viernes, septiembre 24, 2021
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A propósito de que en el Gobierno quieren aclarar la posesión de los terrenos del Palacio Nacional

Lo más llamativo de esta situación, es ver y comprobar, que cuando solo al estado delincuente le interesa resolver un problema de tierras que pudiera afectarle, el gobierno de turno también se interesa en resolverlo, pero no así para los cientos de padres de familias propietarios de terrenos expropiados en cualquier parte del territorio nacional y como es el caso de los terrenos del Parque del Este en Bayahibe, quienes desde el 1975 el Estado despojó de los mismos y sin que al momento del decreto expedido se hubiese hecho el justo pago y como manda la ley de expropiaciones.

Y en cambio, desde Hacienda se marginó a unos y otros y adelantando pagos abusivos de menos de un uno por ciento del valor de los terrenos y cuyos legítimos propietarios, ya en quiebra la mayoría, están esperando porque un gobierno le reconozca sus derechos para recibir el justo pago y que Hacienda tramitó e imponiéndole a los afectados desde la sección de deuda pública, esa cláusula infame, de que los propietarios recibían el dinero como bueno y válido “por la totalidad de su valor”.

Hoy, esos terrenos, la autoridad que los administra los ha dado en usufructo a los hoteles de la zona y en cuanto a terrenos y pozos de agua para consumo humano y embolsillándose esa autoridad los millones de pesos que los hoteleros les pagan y que es un doble abuso, pues el estado delincuente les despojó de sus propiedades y encima, las usufructúa económicamente y sin resarcir a sus legítimos propietarios y lo que ha sido convertido en un nicho de corrupción pública detestable y negador del derecho de propiedad.

El ministro Paliza debería interesarse en este tema y cientos de padres de familias atropellados en sus derechos de propiedad, se lo agradecerían.

De esta manera, nos hacemos eco del clamor de cientos de ciudadanos que son víctimas de los decretos de expropiaciones sin que los gobiernos cumplan con el justo pago y que como se ha visto en la práctica, no se cumple con aquello que ordena la ley de expropiaciones, provocando, que semejante desacato, sea la mayor fuente de abusos oficiales y ocasionando  en el transcurrir del tiempo por el que han pasado los años y sin que ningún gobierno tome la iniciativa y a excepción de este, que al parecer está en esa tesitura, pero comenzando por su interés propio y lo que en cierto modo es esperanzador para todos los afectados por esa serie de expropiaciones francamente delincuenciales  producidas desde el poder arbitrario del Estado.

El presidente Joaquín Balaguer, a nuestro modo de ver, también el padre de las expropiaciones abusivas y en base a su penoso y egoísta criterio de “generar deudas para que se pongan viejas y para que después los que vengan detrás de mí no las paguen” y lo que, en conversaciones privadas, no una y sí varias veces, le repetía a quien escribe.

Pero ahora y por el interés evidente puesto por el presidente Luis Abinader y que se ha conocido por el quehacer sobre este particular del ministro José Ignacio Paliza y en lo relativo al reordenamiento legal de los terrenos en los que está asentado el Palacio Nacional y sus alrededores inmediatos, que muchos entendamos, que este presidente Abinader, que por su juventud no tiene compromiso con las acciones malas de ese pasado, responsabilidad de gobiernos anteriores, al fin los miles de familia perjudicados, podrían y por lo menos antes de morir, muchos pasan de los 70 años cada uno, podrían por lo menos garantizar el futuro  inmediato a los suyos.

En este sentido y sin que la parte maligna de la burocracia oficial que se aposenta y sobre todo en Hacienda, trate de torcer la voluntad de resarcir daños por parte de Abinader y con lo que, al restablecer el presidente, el estado de derecho para tantos ciudadanos perjudicados por los latrocinios cometidos por la burocracia de antaño, que se entienda positivamente, que efectivamente Abinader quiere resolver estos entuertos y dicho sea de paso, garantizar el estado de derecho y en todas aquellas áreas que gobiernos anteriores lo lesionaron extremadamente.

Por este camino a emprender por parte del Poder Ejecutivo y sin que la política partidaria se meta de por medio y lo dañe todo, se entiende, que si Abinader lo logra y más que cualquier otro accionar positivo suyo a favor de la República, la ciudadanía y básicamente la de clase media, por fin habrá logrado, que al garantizarse su plenitud de derechos, propios de una sociedad genuinamente democrática, este gobierno habrá asentado las bases de una convivencia más sana y que definitivamente habría quedado asentado en el libro de agradecer y no olvidar.

Para este empeño, los del gobierno tienen y deben tener sus mentes abiertas y reconocer, que poco que mucho que se devuelva en efectivo sobre el valor de propiedades expropiadas ajustadas por la indexación, es decir, por el valor del dinero en la actualidad, los beneficiados sabrían aquilatar el esfuerzo económico y financiero que se haga y toda vez que también hay que reconocer y atestiguado por los directores de los organismos recaudadores y que lo han revelado como un éxito colosal del gobierno también del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y en cuanto a que prácticamente, los ingresos se han duplicado y lo que significa, que todo cuanto se erogue, sea en dinero en efectivo, permuta o por bonos del Estado, principalmente de Hacienda y Banco Central, los planes de inversión y desarrollo y crecimiento gubernamentales no quedarían lesionados.

Desde luego, nadie y racionalmente y que se encuentre en la situación que esbozamos, de quiebra inducida por las expropiaciones ilegales e ilegítimas del Estado y al momento que se les llamara al despacho de Paliza y quien por lo visto sería el negociador principal, estaría pensando que lo adeudado se le pague en base al valor de la moneda en la actualidad, pero sí esperanzados, de que por lo menos la mitad de su valor les sea pagado y necesariamente por las tres vías anteriores que aquí esbozamos, salvo que se presente alguna que otra negociación extendida a aspectos de negocios individuales entre los perjudicados y abarcando las instituciones públicas con las que tengan contratos de servicios.

Es decir, con buena voluntad y disposición de ánimo y sin extorsiones de ninguna especie y como esto último ocurría en el pasado hasta el 2020, Abinader puede impulsar toda una satisfacción de reclamos, que sean una muestra viva para que gobiernos futuros y sobre este particular, deberían de actuar y mucho más, si el Poder Legislativo emite disposiciones constitucionales al respecto.

Esperanzados en este cambio de paradigma, tantos ciudadanos e instituciones afectados restablecerían sus créditos e inversiones y disminuirían sus deudas y se fortalecería la clase media y lo que decimos, a propósito de que en el Gobierno quieren aclarar la posesión de los terrenos del Palacio Nacional y que fortalecemos con el pedido de todo abogado litigante, de: “Haréis justicia”. (DAG)

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