Una rápida lectura del proyecto de Código Penal que el Senado aprobó en un dos por tres revela la más terrible afectación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y si llega a ser aprobado, establecería una tiranía seudo legal a favor de senadores, diputados, alcaldes, regidores y funcionarios del gobierno central como del Poder Judicial.
Es increíble que estos abusadores y analfabetos funcionales legisladores que nos gastamos hayan tenido el tupé de atentar ellos mismos contra el estado de derecho y reducir a los ciudadanos a un esquema de simple servidumbre.
Por eso, la nación debe oponerse vigorosamente a este terrible atropello jurídico y exigir una lectura de revisión pública por medio de la sociedad civil y los organismos de las fuerzas vivas nacionales.
De lo contrario, una pesada cortina de hierro de un estado despótico caerá sobre la nación y legalizando un proceso continuo de tiranía política desde el poder y con autorización congresional. Y somos enfáticos, nadie debe callarse y sí protestar vigorosamente.
Nunca las mismas cámaras legislativas y junto al Poder Ejecutivo, que obviamente es el instigador tras bastidores, se había atrevido por querer imponer una dictadura o tiranía legal y con un poder de coerción como nunca había ocurrido en esta nación, pues de aprobarse, los ciudadanos no tendrán derecho alguno a protestar absolutamente por nada.
Hasta ahora, siempre había ocurrido, que en materia de códigos y de leyes, la ciudadanía y creyendo en la buena fe de sus legisladores y con todo que la mayoría son un grupo de delincuentes de cuello blanco, no guardaba mucho interés por conocer el entramado de la creación y promulgación de las leyes, pero en esta ocasión se ha llegado a un extremo altamente alucinante.
Primero, 26 años para conocer el proyecto de código penal en audiencia pública y después, apenas seis horas para darlo como aprobado en el Senado y sin permitir que los ciudadanos hubiesen presentado sus reparos o sugerencias y más tarde lo peor, que los diputados y sin leerlo, aprobaron en “primera lectura” los cuatrocientos y pico de artículos y lo que es una terrible desvergüenza.
A nuestro modo de ver, esto es un formidable palo acechado a la institucionalidad de nuestra democracia y al debido respeto a los dominicanos como ciudadanos y como se entiende, parecería, que ciertamente es el producto de una conjura desde el poder político y en alianza espuria con los poderes, económico y financiero, quienes a la desesperada y bajo ningún concepto quieren entender, que la tutela forzosa que han impuesto desde el gobierno en la sombra del Consejo Nacional de Competitividad, tarde o temprano o ya mismo debe terminar.
Al mismo tiempo, se siente una fuerte frustración y desencanto y al ver que el presidente Luis Abinader se ha empeñado en ir en contra del propio juramento que hiciera, tanto en el 2020 como en el 2025 garantizando la preservación de las instituciones y el estado de derecho y al observarse, que pretende comportarse como un déspota y no como el presidente de la República que mal que bien logró el poder mediante dos fraudes electorales hijos de la ignorancia y buena fe de los dominicanos, así como de la maldad y perversidad de quienes desde el PRM dirigen el gobierno de la Nación como si fuese su instrumento para aniquilar las instituciones públicas e imponer la más demoniaca corrupción a gran escala desde el Palacio Nacional.
Hay que precisar, que ayer, el gobierno y presentando su peor imagen de opresivo y despótico, entendió lo profundamente arraigada que está en la psiquis nacional, la política de Balaguer a favor del medio ambiente y por esa razón y por más que la autoridad nacional quiera disfrazarlo, un amplio abanico de ciudadanos se mostró opuesto con gran vehemencia al plan gubernamental original de mutilar el área del Parque Botánico.
De paso, Abinader se quejó de que “algunos hablan sin documentarse” y que en cierta manera hay que darle la razón, pero si él hubiese instruido a sus subalternos en cuanto a que todo accionar que fuera a lesionar el medio ambiente, sus funcionarios deben abrir un debate público en el que los ciudadanos participen, no se habría producido el escarceo.
Y lo que, al mismo tiempo, a él mismo debería demostrarle, a Abinader, que, si las redes sociales no estuvieran funcionando en toda su dimensión y gracias al periodismo ciudadano, que fue donde se dieron las primeras alertas, hoy nos habríamos encontrado ante un hecho consumado y como ocurrió recién en el Parque Olímpico y en el Parque del Este con la tala abusiva de 900 árboles, cuyos restos irán a parar a aserraderos de amigos del gobierno. O de sus socios en Competitividad.
Siendo este bárbaro hecho, la mejor muestra de que en este país no cabe ningún proyecto de ley mordaza y mucho menos la absurda y bárbara represión gubernamental contra voces disidentes a las políticas oficiales o críticas a comportamientos atrevidos de sus funcionarios.
De ahí que advirtamos, que ese proyecto de Código Penal que hoy se conocerá en la Cámara de Diputados, es uno que retrotrae el orden jurídico nacional a muy atrás del 1810, afecta groseramente los derechos ciudadanos y los reduce a siervos de un estado policial a favor de los funcionarios públicos y del que hay que exigir y vigorosamente, su absoluta revisión por legisladores y sociedad civil. Con Dios. (DAG) 24.07.2025
Última actualización: 09:22 am.
