Si el edificio en el que vive se construyó hace más de tres décadas es muy probable que contenga amianto, un material muy peligroso para la salud. El asbesto fue considerado durante el siglo XX un componente milagroso en el sector de la construcción por sus propiedades y bajo precio. El enemigo está dentro de casa.
No se puede conocer al detalle en cuántos edificios de viviendas hay presencia de amianto, puesto que no existe un censo oficial. Solo los ayuntamientos están obligados a llevar un registro de sus inmuebles públicos, pero lo cierto es que no todos lo han realizado y mucho menos de forma exhaustiva. “Se calcula que entre un 30% y un 40% de las edificaciones en España tienen materiales con amianto en alguna de sus partes, aunque existe en la práctica mayoría de edificios anteriores a los años 80″, estima Adolfo García Alonso, gerente de dMol, compañía autorizada para el manejo y retirada de amianto que realiza más de un centenar de intervenciones al año.
Los españoles viven entre cientos de miles de toneladas de amianto, un material que puede causar cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma (cáncer de pleura o peritoneo) y fibrosis pulmonar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, es responsable de 88.000 muertes anuales en Europa, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).
Es fácil reconocerlo en las cubiertas de fibrocemento ondulado que coronan muchos edificios. Unas cubiertas que, en algunas ocasiones, han sido manipuladas para instalar antenas de televisión o salidas de caldera. “Por norma general, cuando no son tejas ni chapas de metal, es uralita con amianto. Tiene aspecto de cemento y con el paso del tiempo le suele salir manchas en tonos grises o blancos”, detalla García Alonso. Así eran los tejados de uralita de 116 comunidades de propietarios del barrio de Meseta de Orcasitas, en Madrid. La retirada de esas cubiertas, tras años de lucha de sus vecinos, comenzó en 2020.
El material tóxico se usó en infinidad de elementos: bajantes, depósitos de agua, paramentos verticales, juntas de calderas, suelos vinílicos… “Se estuvo incorporando en las construcciones desde los años 60 a los 90. Nos ha acompañado en muchos elementos de nuestras viviendas gracias a su resistencia, capacidad de soportar altas temperaturas y propiedades aislantes”, apunta Laureano Matas, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Y así fue hasta que España prohibió su fabricación y comercialización en 2002. El problema es que la huella del amianto sigue siendo larga y peligrosa. Y, por eso, la Unión Europea ha fijado un plan para eliminarlo por completo: en los edificios públicos en 2028 y para el resto de las edificaciones (viviendas, naves industriales…) antes del 2032. Sin embargo, “al ritmo actual España tiene complicado llegar a esas fechas con la totalidad de los inmuebles afectados libres de amianto”, considera Matas.
Sobre todo, si se dirige la mirada hacia las comunidades de propietarios, que no están obligadas a retirar el amianto ya presente en sus edificaciones. Aunque la normativa recoge excepciones: salvo si la instalación es posterior al año 2002, si ha superado su vida útil de 30 años o si se observa el deterioro o fragilidad del material. Mientras el asbesto se mantenga íntegro “podemos estar seguros”, tranquiliza el secretario general de los arquitectos. “El peligro para la salud es su fragmentación y posterior inhalación por la liberación de fibras por las personas que viven en estos edificios”, añade.
Lo que sucede es que en muchas fincas ya se ha superado la vida útil del material y los vecinos no han adoptado medidas, entre otras cosas porque desconocen su estado. Es más, “a partir de los 20 años ya se produce una desfibrilación estando el particular en su vivienda expuesto a esa degradación”, comenta Jorge Vila Lozano, abogado especialista en la cuestión.
Ahora bien, no es lo mismo un material con amianto afectado por las inclemencias del tiempo y la radiación solar, cuya vida útil es menor, que una tubería que está protegida dentro de la edificación. “El amianto más nuevo que encontramos tiene 25 años y muchas veces ya está en estado friable o de fragilidad. Lo normal es que veamos amianto que ya tiene entre 35 y 60 años de vida útil”, indica el gerente de dMol. En ese caso, ha llegado el momento de intervenir.
Subvenciones
El CSCAE recomienda su retirada, aunque no se aprecie riesgo aparente o los elementos estén íntegros. Sobre todo, en el momento actual, en el que centenares de fincas están acometiendo rehabilitaciones energéticas con el apoyo económico de los fondos Next Generation, que contemplan hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio para librarse de la sustancia cancerígena. “Las comunidades de propietarios están retirando el material obligadas por la solicitud de subvenciones, ya que los organismos públicos lo exigen para poder optar a la ayuda”, dice Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
En el caso de que no haya subvenciones de por medio es raro que los vecinos asuman el alto coste de retirar el material. Es la experiencia de José A. Rodríguez, técnico de la empresa IMM Gestión y Rehabilitación, especializado en las intervenciones en comunidades de propietarios. “En esos casos, suelen hacer pequeñas reparaciones mediante parches o lo encapsulan colocando otra cobertura encima ilegalmente porque no se hace como marca la norma”, dice el técnico. Algo que el CSCAE califica de temeridad. “No existen soluciones eficaces para rehabilitar energéticamente un edificio dejando ocultas las cubiertas de amianto”, sostiene Matas.
Manipular este tóxico sin extremar las medidas de seguridad es sumamente peligroso. En España solo las empresas que pertenecen al RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) pueden realizar estos trabajos. “Los operarios tienen una formación específica previa y de refresco constante, trajes de protección, ropa interior desechable, polainas, equipos de protección respiratoria…”, enumeran en dMol, empresa homologada por el RERA. Una vez retirado, se deposita en bolsas de encapsulamiento de amianto, lo que evita que las fibras se liberen durante el transporte. “El amianto solo puede llevarse a vertederos autorizados y no son fáciles de encontrar. Hay provincias que no tienen y nos obliga a transportarlo durante muchos kilómetros, teniendo que subir el presupuesto”, remata García. El presupuesto medio depende del tipo de actuación y la superficie. “Hay un coste fijo mínimo de entre 2.000 y 3.000 euros por intervención. Para actuaciones mayores, suele ser de unos 15 euros el metro cuadrado de planchas o metro lineal de bajante”, dice García.
Actualmente, a la hora de comprar una vivienda no se exige ningún documento que certifique que esta tiene amianto. “Si se descubre por la parte compradora puede reclamar judicialmente su retirada con reducción del precio o la resolución del contrato de compraventa de la vivienda. Por consiguiente, si el vendedor no lo manifiesta y tiene amianto se considera un vicio oculto indemnizable”, explica el abogado Jorge Vila Lozano. Cree el experto que “los notarios tienen ante sí una labor de utilidad social incuestionable y a través de ellos se puede requerir que, en sus escrituras públicas de compraventa, recojan el requerimiento al vendedor constatando si el inmueble transmitido tiene presencia de amianto o cualquier otra sustancia nociva unida a la manifestación de cualquier vicio constructivo (además del oculto)”. Ello daría lugar a una reducción de la litigiosidad. El vendedor responde en todo caso, aunque desconociese su presencia. [Cinco Dias-sandra lópez letón]
