Porque presumiblemente unos jornaleros haitianos trabajadores en una propiedad de un tío del militar retirado, Miguel Angel Soto Jiménez, fuera asesinado junto a otras dos personas en un predio privado en Puerto Plata, fue motivo más que suficiente para que incontrolables allegados al exmilitar y actuando emotivamente, se lanzaran violentamente contra otros haitianos residentes en aquella provincia y que nada tuvieron que ver con los hechos cometidos por los supuestos asesinos.
Por el resultado de semejante despropósito y violación al estado de derecho, una crónica del Diario Libre recoge que “Más de 100 haitianos han huido tras ser atacados por una multitud de personas y quemadas sus viviendas (unas casuchas de tablas y zinc) del sector Rancho Manuel, distrito Estero Hondo, municipio La Isabela, en la provincia Puerto Plata”.
Lo que hemos indagado, parecería que el mismo Soto Jiménez no está ajeno al trágico como vandálico suceso, aunque el mismo hasta ahora no se le imputa directamente y que no es justificado en lo más mínimo, salvo que los presumibles agentes del Instituto Duartiano, al fin han visto la posibilidad de aprovechar la situación para recrear en este país una acción criminal que pudiera impulsar a otros ciudadanos haitianos a defenderse del ataque abusivo perpetrado por los allegados del general retirado y quien con motivo de la situación había viajado en la mañana al lugar de los hechos.
Bajo ningún concepto un crimen puede ser motivo para cometer otro peor y contra personas inocentes y lo que habla pésimo de la inconducta del ID, al tiempo que hay que advertirle al presidente Luis Abinader, que se dé cuenta, de que lo que políticamente se quiere, no es solo afectar la paz social y el estado de derecho sino bloquear cualquier posibilidad de que el proceso electoral venidero sea viable, en tanto a lo inmediato, avivar los ánimos entre los ultras dominicanos y haitianos, locos por arrancarse las cabezas los unos a los otros.
Las víctimas y de acuerdo con DL son: “Juan José Soto Cornier, de 72 años, propietario de la Hacienda "Josefina", y sus dos empleados Gilberto Antonio Basilio, 63 años y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle Ureña, de 63 años, comadre del hacendado y estaba realizando trabajos de remodelación de la vivienda.
“Miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional y del Ministerio Público levantaron los cadáveres y los trasladaron a la morgue del hospital Ricardo Limardo de San Felipe Puerto Plata, y luego serán llevados al Inacif de Santiago para su correspondiente autopsia”. [OJO-DAG]
