Si en este país el gobierno no se considerara socio y protector de los empresarios, industriales y todo tipo de capitalista, no estuviera dándose la grave situación, de que por donde quiera que se mire, la existencia del gobierno del presidente Luis Abinader se encuentra enmarcada dentro de una protección implícita del gran capital y al extremo, de que a los ciudadanos y como usuarios, se les ha quitado el derecho a decidir sobre los servicios eléctricos o de agua que quisieran contratar.
Al mismo tiempo, los usuarios no son asistidos por el organismo a cargo de proteger a los consumidores y como se está viendo con el asunto de los paneles solares, las empresas eléctricas exigen que, en el reglamento para la instalación de estos, los usuarios deban pagar una especie de peaje.
Para colmos y como monopolio perfecto. Esas empresas, no más de ocho denominados sistemas aislados independientes, cobran a los hoteles una tarifa exorbitante por el uso de la energía eléctrica que sirven, que ha obligado a los hoteleros a cobrarles a sus clientes por el uso de las habitaciones, no la tarifa promedio, sino que estos también deben pagar un extra por el uso de la energía eléctrica por habitación y con lo cual el turismo no podrá competir con el del exterior en la región caribeña.
Es decir, el afán de lucro es tan pronunciado, que, en el caso, que se materializa duramente en la provincia de La Altagracia, los dueños de la energía, quienes a su vez son los dueños de la mayoría de los inmuebles, impiden que los potenciales clientes se independicen de esos monopolios y resultando, que quien vende una casa también impone el precio y a que empresa, suya, su comprador debe adquirir el servicio eléctrico.
Concomitantemente, si el dueño de un inmueble, familiar o de negocios, quiere instalar paneles solares, de inmediato las empresas se lo prohíben y como tienen el apoyo del gobierno, les obligan a consumir la energía que esas empresas les facilitan y lo que significa, que en los lugares y provincias donde operan, el 40 % del gasto mensual tiene que ver solo con el consumo eléctrico y lo que es una verdadera monstruosidad.
En paralelo y como los dueños de esas empresas son los dueños de los medios de comunicación y en específico, los Rainieri y su socio CEPM ( distribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta Cana, Bávaro, Verón, Macao, Uvero Alto, Miches, Bayahíbe y La Romana) y con presencia abrumadora en medios de prensa y telecomunicaciones y la subsidiaria de esta, la Compañía de Electricidad Bayahibe (CEB) y las que por cierto, tienen dinero aportado por la Fundación Clinton, la ciudadanía no es enterada de la situación de explotación vil a la que está sometida y en función de ello, ahora esas empresas, que son ocho denominadas servicios integrados independientes, se oponen a que el nuevo reglamento pudieras eliminarles su oligopolio y el que abarca el transporte de pasajeros por el uso del aeropuerto para los clientes de turísticos de los hoteles.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene?, que, si una persona es un profesional liberal, entiéndase, medico, abogado, notario público ingeniero, periodista etc. y vive en el área de Punta Cana, en la práctica, se convierte en un esclavo económico de estos grupos y al ser estos los dueños originarios de la mayoría de los servicios que requieren a esos profesionales y quienes, si quieren trabajar y a grandes rasgos, tienen callar y asentir.
Y aquí lo grave, que esos grupos pudieran presionarlos y obligarlos a actuar en función de lo que ellos quieran y arrebatándoles de ese modo su libre albedrío y lo que constitucionalmente es un abuso intolerable en un estado de derecho.
Pero para mayor gravedad, la desprotección de los ciudadanos ha llegado a unos límites tan graves, que nada de todas estas irregularidades, los miembros del Congreso Nacional hacen por no enterarse y lo que significa, que ningún ciudadano puede acudir y menos contar con el senador y los disputados de su jurisdicción electoral y ni hablar con los que se dicen “legisladores del Este”.
¿Por qué sucede esto?, porque de hecho, la partidocracia ha impuesto una democracia autoritaria controlada por un gobierno de empresarios y con un presidente empresario, quien hasta ahora y en base a la propaganda abrumadora que le ha permitido comprar o alquilar las conciencias de no menos tres mil periodistas, comunicadores, productores de radio y televisión, comentaristas e influenciadores en las redes sociales y sus burdeles mediáticos, mantiene totalmente prisionera a una opinión pública atrapada.
Ni que decir, que los dominicanos no estamos viviendo en un ambiente de democracia real y sí en el sistema autoritario que la plutocracia ha impuesto en base a corromper conciencias y fomentar el entramado de corrupción a gran escala que se le ha impuesto al estado de necesidad de millones de dominicanos.
Resumiendo y para que se entienda la gravedad de semejante como asfixiante sistema de vida, el 90 % de la empleomanía pública no le responde a la ciudadanía y sí al gobierno plutocrático y el que como diariamente se comprueba, no es un régimen auténticamente democrático y sí de características primarias dictatorial y el que se fundamentó en haber sido el protagonista del mayor fraude electoral que gobierno alguno hubiese impuesto y entendiendo, que como tampoco tiene una oposición real, que poco a poco está imponiendo la dictadura perfecta.
¿Hasta dónde este régimen dictatorial y antidemocrático entiende que podrá continuar afectando a la ciudadanía?, sin duda es la gran pregunta. Pero lo cierto es un hecho. La dictadura de Trujillo ha sido más gobierno y fuerte que todos los gobiernos que el país ha tenido desde el 1961 y sí la misma cayó, nadie puede decir que la dictadura plutocrática que se quiere imponer, en algún momento las fuerzas vivas de la nación se le impongan y demanden su cese y suspensión por otro gobierno realmente democrático, vengador y sanador de leyes y costumbres.
Lo que hay que manifestar y puntualizar y a propósito del capitalismo salvaje a su nivel mayor: Empresas eléctricas imponen monopolio que impide que los usuarios tengan derecho al uso de paneles solares si no pagan peaje por su uso. Con Dios. (DAG) 23.11.2024
