El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sesionó el pasado martes 30 de mayo, para tratar la Carta Democrática Interamericana (CADIA). Para muchos, la CADIA, adoptada en Perú el 11 de septiembre de 2001, amerita una reflexión política orientada a la transformación, luego de años de conversación académica.
Los principios y estándares que contiene la CADIA son el resultado evolutivo de décadas de aprendizaje, y del compromiso colectivo histórico de nuestra región por fortalecer y preservar la democracia. Lo que hemos vivido en la región nos lleva a ser críticos, pero también optimistas y constructivos de cara al futuro.
Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los desafíos que presenta la Carta hoy?
1- Imprecisión conceptual: Los Estados pueden tener interpretaciones divergentes sobre los criterios para definir cuándo y en qué medida se han alterado las instituciones democráticas de un país. La CADIA no define ni brinda las directrices necesarias para interpretar qué tipo de acontecimientos podrían encajar en el concepto de alteración o de interrupción inconstitucional del orden democrático.
2- Tensión aparente entre el principio de no-intervención y la posibilidad de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos. La soberanía de los Estados puede ser un obstáculo en la implementación de la CADIA. Para algunos parecerá que existe un choque entre normas pro-democracia y normas establecidas de la soberanía.
3- Déficit procesal: No existen sanciones automáticas ni mecanismos de coerción establecidos en la CADIAaparte de la suspensión del Estado de la OEA. Hace falta mayor desarrollo sobre cuando se comete una infracción, ¿cuál es la sanción correlativa? y, ¿por medio de qué procedimiento se va a aplicar? Ellocontradice el principio de gradualidad pues no existen sanciones intermedias que puedan presionar al sujeto en crisis a buscar una solución. Por ende, los Estados que quieran implementar otro tipo de penalidad, se ven forzados realizarlo fuera del ámbito colectivo. En cuanto al procedimiento, se señala que se aplicará la sanción de suspensión cuando las gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas, sin embargo, no se especifica bajo que parámetros se puede interpretar esto. Vale decir, ¿se considera infructuosa una gestión según un parámetro de tiempo?, o ¿de resultados?, o ¿el número de veces que se intentó́ aplicar?
4- Carácter reactivo y exclusivo: la CADIA no contiene mecanismos que le permitan a la comunidad internacional actuar de manera preventiva y limita el acceso a su activación a ciertos actores. Al no prever mecanismo de alerta temprana, su función es meramente reactiva. Destaca la incapacidad para dar seguimiento sistemático a los compromisos asumidos por los Estados. Sin ello no se puede establecer gradualidad en el análisis de la acción colectiva para impedir la discrecionalidad de la aplicación de la cláusula democrática, especialmente para discernir entre crisis constitucionales y quiebres institucionales de facto.
Estos desafíos destacan la importancia de abordar los aspectos políticos, legales y prácticos de la implementación de la CADIA de manera colaborativa y constructiva entre los Estados miembros, con el objetivo de fortalecer la democracia en la región. De lo anterior se puede desprender el razonamiento de que el siguiente paso evolutivo sería consagrar en un tratado internacional la garantía de defensa de la democracia vinculada a la protección de los derechos humanos, o en su defecto proponer que se modifique la Carta de la OEA y que se incluya un artículo estableciendo esta relación. Para otros, se hace imperioso crear mecanismos institucionales como por ejemplo un “Ombudsperson” para la democracia, la creación de relatorías especiales por país, o incluso atribuir competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ir subsanando algunas de las debilidades.
No parece que hoy estén dadas las condiciones políticas para discusiones de esta envergadura. En el ínterin, soy de opinión que debemos sentar las bases para el desarrollo progresivo del concepto de solidaridad democrática entre los Estados Americanos que garantice un equilibrio entre la acción colectiva y el principio de la no intervención según las posibilidades políticas y prácticas del momento. Por: Josue Fiallo [Listín Diario]
