De buenas a primeras, un grupo de comunicadores, ojo, no periodistas, se han permitido ofrecer una interpretación sesgada respecto a quien es o no periodista o cual es o no el medio de comunicación y en específico en las redes sociales, que supuestamente delinque en el ejercicio del derecho de todo ciudadano a comunicarse en las redes sociales.
Han llegado tan lejos en su ignorancia y cuido de su afán de lucro y al comenzar a recibir jugosos contratos oficiales de publicidad, que hasta no verían mal, que independientemente a lo que plantea la Carta Magna en su artículo 69 o la ley 53-07 sobre delitos electrónicos y ni hablar respecto a la ley 6132 sobre la libre expresión y difusión del pensamiento, el gobierno establezca una policía mediática perseguidora de las “infracciones mediáticas”.
Y en este punto, abogan “por un proceso de depuración real, transparente y equilibrado, que distinga entre quienes ejercen el periodismo con ética y los que lo usan como fachada para delinquir”. Es decir, abogan por que los dueños de los medios impongan de vuelta la autocensura periodística y en particular, que se persiga la libre expresión en las redes sociales y si es necesario que estas sean clausuradas.
Por primera vez en esta nación, individuos que básicamente son comunicadores, no periodistas profesionales, aplauden que el ministerio público y por simple interpretación o sospecha, meta presos a editores de medios en las redes sociales y de ser necesario se los cierre y todo, porque las cabeza del ministerio público en el Distrito Nacional, una señora de apellido Ramos, dijo recién que perseguiría a medios, periodistas y comunicadores “difamadores y chantajistas”, cuando lo correcto debió de ser, que advirtiera, que investigaría primero y antes de señalar casos específicos.
Ahora y para ellos mismos quitarse de encima cualquier imputación, hacen “un llamado a las autoridades, a los gremios periodísticos y a la sociedad, a acompañar un proceso de depuración real, transparente y equilibrado, que distinga entre quienes ejercen el periodismo con ética y los que lo usan como fachada para delinquir” y lo que de suyo es un grosero atentado contra la libertad de prensa. Así como de las libertades de opinión, información y disidencia.
Y como si lo anterior no fuera obsceno, se descubre, que el presidente del Colegio de Periodistas acompañó al grupo y desde la misma sede del CDP se hizo la rueda de prensa y que los periódicos escritos y medios electrónicos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) son también quienes están alentando esta insólita persecución y la que es el pretexto para imponer la ley mordaza que el gobierno quiere.
Salvo que la nación se convierta en un estado policiaco, no entendemos como el ministerio público pudiera perseguir el periodismo y saliéndose de los tres parámetros legales arriba señalados y que rigen la comunicación.
De ahí que expresemos, que quienes de manera tan atropellante e insensata hablaron ayer, están afilando cuchillos para sus propias gargantas. Que después y cuando les llegue el turno, no salgan corriendo a pedir apoyo de la SIP. (DAG-OJO)
