Desde el año 2022, el grupo empresarial que está detrás del periódico La Nación y otros medios afines o colaterales ha mantenido una lucha abierta contra el gobierno tico y a propósito de mantener la política, de que el periodismo desde el punto de vista empresarial solo pertenece a una casta y que debe ser un ariete cuando de afectar sus privilegios se trate y al tiempo, que ese periodismo ejerce una fuerte política de auto censura contra sus periodistas en nómina.
Al mismo tiempo, ese grupo de empresarios, se ha auxiliado de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus propósitos de autodefensa de la libertad de prensa empresarial y ante lo cual, ha chocado contra el gobierno del país y al extremo, de que para el 2022, el mismo Poder Ejecutivo costarricense debió de enfrentar, lo que se entendió, eran embestidas de ese medio ahora de 79 años de existencia y con miras de preservar sus privilegios y canonjías y por encima de la funcionabilidad del Estado de Derecho.
Todo arrancó desde que el gobierno del presidente Rodrigo Chavez, le retiró el permiso de funcionamiento al Parque Viva, un centro de eventos del Grupo Nación y el medio lo entendió como una agresión a su grupo empresarial y también contra su derecho “al ejercicio de la libertad de prensa”.
Ha sido algo parecido, a si el presidente Abinader le retirara privilegios de grupos corporativos como miembros del CONEP a los periódicos Listín Diario, Hoy y Diario Libre y los dueños de ese trío de medios, lo entendieran como una agresión directa contra su patrimonio y su forma subjetiva de interpretar la libertad de prensa, desde el punto de vista de cuando entiendan que un gobierno quiera afectar sus intereses y para cuyo resguardo, tienen a su control la llamada Sociedad Dominicana de Medios y el Colegio de Periodistas y un sinnúmero de organizaciones sindicales apéndices. Más, la fuente y dominio de premios y distinciones y en metálico, originadas en sus fundaciones y editoras y las últimas, siempre prestas a publicarles a los periodistas y comunicadores, sus libros y con lo que logran el poder despótico absoluto del sector mediático.
En esta ocasión la situación y en Costa Rica, ha escalado hacia una mayor y al extremo, de que el gobierno estadounidense y vía el Departamento de Estado, ha retirado sus visados turísticos a los principales miembros de la junta de directores de La Nación.
Por supuesto que tan extrema como inédita medida y la que sin duda marca un principio intervencionista desde el punto de vista privado en los asuntos internos de otro país y por parte de un gobierno extranjero evidentemente aliado del gobierno del país de que se trate, en este caso Costa Rica, coloca el ejercicio periodístico y desde sus diversos matices y opciones, en un punto de inflexión que debería obligar a que los medios de ese país tico se hicieran su auto critica.
Y esto así, porque para que medida tan odiosa y extrema haya sido implementada y marcando un peligroso antecedente en las relaciones de los países al sur del Rio Grande con el otro gobierno que manda desde el Potomac y ni hablar del periodismo, su comportamiento y políticas y sobre todo cuando las mismas afectan la funcionabilidad del estado de derecho y que es lo que se entiende y si se razona, que las embestidas de La Nación han obligado al gobierno tico a buscar auxilio en su aliado estadounidense.
Significando de entrada, que si en Washington tomaron tan delicada decisión, fue porque el gobierno del presidente Donald Trump entendió que ese periódico y su grupo empresarial estaba invadiendo prerrogativas y jurisdicciones del gobierno costarricense, que de algún modo y por sus aprestos de apoyo de La Nación en la SIP, era un asunto grave, pues se pretendía utilizar una institución del periodismo estadounidense como palanca de apoyo para subvertir el orden interno de un país.
De hecho, los dominicanos tenemos experiencias al respecto y en particular, periodistas y reporteros así como analistas de opinión en los medios tradicionales que nosotros denominamos “prensa mercancía”, donde hasta antes de internet, los dueños y directores de los medios tradicionales imponían una rabiosa autocensura y una censura paralela a la atrapada opinión pública y con el objetivo de que solo se conociera su verdad.
Consecuentemente, no criticamos del todo la medida tomada por el Departamento de Estado y al contrario, la veamos como una drástica advertencia y para que los dueños de los medios tradicionales y sus juntas de directores, tomen aviso de lo que podría sucederles, si en algún momento, el socio estadounidense asume, que ese periodismo está afectando derechos ciudadanos y restringiendo la pluralidad y libertad informativa que debería respaldarles.
Pues el ejercicio periodístico como tal, no es para ir en contra de la sociedad y de la ciudadanía y sí, para ser un mecanismo de contrapeso, que garantice que las libertades públicas serán preservadas e incluso, hasta como impedimento para que los empresarios dueños de los medios entiendan, que ellos no tienen libertad para utilizar sus medios como les venga en ganas y los que en el plano institucional son privados, pero que en el ejercicio de la comunicación, solo responden a la comunidad nacional en la que se desenvuelven.
Entonces y ante esta cruda realidad, de cuando un medio se siente lo suficientemente poderoso en materia de manipulación de la atrapada opinión pública, ya no se trata de ejercicio de la libertad de prensa y sí de afectación absoluta contra las libertades de información, disentimiento y de crítica, por lo que cuando en un país no existan los controles legales e institucionales para lograr que esos medios se ajusten a derecho y si también un presidente constitucional de la República se siente acosado por ese tipo de periodismo; que lógico, que así como La Nación y en este caso, buscó el apoyo y apandillamiento de la SIP, del exterior también se presente otra fuerza de poder fáctico que imponga la objetividad que debe primar en el libre ejercicio periodístico.
Incluso, no se puede olvidar, que hasta hace poco, dueños y directores de medios escritos tradicionales y apoyados por serviles directores, han sabido utilizar a periodistas y reporteros a sus servicios y con amplia acogida en sectores de poder y gubernamentales, para que les sirvan de traficantes de influencias a favor de sus negocios particulares y constituyendo de paso, un circulo allegado tremendamente peligroso para el ejercicio de la palabra en sus medios y frente al resto de los periodistas y reporteros, comentaristas o analistas de opinión, a los que de hecho relegan.
Todavía más, es público y esta una “descriptiva” anécdota, que cuando quien escribe fue miembro de la SIP como columnista sindicado recibido en la asamblea general LIV de Punta del Este, Uruguay en el año 1998, dos años luego, Pepín Corripio y sus empleados directivos de la SIP, Miguel Franjul y Ruddy González, maniobraron e hicieron lo indecible, hasta lograr que se nos suspendiera la membresía y con el burdo pretexto, de que este medio “no se publicaba en ningún periódico escrito criollo” y lo que en cierta manera es una muestra, de cuando el periodismo del lado empresarial se entiende un supra poder al constitucionalmente establecido. Recordamos, lo que el mismo Corripio nos dijo y olvidando la relación amistosa y familiar de años y en el acto que una universidad otorgó un doctorado honoris causa a su extraordinario padre: “¿tú crees que estás a mi nivel?”
Por lo tanto, y con tal antecedente, tenemos que llegar a la conclusión, de que lo que ha ocurrido en Costa Rica, es y sin duda, la muestra patética de como el periodismo tradicional o mercancía dominicano también actúa y nunca aceptando voces genuinamente independientes y profesionales de opinión.
Esperamos pues, que lo ocurrido en Costa Ricca sirva de atención y alerta a los déspotas dueños de los medios y a sus genuflexos y entregados directores y por lo que decimos, que es un grave atentado contra el derecho a disentir y al ejercicio del periodismo libre y culminación de la lucha de su sector empresarial contra el gobierno de Costa Rica y ahora con EEUU en su contra. Con Dios. (DAG) 03.05.2026
