Técnicamente, es muy cierto que nunca un memorando de entendimiento entre Estados y suscrito por sus gobiernos y como mecanismo burocrático no es del todo, un instrumento legal que obligue a que el Poder Ejecutivo deba presentarlo a discusión y aprobación del Poder Legislativo.
Sin embargo, cuando se trata de asuntos inherentes a la soberanía del Estado que homologa lo que podría terminar siendo un tratado en toda regla, que por un mecanismo de cuidado jurídico y respeto a la opinión de las fuerzas vivas nacionales, lo correcto debe de ser, que el mismo y haciendo la salvedad de que se trata de un memorando a discutir, deba ser conocido, al menos por la Cámara de Senadores y dentro de una vista pública con la participación del ministro de Exteriores.
Lamentablemente y en este país, ningún gobierno y presidente actúa con absoluta transparencia en materia de política exterior y ni siquiera porque sus responsables se den cuenta de la evolución de la atrapada opinión pública, que libre de las manipulaciones mediáticas y por sí misma, y en base a la evolución positiva que en este aspecto la ciudadanía ha logrado, lo correcto debería de ser, que semejante inconducta de secretos turbios fuera eliminada y los poderes Legislativo y Ejecutivo se doblegaran ante el peso del requerimiento ciudadano y máxime, cuando se trata de posibles compromisos que abiertamente chocan con la funcionalidad administrativa propia del Estado.
De ahí que este preacuerdo con EEUU y que ha trascendido a nivel de escándalo y porque realmente, luce y como que al gobierno nacional, el estadounidense se le ha impuesto con el pretexto de “niveles de seguridad compartidos” y de hecho, obligándole a aceptar un compromiso realmente chocante y como es ese que la cancillería informó el pasado lunes sobre “un acuerdo entre los Estados Unidos y República Dominicana en dónde se extendía el permiso para el uso de los aeropuertos y la recepción de terceros nacionales de otros países en EEUU con orden de deportación”. Tiene y debe ser discutido ampliamente, al menos en el Senado de la República y como la mejor salvaguarda que advierta al gobierno estadounidense, que cuando se llegue al documento final y como tratado internacional binacional en sí, cuenta con el pleno apoyo de la nación.
Al darse esta discrepancia, es obvio que ningún dominicano en sus cinco sentidos aceptaría imposición semejante, que de suyo, es una restricción desproporcionada y hasta inconstitucional sobre los fueros y soberanía del Estado Dominicano y que es una pretensión totalmente inaceptable y por más que Abinader entienda, que con el apoyo del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) le basta.
Pues si bien es cierto y como expresábamos ayer que la política exterior es un asunto potestativo del presidente de la República como cabeza de la política exterior, no lo es menos, que en este caso tan particular, Abinader no puede ni debe tomarse atribuciones totalmente alejadas del mandato constitucional.
En consecuencia NO se puede aceptar este memorando y sin que antes la atrapada opinión pública emita su juicio de valor sobre este particular, al tiempo de que a Abinader hay que advertirle que su poder de administración, no llega a que él se crea que pudiera manillar el destino nacional, pues de hacerlo, corre el riesgo de que por semejante ilícito, la atrapada opinión pública exija que se le formule un juicio político ante el pleno del Congreso Nacional, donde y en este caso, las banderías políticas pasan a un lado y para que los legisladores de ambas cámaras decidan libremente y frente la presión de la sociedad y la ciudadanía, impongan el respeto y acatamiento debidos al orden constitucional.
Lo que nos trae a colación, que es evidente que el actual presidente de la República en ejercicio y en muchos asuntos de Estado, se ha permitido asumir obligaciones y compromisos extra constitucionales y que parecería que han ocurrido, porque hasta ahora, la atrapada opinión pública había desertado de sus obligaciones también constitucionales, de ejercer una fuerte vigilancia sobre todos los actos de gobierno y de manera expresa, en las decisiones que tome el presidente Abinader.
Por ejemplo, Abinader anunció a última hora del lunes 11, que iría el martes a Panamá a una conferencia económica en la que pronunció un discurso de promoción de esta economía, que perfectamente pudo realizarlo el ministro a cargo y para que ya allí, en el país del istmo, anunciar que se dirigiría a la República Cooperativa de Guyana, a firmar también un acuerdo de cooperación bilateral, ó sea, un instrumento entre Estados ya hecho y sin que hubiese sido previamente discutido con el Poder Legislativo y para mayor gravedad, encontrándose sobre la mesa y sin informe alguno que revele su condición actual sobre acuerdos anteriormente firmados meses atrás y de índole económica con el país sudamericano. Y lo más curioso, puntualizándose que la participación no le costaría ni un centavo a los contribuyentes y lo que debería de ser explicado y porque en los negocios, nadie da nada porque sí.
¿Quién le ha dado autoridad al presidente para tomar esas decisiones? ¿Cómo ha llegado a atreverse, de que unilateralmente puede tomar ese tipo de decisión de Estado sin que por lo menos, el Poder Legislativo esté enterado y que él hubiese invitado a participar los presidentes de las cámaras legislativas y por lo menos y para hacer creer que el Congreso Nacional avalaba la firma que estamparía en él o los documentos que sus funcionarios a cargo refrendarían a nombre de esta nación?
Indudablemente que Abinader se nos descubre como un presidente-dictador, que entiende que puede hacer lo que le plazca y que nadie le exigirá cuentas y obligando entonces a que se le diga que está muy equivocado. Que siempre deberá comportarse ajustado a derecho y si no quiere que al final deba atenerse a las consecuencias y duras que sus actos ilegales generen.
Dicho sea de paso y a nuestro modo de ver, es claro que si Abinader actúa de este modo groseramente inconstitucional, se debe, a que como ha comprado con contratos publicitarios y de servicios, a la mayoría de los medios de comunicación y a sus dueños y directores los ha llenado de negocios y emprendimientos “publico-privados” y en paralelo, comprando periodistas, comunicadores y youtubers con publicidad estatal, parecería que se siente impune para actuar ilegalmente sobre el ordenamiento constitucional y que recalcamos, es absolutamente inaceptable.
Obligando a recordar, que el problema de Abinader es el mismo de todos los políticos de este país: el autoritarismo y creerse dioses y con más poder dictatorial que el que nunca tuvo Trujillo y con una ciudadanía extremadamente servil, corrompida y cobarde, que no sabe o no quiere defender sus derechos y preservar la legitimidad del gobierno y del Estado. Con Dios. 15.05.2026
última actualización: 09:00 am.
