La característica fundamental del sistema político nacional es el descubrir una democracia autoritaria en base a un liderato presidencial totalitario que se contraponen a un sentimiento poblacional de absoluta subyugación a quien ejerce el Poder Ejecutivo cesáreo y que determinan en conjunto, ese sentimiento tan dominicano de sumisión y servilismo a un nivel realmente desconcertante y en un pueblo que siempre ha dado connotaciones de valentía y de intrepidez.
Por eso y desde el momento que estos parámetros de aparentes características inmutables de la idiosincrasia dominicana son examinados, se entiende el por qué fue tan fácil “haber dejado atrás” una dictadura desarrollista y la que desde hace 63 años de esa ruptura, ha resurgido, pero convertida en una serie concatenada de gobiernos de fuerza de características populistas y representados en presidentes absolutamente autócratas, quienes en la práctica, ignoran y cuantas veces lo entiendan necesario, los parámetros de ejercicio democrático y para convertirlos en muestras patéticas de presidentes de corte absolutista, quienes tan pronto suben las escalinatas del Palacio Nacional, “trasmutan” en pálidas muestras fantasmagóricas del antiguo dictador.
Consecuentemente y a lo largo de estos últimos 63 años, tres generaciones han pasado y todos sus representativos y como supuestos ciudadanos que no les ha importado comportarse como sujetos serviles del nuevo primer mandatario que llega a cubrir una nueva etapa de supuesta vida republicana.
Es por ello, por lo que casi no hay diferencias entre uno y otro gobierno, al tiempo que se presenta como una constante el comportamiento ciudadano de un servilismo absoluto hacia el poder autocrático, que casi sin esfuerzo se le impone a la nación entera.
Todavía más, cada presidente ha impuesto su propia esquema de supuesta “reforma constitucional” y teniendo de antecedente aquella primera para las elecciones de 1962, que para efectuarlas, el gobierno del Consejo de Estado debió acceder a los reclamos prepotentes del candidato presidencial “progresista”, Juan Bosch, vendedor de productos farmacéuticos en Cuba y dirigente político en el exilio antitrujillista, quién obligó que aquel gobierno de facto, que mandaba en base a decretos-leyes, se hubiese visto en la imperiosa necesidad de modificar la Carta Magna en el capítulo inherente al cumplimiento de que para ser presidente de la República se debía ser un ciudadano “dominicano de nacimiento y origen”.
Bosch, solo era dominicano de nacimiento y no de origen y como había ganado las elecciones abrumadoramente y sobre la base de dividir socialmente a los dominicanos y entre “hijos de machepa y tutumpotes” y teniendo de apoyo la maquinaria del populista y seudo castrista, Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que provenía del exilio antitrujillista en Cuba, le fue fácil que el Consejo de Estado emitiera un decreto-ley que le obvió el obstáculo legal.
A partir de ese hecho, la nueva democracia dominicana nació de semejante imposición y por el comportamiento del arrogante Bosch, devino en la penosa imagen totalitaria que todavía la acompaña y lo más increíble, que después de derrocado Bosch y a 61 años de ese hecho, después, ningún partido político o congreso dominicano “democráticos”, a sus incumbentes nunca se les ha ocurrido derogar aquel decreto-ley.
Entonces, esa ausencia original de legitimidad política nunca fue corregida o enmendada y generando en consecuencia una neodictadura trujillista bizarra y renacida como democracia autoritaria, que gobierno y presidente van y vienen y siempre permanece inmutable.
Frente a ese pecado original, hoy nuestra democracia no es tal y sí una variable dictatorial de lo que quiera el presidente autoritario de turno y por eso, el gobierno actual, que es una continuidad del anterior nacido en el 2020, su característica mayor es, que al estar en su etapa de reelecto ilegal e ilegítimo y apertrechado en un periodismo militante de supuestos izquierdistas de clase media o pequeña burguesía, reconvertidos como terrible plataforma mediática, cuyos miembros tienen ahora el control cada año de 10 mil millones de pesos de los contribuyentes y con el solo propósito de que el gobierno autoritario se imponga a como dé lugar desde el poder casi absoluto que le llega como herencia y característica principal.
De esta manera, se tiene, que como el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, al tener el control mayoritario del Poder Legislativo y el aparato represivo del Estado, se ha podido dar el lujo de evacuar un paquete de reformas institucionales y comenzando por una constitucional y las otras tributaria, fiscal y laboral, que por las características que exhiben y casi por milagro y dado que las fuerzas vivas nacionales y la sociedad civil elevaron sus voces de inconformidad y protesta y a un nivel tan amplio.
Se comprendió entonces la reacción que el mismo director de propaganda del régimen y en entrevista reciente, mostró y alarmado por el nivel de oposición popular y calificando de dañinos los resultados de sus últimas encuestas y que a su decir, a la ciudadanía “no comprender las buenas intenciones del presidente”, este tuvo que tirar para atrás la reforma tributaria y ahora casi dejando en el aire la promulgación de la Reforma Constitucional y que absolutamente una gran mayoría no quiere y que para este fin de semana y supuestamente, el Congreso de Abinader promulgaría y con la firma presidencial, tal como si esta fuera una aplanadora que quitara de encima todo cuanto se le oponga.
Todavía a esta mañana no estamos muy seguros de que esa promulgación vaya a darse y menos, cuando súbitamente y después de que los presidentes de las cámaras legislativas habían anunciado que los trabajos de adecuación de la reforma habían terminado, anunciaron ayer y por anuncio en los periódicos y redes sociales, que convocaban a los legisladores para mañana a las diez am “para continuar los trabajos” de la Asamblea Nacional Revisora.
Lo cierto es, que todo ha sido atropellante y que, si bien el nivel de oposición ha disminuido, no lo es menos, que la crispación y en todos los sectores sociales y populares se mantiene y ante lo cual, reafirmamos, que la promulgación anunciada, prudentemente debería postergarse. Al tiempo que advertimos, que, frente al malestar social, ahora le damos razón al porqué el presidente firmó su arbitraria y policiaca ley 1-24 y que por lo que parece, la hizo en prevención ante algún tipo de estallido social fuera de control y como el que muchos ciudadanos suponemos que podría ocurrír.
Pero nosotros somos una voz y aislada dentro del contexto general de la comunicación dominada por la concentración de medios en pocas manos de empresarios y banqueros que denominamos barones mediáticos y quienes, desde el Consejo Nacional de Competitividad, sus 38 empresarios miembros conforman la especie de poder paralelo al poder político presidencial y que parecería, es quien tendrá la última palabra en este festival de reformas institucionales.
De ahí, que como preferimos esperar los acontecimientos de este sábado y domingo, dejemos en suspenso las explicaciones del porqué de este titular, de: Baja en valor bonos soberanos, enajenación de la frontera marítima y afectación de la plataforma económica submarina y encima, la proclamación de enmiendas a la Carta Magna sin escuchar a la opinión pública, signo ominoso de valentía política desusada y como el último recurso a dilucidar, antes de lo que pudiera ser un súbito cataclismo político y constitucional. Con Dios. (DAG) 25.10.2024