacular subterfugio que el gobierno utilizó para traer de vuelta al territorio nacional a un ciudadano estadounidense de origen dominicano y detective de profesión y también notorio comunicador en las redes sociales con iniciales a.r.m. y cuya licencia como investigador privado del estado estadounidense de La Florida, se inicia con los números 05.31 y caducará el 02.07.2026 y que está firmada por el comisionado cuyas iniciales son w.s. y quien parecería, el raptado, que había violentado el ejercicio de la libre expresión desde su país de acogida y al imputar determinadas acusaciones contra el honor de determinadas personas allegadas al oficialismo y quien luego de secuestrado y llevado ante un tribunal quedó en libertad condicionada, pero sin derecho a salir del territorio nacional.
No mencionaremos su nombre y como un modo de salvaguardar los nombres de las personas que se han sentido ultrajadas y las que parecería que han emprendido acciones legales, de las que, a tres días de la ocurrencia, no está muy claro que efectivamente pudieran llegar a algo.
En cambio, lo que sí vamos a abundar es sobre la grave violación del derecho internacional que el gobierno de este país ha incurrido y que está sancionada a nivel internacional como piratería marítima y tipificado como un delito y de acuerdo con La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).
Naturalmente, tampoco vamos a caer en el error de pretender elaborar una opinión en base a criterios técnicos jurídicos y sí en cambio, con aquellos propios de cualquier ciudadano que aplica su sentido común para entender lo que ocurre en determinados escenarios y que entiende, que de una u otra manera y en su calidad de ciudadano y como antecedente, perfectamente que pudiera repetirse en su persona y mucho más, cuando tan abiertamente las autoridades han violentado y tirado por el suelo el estado de derecho.
Ocurre, que, desde hace cinco años, en este país, la generalidad de las autoridades no actúa teniendo en cuenta que se vive dentro de un sistema político que todos entendemos como democrático y más bien, han estado actuado recurrentemente como si República Dominicana estuviera bajo un régimen policial extremo.
Tal vez por esa interpretación tan errónea y lo que se agrava, porque casi todos los medios de comunicación y de información de masas, periodistas y comunicadores y comenzando por los llamados tradicionales, al disponer del supuesto privilegio de aplicar la autocensura, también han incurrido y muchas veces en los mismos errores de procedimiento del que acusan al ahora restringido en su libertad de tránsito.
Es decir, el decidir de parte de sus dueños, directores y jefes de redacción, qué se dice o qué se elimina de los textos informativos, más su aplicación más drástica, impidiendo que la libre opinión fluya de parte de los ciudadanos, ha dado como resultado y al nacer el periodismo alternativo o ciudadano en internet y fundamentalmente en las redes sociales y los canales personales en you tube, que al darse cuenta los ciudadanos, que ahora y partiendo de sus celulares, tienen derecho a expresarse libremente y hasta a desahogar sus frustraciones y resentimientos con el poder, haya nacido ese tono liberaloide de la comunicación descarnada, que de hecho, ha puesto en acecho a los instrumentos del poder -personas y medios- desatándose entonces una lucha a muerte entre dos formas de ejercer la palabra, la comunicación y el periodismo.
Entonces y como producto de esa anarquía comunicacional, el poder político y mediático tradicional se ha sentido fuera de base y ha tenido su reacción casi natural, de aliarse al empresarial hijo este de los empresarios dueños de medios y para tratar de reducir en su mínima expresión, lo que entienden erróneamente, es un brote de anarquismo verbal y no lo correcto, de la reacción natural y de un pueblo que ha descubierto el mejor camino hacia su libertad en ese periodismo ciudadano que nada calla y tampoco oculta y que es el mejor contrapeso al periodismo autocensurado tradicional.
Pero resulta, que todo le ha sido fallido al poder y viéndose que la gente se resiste a abandonar su periodismo ciudadano y que entendemos es el paso correcto, toda vez que quien se entienda amenazado, injuriado o perseguido, el único camino que le queda es ir a las tres leyes, decretos o reglamentos que tienen que ver con las sanciones a los excesos de la libre expresión y apersonándose ante los tribunales y jueces correspondientes.
En vez de hacerlo, los dueños de los medios y sus empleados y con el Listín Diario a la cabeza, el que al parecer todavía está imbuido del nefasto espíritu del subdirector Colé Pellerano, año 1934, quien fuera asesinado por el ciudadano Paradas y al este sentirse difamado, los miembros de ese periodismo de reaccionarios y mentirosos la han cogido a la tremenda, crearon un proyecto de ley mordaza, que ya está en el Senado y contando con el apoyo de un gobierno fundamentalmente represivo en su comportamiento. De ahí al bochornoso acto de piratería que ha dejado a la nación con una imagen de vergüenza ante la comunidad internacional.
Desconocemos como el gobierno de Abinader se va a salir del error cometido y el que encaja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que en su artículo 101, define la piratería como: “todo acto ilegal de violencia o detención, o todo acto de depredación, cometido con fines privados por la tripulación de los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada … en alta mar contra otro buque o aeronave”.
Nosotros, solo hacemos notar, que la piratería constituye uno de los más graves delitos contra la seguridad marítima y que el hecho, efectuado en aguas internacionales frente a Puerto Plata, de asaltar un crucero y para secuestrar y detener un pasajero y al que un comando de la Armada dominicana sacó en volantas del navío, no solo es un hecho inédito entre los dominicanos, sino que de buenas a primeras, provocará un serio cuestionamiento de la comunidad internacional a la inconducta desarrollada por las autoridades de este país y de la que la mayor responsabilidad se le achaca al mismísimo Poder Ejecutivo y sus organismos civiles, militares, policiales y de seguridad afines.
Por eso y mientras desde el exterior habría que aguardar las consabidas reacciones, este análisis político de Estado se sustrae a los aspectos subjetivos de las personas envueltas en lo que ya es un contencioso y mucho más, cuando ya es público, que el raptado y ahora liberado, de pronto anda con un círculo de seguridad proporcionado por el gobierno y de nada nada menos once vehículos y estos con un amplio segmento de espalderos y en lo más parecido a lo que es un preso de confianza, quien al mismo tiempo ha tenido el cuido de efectuar un recorrido por los medios digitales, escenificar su perdón y en cierto modo acogerse a la gracia de Dios, aunque más parece que a la del poder.
Y lo que de inicio nos obliga a preguntar: ¿Delito de piratería y secuestro en alta mar y efectuado y protagonizado por el Estado Dominicano en el gobierno del PRM y Luis Abinader? Con Dios. (DAG) 01.06.2025
Ultima actualización: 08:20 am.
