Organizaciones sindicales, populares y profesionales proponen cinco medidas al Gobierno para proteger la economía dominicana y garantizar justicia social, ante la crisis internacional derivada del conflicto en el Medio Oriente.
Las entidades recomiendan de manera inminente la indexación de los salarios al costo de la vida, revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados, renegociación del contrato con Barrick Gold, reducción temporal del ITBIS en bienes esenciales y racionalización del gasto público superfluo.
Consideran que se debe implementar con inmediatez un mecanismo de indexación salarial que permita ajustar los ingresos de los trabajadores conforme a la inflación. Esta medida, según los gremios, busca evitar la pérdida del poder adquisitivo y proteger el consumo interno, principal motor de la economía nacional.
Asimismo, plantean la revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados como el turismo y las zonas francas, “que han alcanzado niveles significativos de rentabilidad”. Explican que la racionalización de estos incentivos hará posible ampliar el espacio fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables.
Las entidades entienden que es imprescindible revisar las condiciones del contrato con la empresa minera Barrick Gold, a fin de garantizar una mayor participación del Estado dominicano en los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales. “Esto contribuiría a fortalecer los ingresos públicos en un momento de alta incertidumbre internacional”, ponderan.
Se propone una reducción temporal del ITBIS en productos de primera necesidad, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario sobre los hogares dominicanos, como medida de alivio inmediato.
Además, las organizaciones proponen una reducción “significativa” del gasto en publicidad gubernamental y otros gastos no prioritarios, y que dirijan esos recursos hacia programas sociales, subsidios focalizados y apoyo a sectores productivos estratégicos.
Las entidades expresaron “su profunda preocupación” ante las implicaciones económicas que la actual crisis internacional podría generar sobre la economía del país, como en la inflación, aumento del costo de los combustibles y presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
Denuncian medidas del gobierno son insuficientes y carecen de enfoque, pro explican su por qué.
Denunciaron que las medidas anunciadas por el Gobierno resultan insuficientes y carecen de un enfoque estructural que proteja a la mayoría de la población. En ese sentido, exhortaron al gobierno a que incluya un conjunto de alternativas orientadas a garantizar estabilidad económica con equidad social.
Las organizaciones enfatizan que el contexto actual exige decisiones valientes y orientadas al bienestar colectivo.
“La crisis internacional no debe convertirse en una carga adicional para los trabajadores y sectores populares, sino en una oportunidad para reorientar la política económica hacia un modelo más justo, sostenible y soberano”, expresaron.
A la vez, hicieron un llamado a la unidad de acción del movimiento popular y sindical del país para demandar medidas que mejoren las condiciones de vida de la población y preserven los derechos democráticos.
Las entidades ofrecieron las informaciones en un encuentro con los medios de comunicación. Nueve entidades firmaron un documento.
Las entidades reclamantes y dirigidas por burócratas para denuncias y protestas, son: la Unión de Clasista de Trabajadores (UCT); Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD); Frente Universitario Renovador (FUR); Juventud Caribe (JC); Corriente Sindical Juan Pablo Duarte (UASD-CSJPD); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas); Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT); y la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen). (EC-ap / OJO-jj)
