Realmente, no es difícil entender las mentalidades de quienes como baja burguesía con pretensiones de clase media, se atreven de ir en contra de sus propios nacimientos y los que en la mayoría de los casos estuvieron salvados gracias a la bendición de Dios Nuestro Señor y el rito católico que sus padres les prohijaron.
Por lo tanto, no podemos estar en contra del articulo 37 de la Carta Magna y lo que no quiere decir, que en lo referente a gestaciones por violaciones, haya que aceptar la eliminación física del ser concebido, quien como todos, nunca tuvo dominio de su nacimiento y las circunstancias de su creación.
En este sentido, siempre hemos entendido, que la única solución aceptable y cristiana es permitirle su nacimiento y a lo inmediato entregarlo en adopción. Ahora bien, si el embarazo y esto plenamente comprobado, pone en peligro la vida de la madre, entonces en situación tan extrema, no hay que darle ninguna interpretación y marcar lo que en estos casos la naturaleza divina dicta. La vida de la madre se preserva sobre la vida del no nato y porque se entiende que la madre como sustento y guía del hogar es más que necesaria y mucho más, si también hay otros hijos ya nacidos.
Ni que decir, respecto a que desde el momento que se comprueba la inviabilidad fetal, que es cuando el feto presenta malformaciones congénitas graves que son incompatibles con la vida fuera del útero, el médico debe de actuar en consecuencia.
Sin embargo y que lo recalcamos, cuando se trata de la violación o incesto que es el embarazo producto de una agresión sexual. Discrepamos en lo absoluto en la eliminación de esa vida y sí, que al nacer y lo recalcamos, el recién nacido debe ser entregado en adopción a una familia normal compuesta de hombre y mujer y mucho mejor si ya tienen hijos.
Al puntualizar pues sobre las llamadas tres casuales, también entendemos y no obstante el gran debate que existe entre personas de clase media “de mentalidad avanzada”, la mayoría burócratas adocenados y gente de conducta sexual liviana y costumbres nada cristianas, quienes impulsan en todo el territorio nacional, un debate, que entendemos ligero, atrevido e innecesario sobre la pertinencia o no de ese crimen tan horrendo, que es el aborto y el que actualmente está penalizado de forma absoluta y lo que mantiene activo un intenso debate social y legislativo impulsado por supuestos “defensores de los derechos humanos y la salud pública”.
Hay que conocer lo que es la ejecución de un aborto, lo horrendo de su aplicación y lo hondamente criminal que es el médico o la partera que lo realizan: Desmembramiento del cuerpo del no nato, para comprender la repulsión natural que semejante crimen provoca y para que toda persona decente y de formación cristiana y aunque no practique la creencia religiosa, entienda que se trata de un horrendo crimen de lesa humanidad.
Y cuando las estadísticas nos dicen, que en este país, la tasa de abortos se encuentra entre 80 y 100 mil anuales y en mas de un 50 % ejecutado con la aprobación de ciertas adolescentes y la mayoría de clase media, de inmediato debe entenderse y no que sea una presunción, que semejante matanza o genocidio, cuenta con la aprobación vil de muchas autoridades y que para hacerlo, existe un “ejercito” de no menos 10 mil médicos y personal clínico auxiliar, no es solo para horrorizarse y al conocer cuantos asesinos y criminales con licencia existen y participan dentro de la sociedad, en tanto, es una verdad, que sus mayores cómplices son los medios de comunicación y de información de masas y sus periodistas y comunicadores, al nunca enfatizar y promover la educación social de los ciudadanos.
Creemos entonces, que en este plano, una investigación rápida para conocer cuantos de esos medios, periodistas y comunicadores han permitido o conocido de abortos entre sus familias y lo que han callado, sería más que suficiente para entender la catadura moral de esas personas públicas, que tienen el coraje de describirse como orientadores del resto de los ciudadanos.
También sería muy revelador, conocer cuantos personajes y desde quien sea presidente de la Republica y toda la escala burocrática del Estado, o señorones dentro de los grupos económicos y financieros o muchos que tienen el tupé de aparecer como miembros de la soberana Orden de Malta y para citar un caso específico u otros dentro de la caterva de sacerdotes y pastores, quienes al aceptar que sus parejas a escondidas de la sociedad, maten a tantos no natos y que estos también asesinos con licencia y para guardar las apariencias socialmente, lo han hecho y para darnos cuenta, de que este país y como muchos otros, está dirigido por asesinos con licencia para matar y lo que no solo es repulsivo y asqueroso y sí profundamente detestable y que en cierta forma, también explica, el porqué de la tolerancia abierta de estos personajes y la impunidad que cubre las matanzas diarias por abortos.
De ahí que en materia de criterio básico estemos absolutamente de acuerdo con que el articulo 37 de la Constitución de la República, para nada se puede permitir que sea derogado, pues hacerlo, implicaría que los ciudadanos dominicanos y por acción u omisión estaríamos de acuerdo con semejante genocidio social.
El referido articulo puntualiza: «Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte». Pero también hay que conocer el artículo 317 del Código Penal, que precisa, “que cualquier persona que cause o ayude directamente a causar un aborto, por cualquier medio, es castigada con dos a cinco años de prisión, incluidas las mujeres que se someten a un aborto, siempre que el aborto sea exitoso”.
Ambos artículos, lo que nos están diciendo, es que absolutamente nadie en este país puede desconocer las implicaciones directas de sus violaciones y que ahora que hoy el obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, ha salido en defensa de la vida y elevando su voz moral sobre su preocupación ante los ataques de «grupos foráneos» contra el artículo 37, que de inmediato nos hagamos eco y le apoyemos al decir que, «no podemos permitir que intereses ajenos menoscaben nuestra identidad nacional, cimentada sobre valores humanos, científicos y cristianos que reconocen y protegen el derecho a la vida».
Obligándonos a enfatizar, que ninguna persona que cree en Dios Nuestro Señor puede estar de acuerdo con quienes pretenden erradicar el artículo 37 de la Constitución de la República o desconocer el artículo 317 del Código Penal. Con Dios. (DAG) 18.06.2026
