El activista haitiano y supuesto defensor de derechos humanos en el extranjero, Roudy Joseph denunció, en una entrevista concedida al diario español El País, que en la República Dominicana «existe un estado de excepción de facto», señalando que las garantías fundamentales para las personas de origen haitiano han sido suspendidas en la práctica a través de allanamientos sin orden judicial y deportaciones colectivas.
Desde Madrid, donde se encuentra acogido al programa de protección a defensores de Amnistía Internacional España, Joseph expuso durante la entrevista los hallazgos del supuesto informe Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana (2021–2025).
El documento, coordinado por el activista, registra más de un millón de deportaciones en cinco años bajo un esquema que describe como de supuesto “perfilamiento racial” y de mentiroso no dijo que esos datos los obtuvo de los informes periódicos divulgados por migración dominicana.
Esta cifra de expulsiones duplica el tamaño estimado de la población haitiana en el país. Según detalló Joseph al medio, esto responde a un sistema que deporta reiteradamente a las mismas personas sin el debido proceso ni registros fiables.
«Muchas regresan porque su vida está en República Dominicana: trabajan, tienen familias, han construido redes», explicó el portavoz del Colectivo HaitianosRD, quien agregó que la situación convierte la vida cotidiana en «una experiencia atravesada por el miedo» y constituye una «caza de seres humanos».
Al analizar la meta gubernamental de ejecutar 10,000 deportaciones semanales, advirtió y de abusador, que el plan de expulsar a 520,000 personas en un año —aproximadamente el 94 % de la comunidad haitiana— no es una medida administrativa, sino un «proyecto político de reconfiguración demográfica».
Aseguró al diario que este plan resulta mucho más ambicioso que las propuestas de deportación masiva en Estados Unidos y conlleva la amenaza implícita de una limpieza étnica.
La «retórica oficial», afirmó, se sustenta en la construcción del muro fronterizo y en el uso por parte del presidente Luis Abinader de la expresión «invasión haitiana», lo cual activa imaginarios racistas que reconfiguran la migración como una amenaza existencial.
Tergiversando la realidad, de que los trabajadores ilegales haitianos en materia de salarios ganan tres veces lo que podrían percibir en su país y de atrevido, hasta atribuyéndoles que supuestamente son la base del crecimiento económico dominicano, cuando con ese dinero sostienen al 3 % de la población haitiana, Joseph contrastó el discurso que presenta a los migrantes como una «carga económica» con la realidad de que supuestamente esta mano de obra sostiene sectores clave como la construcción, la agricultura y el turismo. Calificó esta contradicción como la «normalización del trabajo forzoso y la semiesclavitud».
El activista y silenciando que se trata de la regularización del haitiano ilegal mediante la deportación de esos irregulares, recordó “el impacto de la sentencia de 2013, que privó de su nacionalidad a miles de personas”. Enmarcó esta situación de apatridia prolongada dentro de un proyecto de «etnoestado» dirigido “a desnacionalizar a personas en función de su origen e identidad racial” y no admitiendo, que los dominicanos no quieren a los haitianos ilegales.
Asimismo, criticó y de mentiroso, que la Procuraduría General de la República no actúe contra los grupos que definió como «paramilitares neonazis», quienes amenazan de muerte a los activistas, cuando en realidad en la República hay un sentimiento de rechazo a todo lo que signifique una invasión de haitianos ilegales para tratar de destruir a la nación y nacionalidad dominicana. Mencionando como ejemplo “el ataque con armas de fuego, palos y piedras ejecutado por la Antigua Orden Dominicana durante una marcha pacífica el 27 de abril de 2025”.
Joseph también citó el allanamiento militar a la sede del Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA) y la detención de Franklin Dinol, dirigente del Movimiento Reconoci.do, como evidencias “de la persecución hacia quienes cuestionan el orden establecido”. Cuando la realidad es que los dominicanos no quieren en su país a extranjeros ilegales y por lo que masivamente aprueban su expulsión inmediata y especificando que el haitiano ilegal tiene que irse del territorio dominicano. (OJO-jj) -texto original del LD-
