En apariencias, parecería que el sistema político dominicano, iniciado el primero de junio de 1966 con las elecciones generales, hablamos 56 años ininterrumpidos, es uno que se muestra aparentemente sólido e inatacable institucionalmente, pero cuando se le analiza a profundidad, se descubre la base del por qué del peligroso giro a constitucional que el mismo presenta.
Y es que no existe realmente ningún tipo de salvaguarda que proteja a las minorías y, por el contrario, se ha desarrollado un atrevido mecanismo de continuidad institucional, por el que todos los partidos y formaciones políticos, la sociedad como las fuerzas vivas del país y durante todos estos años, han colaborado de una forma militante y en cierto modo pecaminoso.
Resumiendo: La libertad de escogencia se encuentra seriamente atacada y al extremo, de que de un tiempo a esta parte, sobre todo, desde el 2004, más que en cualquier otro año anterior, se ha ido generando e independientemente a la creatividad del mismo, todo un falso mecanismo institucional paralelo, que garantiza la adulteración del estado de derecho en su forma más pecaminosa: El nacimiento e imposición de la partidocracia como mecanismo partidario colectivo que niega sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente y sin coacciones de ninguna especie y dentro de un ordenamiento constitucional directo.
Su base, se encuentra en la formación de un entramado mediático y propagandístico tan excluyente, que prácticamente, hasta ahora ha hecho imposible que ni los mismos ciudadanos caigan en cuenta, que el mismo y por su masificación continua y atropellada, afecta el libre albedrío y hace de los ciudadanos electores, simple pieza de un reloj siniestro que no da espacio para que los tiempos constitucionales de elección sean realmente efectivos.
Creándose entonces, todo el maniqueo proceso institucional de escogencia por el que un candidato, perfectamente puede imponérsele a todos los demás y de una manera tan espectacular, que lesiona el libre albedrío y por la propaganda continua, manipula y distorsiona el criterio de selección de los votantes, dando paso a un mecanismo de presidencialismo enfermizo en base a la personalidad del candidato “más popular” que de inmediato es arropado por un populismo llevado a su expresión más irritante de manipulación artera y de violación institucional permanente.
Lo primero es, que en el sistema electoral actual no se garantiza y en su Carta Magna mucho menos, que el candidato que resulta secundario en una elección presidencial, automáticamente tenga un sillón en el Senado de la República y dos de sus principales seguidores con mayor cantidad de votos que todos los demás, se les garantice dos curules en la Cámara de Diputados, al tiempo que de manera correlativa y aleatoria y de acuerdo al nivel de votos generales y votantes en particular por partidos, sean los que tengan mayor representación de apoyo popular.
Dado que cada proceso electoral, es uno que en la práctica no garantiza los derechos de la minorías a todos los niveles de elección directa a nivel nacional o municipal, el resultado que se tiene, no ofrece garantías para que los derechos legales de todos los ciudadanos se encuentren realmente garantizados por un sistema judicial garantista dado que es un proceso de arrastre que no garantiza la existencia de un Poder Judicial genuinamente representativo del derecho a la libre opinión y respeto a la integridad personal de cada ciudadano y este cómo enjuiciado.
Generándose claramente, que la justicia que se aplica y en todos los niveles dentro del ministerio publico a nivel general y jueces en particular, no es una garantista de nada y sí excluyente y de método intrínsecamente dictatorial punitivo, por el que fiscales y jueces deciden aleatoriamente sobre los intereses del resto de los ciudadanos y lo que puede y debe corregirse con solo que este estamento del poder, sus representantes sean electos directamente por la población mayor de 18 años y de formación universitaria plena.
De esta manera, no se daría el fenómeno repetitivo que ahora se da, de que un presidente de Corte o quien sea presidente del más alto tribunal, Suprema Corte de Justicia, e incluyendo el Constitucional y el que por razones políticas o personales de esos altos cargos, afecte los derechos de abogados académicos o en ejercicio y solo por un afán político directo de hacer daño y lo que ahora se esconde detrás de absurdas medidas administrativas de supuesto control orgánico y como lo es ese persistente mecanismo directo de negación de derechos, que se le impone a los notarios públicos, quienes aún designados debidamente como “auxiliares de la Justicia”, se encuentran con obstáculos burocráticos insalvables para el simple trámite de cambio de jurisdicción.
O lo otro, de imputaciones alegres del ministerio público y a todos los niveles y con miras de afectar los derechos adquiridos de ciudadanos que hayan sido funcionarios públicos o suplidores del Estado o lo otro tan groseramente ilegal, de paralizar edificaciones recibidas de mandatos anteriores bajo la presunción de haber sido construidas irregular o ilícitamente.
Debido a ambas situaciones anteriores y que son de uso común en el sistema de justicia actual, los mismos jueces y procuradores fiscales, se convierten en una retranca que impide el ejercicio funcional de la aplicación de justicia en materia de preservación de los derechos ciudadanos y se incita a que se ejerza la arbitrariedad de “presos preventivos”, cuando el mismo sistema de justicia prevé, que lo correcto debe ser la presunción de inocencia en todo caso y para impedir los abusos de autoridad representados en condenas carcelarias que no resisten la menor aplicación.
¿Dónde está la demostración patética de toda esta irregularidad institucional? En el supuesto mecanismo de refugio institucional, por el cual, el presidente de la República en ejercicio deserta de sus obligaciones en la aplicación de la justicia administrativa que le corresponde y haciendo que quien sea procurador general, se convierta y paralelamente, en un abusivo como arbitrario e ilegal Poder Ejecutivo clonado, que genera mucho mayores afectaciones del Estado de Derecho.
En conclusión, los dominicanos debemos de hacer todo lo sensatamente útil para preservar la libertad de escogencia y como el único modo de que las autoridades de elección no ejerzan una autoridad usurpada y en base a groseros juicios paralelos mediáticos que son la pantalla encubridora de una partidocracia, que institucionalmente, se ha convertido en el peor cáncer que tiene la sociedad actual al anular el libre albedrío y la libertad de escogencia ciudadana.
¿Lo ideal?, que quien sea presidente de la República se le institucionalice por seis años continuos, su ejercicio de administración, que los legisladores y regidores como autoridad municipal, sean electos un año después de las elecciones presidenciales y todos, por un periodo no mayor de cinco años y sin que nunca se pudiera colocar de nuevo la reelección y aboliendo en esta materia el dudoso principio, de que una asamblea nueva puede variar lo constitucional efectuado por otra anterior y lo más importante, que cada periodo electoral, los partidos políticos tengan representación política totalmente alejada del concepto tan manido de “partido de gobierno “o “partido de oposición”, quitando el supuesto derecho a plantear como suyo, los votos obtenidos por los candidatos que circunstancialmente ellos les registraron como tales y dándole de ese modo el peso decisivo ciudadano, de que nadie pudiera reestablecer el antijuridico y arbitrario sistema de elección absolutamente no garantista de la libertad, representado por un populismo abusivo y arbitrario y tanto a nivel político como mediático.
¿Se entiende porqué hablamos, de que cuando un sistema político llega a cierto nivel de crecimiento, se imponen los controles institucionales de contrapeso para que el mismo no se desnaturalice y se llegue a un Estado infuncional peligroso que afecte la gobernabilidad y los derechos civiles y ciudadanos de elección directa? (DAG)
NOTA: La imagen fue creada por la Iglesia Bautista de La Romana
