Los políticos y sus partidos mucho más podrán decir lo que quieran, pero es más que evidente y sí absolutamente comprobable, que los dominicanos carecemos de una institución policial que realmente cuide y preserve los derechos humanos de los ciudadanos y vele porque las propiedades no sean tomadas por asaltos y también por todo tipo de afectación de bienes y vidas y propiedades.
Hubo un tiempo, cuando lo peor de la Guerra Fría, que por la fuerza de las circunstancias, los ciudadanos debimos de transigir con la existencia de una violencia policial indetenible, que si apenas era manejable o aceptable, se debía a la realidad, de que los llamados grupos de izquierda que habían fracasado cuando la llamada revolución de abril de 1965, se lanzaron con una ferocidad extrema y en ánimo de retaliación guerrillera y al darse cuenta, que la nación y a partir del primero de junio de 1966, le dio la espalda por sus feroces actuaciones posteriores y en los gobiernos del lapso de doce años de Joaquín Balaguer, donde esa izquierda y la que ahora muchos de sus protagonistas están en el poder, asesinó a cientos de ciudadanos civiles y militares y tomó por asalto la cosa pública así como que protagonizó hechos continuos de secuestros de empresarios y diplomáticos.
En razón de aquella desestabilización gradual del Estado, la ciudadanía debió de aceptar que la policía y cuando no pudo, el Ejército, debiera de enfrentar las guerrillas urbanas que perpetró con una insania provocadora la orgía de crímenes que la caracterizó y dando por resultado, que la institución policial, acostumbrada ya a asesinar libremente y hacer de las suyas en base a imponer su situación tan arbitraria de tener fe pública, conformó y casi de manera “natural”, aquella anti-policía de la que empezamos a hablar para la década de los años setenta del pasado siglo y la que por lo visto nunca ha cesado, pero sí dentro de un barniz de supuesta respetabilidad.
Por ese afanar, sin duda alguna, los grandes responsables de semejante desbarajuste tan anárquico, fueron los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuyos dirigentes y responsables y con muy pocas excepciones, entendían y dado el origen de lumpen del grueso de sus funcionarios, que ellos tenían que hacerse de la vista gorda y dejar que los uniformados se cebaran en la población y en particular, en los elementos de clase media baja y ciudadanos de a pie y hasta que llegó el momento para los años de la década del dos mil, que la policía “perfeccionó” sus métodos criminales, conformando los destacamentos en los barrios de la capital nacional como la base firme de la nueva criminalidad hija de minorías sociales jóvenes en los barrios y dándoles el apoyo suficiente para que se erigieran en las bandas delincuencias dueñas de puntos fijos de ventas de drogas al detalle, pero dirigidas y hasta administradas por los jefes en los cuarteles y quienes se erigieron en la normativa de la nueva criminalidad con apoyo policial.
Fue a partir de semejante situación, que, desde EEUU, parte de los inmigrantes dominicanos jóvenes curtidos en la venta de drogas y el sicariato en las calles de Nueva York principalmente, se trasladaron a las ciudades en el territorio nacional y debido a ello, las primeras células tuvieron como base y proyección la ciudad de San Francisco de Macorís.
Concomitantemente con este ámbito delincuencial “renovado”, los gobiernos del PRD dieron paso a la también nueva criminalidad hija de los bodegueros y lavadores de activos, quienes, en un santiamén, crearon de golpe más de 180 financieras y no menos de 4 bancos comerciales y gracias a la permisividad oficial y la complicidad mediática. Conjunto de intereses, que a los pocos años terminaron en quiebras masivas fraudulentas y generando entre ambos grupos criminales, el primer ramal de clase media originada en el crimen de Estado, los asesinatos por encargos y el enriquecimiento policial más escandaloso.
Lo que no se suponía, era, que, con la llegada del primer gobierno del PLD, su presidente sería tan permisivo y al extremo, de que él mismo anunció que sería financiado por millonarios bodegueros de Nueva York y como igual hizo cuando en la búsqueda de una de sus reelecciones, en un acto público en Nueva York dijo y que fue lo que se entendió, que disponía de 40 mil millones de pesos del presupuesto a su cargo para ganar su reelección.
Ni que decir, que, con semejante empuje presidencial, el narcotráfico como el bandolerismo y la corrupción policial empezaron a crecer de una forma tal, que, si se hiciera una auditoria forense exhaustiva, el 90 por ciento de todos los oficiales policiales y desde el 2004 al 2012, fundamentalmente, se enriquecieron desmedidamente, al tiempo que colateralmente la criminalidad policial se enseñoreaba sobre la vida nacional.
Ahora parecería, que “la materia prima” de los ilícitos criminales que el PRD apoyaba y alentaba y porque sus sucesores y con el disfraz del actual partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM) ha entrado en una fase de “recuperación acelerada" y tan amplia, que todos los jefes policiales que han salido desde el 2012 al 2022, todos y junto a sus oficiales, son reos del delito de la corrupción a gran escala, de desfalco de los dineros públicos y de vender seguridad a comerciantes, empresarios, banqueros e industriales. ¡Un verdadero desastre institucional!
De ahí que el joven presidente Abinader, realmente se las ve y se las desea tratando de resolver este grave conflicto de intereses criminales y perpetrados, por una anti-policía, que entre sus últimas “hazañas”, está lo del ocultamiento de una prima del exministro Fulcar, que mató a un compañero trabajo y siete meses luego todavía no ha sido “localizada” y que seguro será tema fuerte de la futura campaña electoral.
A todo esto, el resultado que se tiene, es que simplemente el gobierno y por mejores intenciones que tiene el presidente, no ha podido salir a camino reorganizando la policía y tampoco ha valido la suigéneris comisión de reorganización policial conformada por periodistas, grupos de presión y políticos de oficio y menos con un incompetente e incapaz ministro de Interior, “acomodado” con un jefe policial, que descaradamente da a entender y lo que ha dicho, que como él tiene “los juegos sucios” poco le importaría asesinar “criminales” con tal de imponer esa paz de cementerio que también conoce desde sus tiempos de jefe regional en la ciudad de Santiago.
Finalmente, ¿cuál es el resultado de este desmadre policial desde la anti-policía criminal?, más de 10 mil personas asesinadas en un lapso no menor de los últimos 20 años y sin que absolutamente nadie de esos fanáticos del gatillo alegre y el abuso de poder, hubiesen sido juzgados y encarcelados y lo que decididamente grita ante la presencia de Dios Nuestro Señor y con todo que la uniformada tiene no menos de cien capellanes y tanto católicos como protestantes, quienes para estos casos y porque también se les dan armas, rangos, salarios y uniformes, miran a otro lado, en tanto elevan una hipócrita plegaria al Creador. ¡Farsantes!
¿Tenemos o no razón cuando preguntamos, el cómo es posible, que desde el 2004 al 2022 la policía nacional y como institución a cargo de preservar el orden público se ha constituido en la organización mafiosa más corrosivamente destructora de la paz social y la gobernabilidad? (DAG)
