Desde el momento que instituciones gubernativas estadounidenses fijan su atención en determinados desequilibrios de conducta por parte de funcionarios o integrantes de gobiernos de países amigos de EEUU, comienza a funcionar la rueda de la justicia represiva en el sector investigación y data, que en la generalidad de los casos, es imposible que al final no resulte en un todo de evidencias concretas que puedan poner a terceros en países investigados a las puertas de la justicia estadounidense.
¿Por qué se da esta circunstancia?, porque en el caso de las relaciones entre República Dominicana y EEUU, hay una serie de acuerdos bilaterales, que por un lado, ayudan a imponer o ajustar requerimientos jurídicos alternativos y para cuando llega el momento de que el Poder Judicial dominicano no opere con todo el libre albedrío que dentro de una democracia funcional debe manejarse y también, con miras de que bajo ningún concepto, tanto el estado de derecho como el orden público pudieran verse afectados.
En este sentido, todos conocemos de múltiples como reiterados casos de delincuentes dominicanos dentro de todo el espectro delincuencial más abierto y el que en muchas ocasiones penetran el cuerpo legal, político e institucional de este país y arrojando el peligroso resultado, de que por las implicaciones de los delitos que cometen y a lo inmediato, son investigados y a ojos de las autoridades estadounidenses, hay la probabilidad de áreas gubernamentales, no, que hayan sido penetradas por la delincuencia, sino que fueran parte de esta.
Ahora bien y de entrada, no hay razones para que de inmediato se sospeche que el gobierno que esté en ejercicio sea uno cómplice de esa delincuencia binacional ni mucho menos, pero sí que es evidente y tomemos los casos de violaciones a la ley de drogas y estupefacientes, que las mismas autoridades dominicanas descubren el entramado criminal, que si se le dejara sin perseguirse, apresarlo y condenarlo, fácilmente que pudiera arrojar dudas respecto al quehacer represivo idóneo oficial para enfrentar ese tipo de delito.
Que en el caso dominicano y por más que funcionarios o partidos políticos, gubernamentales o no, se encuentren asociados a esas formas de delitos, hay que apreciar con seriedad y sin prejuicios, que mientras el gobierno de que se trate y sus departamentos policiales y de investigación cumplen con su cometido persecutorio, que en principio haya que hablar, de que ese gobierno y en su autoridad principal y nos referimos al de Abinader, hasta ahora se encuentra indemne de toda sospecha.
Para el caso presente y solo pasando auditoria al accionar de la dirección de drogas o del organismo policial a cargo de investigaciones paralelas contra el narcotráfico, decididamente hay que reconocer, que sus funcionarios y personal, trabajan denodadamente para impedir que el país pudiera ser víctima del control del narco y terminando por convertirlo en un narco estado.
Incluso, si se mira hacia atrás y chequeamos el historial delictivo del narco y cualquier forma de delito, debemos decir qué y para poner una fecha, que no ha habido gobierno dominicano y desde el 1996, que no hubiese iniciado una cruzada contra el narcotráfico y en la mayoría de los casos, arrojando resultados positivos. Cómo que también debe reconocerse, que si el narcotráfico ha avanzado en control de territorio, se debe fundamentalmente a los narcos estadounidenses de origen dominicano de Nueva York y asociados a inmigrantes dominicanos allí, de no muy buena catadura moral.
Lo anterior no quiere decir, que en el interin, la criminalidad organizada tenga momentos que aparentan que va dos pasos delante de la autoridad, por ningún concepto quiere significar, que los gobiernos que se han tenido en esto últimos 29 años no hayan cumplido su cometido de vigilancia, persecución y control y aun cuando en el discurrir del tiempo se compruebe, que individuos ligados de alguna manera al poder, se descubra que son parte de algún entramado delincuencial, en este caso binacional y obligando, a que el organismo estadounidense de persecución contra el narco, la DEA o fiscales del Departamento de Justicia, salgan en auxilio de sus iguales dominicanos.
Decimos, que cuando la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, la evasión fiscal y el contrabando, arroja testimonios elocuentes de apresamientos de individuos quienes en algún momento han estado asociados al narcotráfico y por ende, se les sitúa como identificados con figuras gubernamentales, muchas veces y por obligación, esto no quiere decir que el gobierno de que se trate se encuentre directamente involucrado y la prueba es, que en estos 29 años, ninguno de los tres expresidentes vivos que se tiene, nunca han sido implicados en este tipo de conducta criminal o cualquier otra asociada y sin importar que uno que otro funcionario de sus gobiernos o del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, hayan sido detenidos y juzgados como delincuentes del narcotráfico o de cualquier otro crimen o delito conexo.
Cuando este detalle se observa, hay que entender y por más que en los medios de comunicación o en las redes sociales se emitan acusaciones mortificantes de obvio destino para sacar capital político, hasta ahora los expresidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, ninguno de ellos ha sido imputado y aun cuando funcionarios del Estado y en los tres poderes interdependientes de este, se encuentren detenidos y purgando cárcel en recintos penitenciarios estadounidenses.
Exactamente, la misma perspectiva se tiene del gobierno presente del presidente Luis Abinader y de paso, reconociendo, que en este gobierno del PRM, es la administración, en la que y por volumen, ha habido más apresamientos de criminales del narco y decomiso de cientos de toneladas de cocaína y para poner un caso específico.
Al mismo tiempo, se entiende, que políticamente sus adversarios quieran escandalizar sobre este particular y pretendiendo hacer imputaciones y más propagandísticas que reales y lo que demuestra, es la fortaleza del sistema político nacional y su rama represiva legal, que de tan fuerte, el gobierno de que se trate y repetimos, como el actual, hasta ahora y esto hay que recalcarlo, hasta ahora; haya podido salir indemne de cualquier tipo de señalamiento o imputación temerarios.
Por eso hacemos la observación, respecto a que en Washington, parecería que tienen al gobierno del PRM agarrado por el pichirrí. Sin embargo, su hoja de resultados en cuanto a decomiso de drogas y apresamientos de delincuentes y capos, nos dice, que hasta ahora ha podido salir indemne de cualquier tipo de señalamiento desdoroso y lo que habla a su favor. Con Dios. (DAG) 23.11.2025
última actualización: 10:22 am.
