No es posible, que, si una empresa envía seis meses atrás las solicitudes de renovación de sus permisos de trabajadores legales a empleados suyos que tienen más de dos años trabajando en ellas, los “inspectores” de Migración pretendan desconocer esa realidad y simplemente porque la burocracia del organismo retrasa la entrega de los permisos y para que sus inspectores tengan oportunidad de deportar una mayor cantidad de haitianos.
Esa mala práctica, hija de una mentalidad perversa, no se puede permitir que esté ocurriendo y como se demostró ayer en Puerto Plata, en donde hasta una senadora de la República debió de intervenir para que contra tres empleados de un centro deportivo de golf se cometiera tal abuso de poder. ¿A quién es que hay que acudir para que este tipo de atropello sea descontinuado? (OJO-DAG)
