Todos los abogados en ejercicio, conocen perfectamente un hecho sagrado dentro de la comunidad jurídica y en principio, no afectar el derecho a que se le sienta inocente a cada imputado, por lo menos, hasta que un tribunal decida sobre su culpabilidad y la que se emite vía una sentencia, que en este tipo de casos es condenatoria y aun así, al pasar del primer grado al segundo de apelación, el criterio profesional debe ser lo más ecuánime y profesional posible y precisamente para no afectar el derecho del imputado a su legítima defensa.
Sin embargo en el caso de la desaparecida empresa brasileña multinacional de construcción a gran encala y trabajando al mismo tiempo en varios países, no es esa la norma que impera dentro del actual ministerio público y desde su ámbito de la persecución de la corrupción, sino que esos fiscales, apelan a la arriesgada iniciativa, de utilizar y además del titular actuante en el caso a que nos referimos, sino de utilizar y de una forma burda, abusiva y moralmente criminal, la especie de juicio mediático paralelo que le ha servido a los fiscales para llevar al ánimo de la atrapada opinión pública, algo así como una sentencia irrefutable de acusación y condena absolutamente ilegales contra los imputados.
Es decir, la fiscalía en la que dos subprocuradores se han distinguido por el discurso violento, coercitivo y totalitario que no admite replicas de ningún aspecto, lo que se nota, es que esos fiscales anti corrupción y dejando a un lado códigos y leyes, ofrecen la desagradable impresión de ser individuos brutalmente inquisidores pero sin argumentos del todo jurídicos y con el solo propósito de provocar un daño moral irreparable y otro colateral de daño político aun mucho peor para sus propias honras personales y las de las familias de los procesados.
De esa manera, la presunción de inocencia se aplasta, el derecho a la legitima defensa se entorpece y los medios de prensa a favor de ese ministerio público autoritario, se le imponen a toda posibilidad de defensa profesional correcta y legal.
Ni que decir, que cuando personas con una formación emocional de adultos de comportamiento correcto, se topan con el terrible espectáculo de un gobierno y detrás de un ministerio público de este tipo tan avasallante, que utiliza a periodistas y mass media cómo su arma de reglamento, es imposible no entender, que no se está practicando justicia alguna y sí una especie de carnicería judicial que no tiene parangón.
Porque vamos a ver y esto racionalmente, asumamos que sí, que esos fiscales o subprocuradores tienen razón en sus alegatos, entonces, ¿qué necesidad tienen y si sus argumentos son ciertos, para insultar, zaherir, apostrofar y acusar de la manera bochornosa y lo que se nota por la forma abusiva y negadora de derechos de cómo actúan y simplemente, para que la atrapada opinión pública condene a los imputados que son objeto de sus diatribas?, ¿por qué no se apegan al justo proceso y mucho más, si tienen la razón en sus argumentos e interpretaciones jurídicas?
De ahí, que, por semejante comportamiento tan poco decente, nafa ético y menos profesional, se haya llegado a un punto, por el que parecería, que quienes pensamos con cabeza propia, podamos tener el pálpito, de que, en este Odebrechtgate, parecería también, que hay un inocultable interés político de ajustar cuentas con las autoridades del gobierno anterior, de las que ese ministerio público, da a entender que asume, que los aparentes procesados son los únicos culpables del caso en sí.
A todo esto, se nota lo siguiente: ¿Por qué si la Procuraduría General de la República actual, entiende que el factor político ha sido el que marcó la entrada de la multinacional brasileña en este país, esos fiscales no han llamado, por lo menos a declarar como simples informantes, a los expresidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez, en cuyos gobiernos fue que Odebrecht operaba?
Habría sido lógico que esto sucediera, pero no se ha hecho y por lo obvio, se ha querido manipular en extremo el criterio de muchos ciudadanos y de paso, aterrorizar a empresas constructoras criollas y para que a partir de este caso, se entienda que la PGR es la que impone la acusación final y vía ese deleznable aparato de prensa abusador que le respalda y lo que, si en este país se respetara el estado derecho, habría sido una situación que nunca se hubiese producido y menos como está presentándose con el terrible espectáculo o linchamiento procesal que el cuerpo de fiscales impulsa.
Ayer por ejemplo hubo una muestra terrible de lo que decimos, el subprocurador masculino, aprovechó que reporteros le entrevistaban y para cargar contra uno de los imputados y al que a jura de Dios, quiere hacer ver como una especie de violador impenitente de leyes, códigos y procedimientos y lo que a razonamiento a contrario nos hace ver, que parecería que los argumentos de ese subprocurador ante el tribunal no fueron lo suficientemente sólidos, que necesitó arremeter mediáticamente y como una forma de manipular a distancia el criterio de los jueces de fondo y lo que de hecho también hay que verlo como un recurso extremo para desvirtuar la verdad y tergiversar los argumentos de la defensa.
Teniendo entonces presente, que el propósito del ministerio público, no es que el tribunal emita una sentencia correcta de acuerdo a los cargos verificables que se le imputan a los procesados, sino que actuando como especie de justicia política, bloquea todo intento para que aquellos puedan defenderse correctamente, que necesariamente haya que concluir, que con este caso, el estado de derecho ha sido lesionado severamente en su credibilidad y ejercicio, por lo que al final, la creencia de una justicia independiente y digna caerá por los suelos. Es así como decimos, que en lo del Odebrechtgate, las “interpretaciones jurídicas” del ministerio público, metiéndose de lleno en todo lo relativo al juicio mediático paralelo que impulsa, no da espacio para pensar con cordura y serenidad y menos, para asumir que ha habido un justo proceso. (DAG)
