En febrero del 2021, hace ya dos años, la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) anunció que investigaba la pasada gestión de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) con una investigación a la que denominó Operación Caracol, en una especie de vaticinio de cómo avanzaría ese proceso.
En ese momento la investigación de la PEPCA, dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, tenía como objetivo al pleno de la Cámara de Cuentas al que acusaba de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
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En su momento la PEPCA llegó a allanar la sede de la Cámara de Cuentas por las investigaciones derivadas de la Operación Caracol tras conseguir la orden de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito quien también fue apoderada del control de la investigación.
La investigación incluye al expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.
No obstante, hasta el momento se desconoce el estado de esta investigación y los exmiembros de la Cámara de Cuentas se han alejado de la vida pública.
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Situación en la Cámara de Cuentas
Mientras tanto, el organismo fiscalizador vuelve a ser el blanco de las críticas y objeto de escrutinio público por las denuncias de ingobernabilidad interna que hizo su actual presidente Janel Ramírez, quien también ha sido acusado de acoso laboral y sexual por parte de dos empleadas de la institución (situación que sigue bajo investigación), quien también ha sido señalado por los demás miembros del pleno de no dar seguimiento a los trabajos realizados por la CCRD.
Se espera que hoy, martes, 09 de mayo de 2023, los diputados conformen una comisión para investigar la situación interna de la Cámara de Cuentas y determinar si el Senado de la República somete a juicio político a los miembros del Pleno.
Fuente: Hoy
