viernes, noviembre 26, 2021
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De establecerse realmente el fideicomiso para la operatividad de la policía, deberá acabarse el afán de lucro que hasta ahora aprisiona a su plana mayor y a muchos de su oficialidad

Cada vez que el gobierno de turno efectúa cambios de generales dentro de la cúpula policial, el discurso siempre es el mismo y caracterizado por hacer creer que el nuevo director general será mucho mejor que el anterior, cuando en la práctica y hasta ahora, todos sabemos que serán palabras que se las llevará el viento, al tiempo que con ese apoyo cómplice mediático dentro de los medios de la prensa mercancía, se inicia de inmediato el sinuoso cambio de lealtades y con fines de que el nuevo director no les quite los irritantes privilegios que el cartel mediático especializado en brindarle protección al jefe y a los nuevos jefes se mantenga sin cambios significativos.

Y al hablar de protección mediática a quien sea director policial, es el mismo concepto y política de gran corruptela mediática a favor de altos cargos públicos y tanto en el gobierno central como en organismos descentralizados, donde a tanto por palabra, determinados altos cargos periodísticos logran despejar el camino que adversarios internos les presentan a los jefes policiales y con el solo afán de hacerles fracasar y por lo que para ello, existen tarifas determinadas para cobertura en la prensa escrita, la radio, la televisión y ahora en las redes.

A partir de esta realidad objetiva, es que muchos entendemos que debe de entenderse el afán de lucro desmedido dentro de la plana mayor policial y lo que abarca al grupito de suplidores y sus empresas millonarias que en los últimos 25 años y como herencia directa de los gobiernos de Joaquín Balaguer, se han repartido con gran desenfado los presupuestos del Estado para la policía, al tiempo que se creara un verdadero cartel de compra y venta para suplidores, en el que el 30% era el porcentaje módico a repartir entre esa mafia y la dirección policial de que se trate.

Por esa razón y si se busca o mejor dicho, si se le hiciera una auditoría forense a todos los jefes policiales, inspectores generales y miembros de las tantas planas mayores y en todos estos años, se podría descubrir y por el hecho de que ninguno de los investigados podrían justificar, el cómo con un ingreso mensual por individuo entre 20 a 60 mil pesos mensuales de salarios, determinados oficiales podrían tener los cuantiosos bienes, activos y capitales en efectivo de más de 200 millones de pesos promedio que la mayoría tiene.

De ahí que haya que aplaudir la iniciativa del presidente Luis Abinader al crear la figura del fideicomiso policial, que garantiza, que dentro de la policía ya no habrá departamento de compras y que la actividad del departamento de contabilidad se ajustará a asuntos de personal, dado que el banco comercial a cargo y el comité de compras subsiguiente, serán quienes tendrán que ver con ese tipo de asunto y de erogaciones.

De esto suceder efectivamente, entonces los contribuyentes podremos respirar tranquilos respecto a que ese 54.5% de perdidas de presupuesto que hasta ahora alimentaba al cartel policial de suplidores y contratistas de servicios de todo tipo, serán dineros que serán utilizados y como nunca, a favor de la logística policial y sin que ningún director o jefe pudiera meterse en ello.

¿Qué quedaría pendiente?, el como lidiar con la “tradicional” extorsión policial por “servicios prestados”, que afecta directamente a cada ciudadano de clase media que necesite de algún servicio policial por asuntos de robos, crímenes o dilucidar cualquier delito que afecte cualquier persona u hogar y quienes son víctimas directas y en la mayoría de los casos, por los mismos policías que supuestamente van ayudarles a resolver el problema de seguridad que angustie al ciudadano que solicite ayuda policial y también la otra “corrupcioncita” en los centros hoteleros, donde es público, que quien encabece la policía turística y sus oficiales, todos tienen alojamiento, comida y bebidas gratis.

¿Por qué este tipo de caso siempre tiende a quedar pendiente?, porque el otro cartel, el mediático, que provee cobertura “noticiosa” para mejorar la imagen pública, sea de la institución o de sus jefes, solo se hace presente si la policía o el jefe de que se trate le hace determinadas “atenciones” con regalos de todo tipo, salarios clandestinos o asignaciones  de policías y estos, como guardaespaldas y sirvientes domésticos, aparte de las armas que también hay que proveerles como por igual, carnets de asimilados para la mayoría de los reporteros que son enviados “a cubrir la fuente policial” o lo otro tan vergonzoso, de reporteros y altos cargos de medios atendidos generosamente “y en todo” en el club de oficiales y en la demarcación o comando de que se trate y lo más grave, contando con la aceptación de sus dueños, los barones mediáticos.

Entonces y conociendo esta realidad, muchos quedamos esperanzados de que el aparato de propaganda del gobierno se ocupe de desmantelar la mafia periodística a la que hacemos referencia, pues estamos seguros, que de lograrlo, será un hecho, que el fideicomiso policial podrá funcionar y que un gran espíritu de limpieza moral penetrará la policía, al tiempo que a sus efectivos se les mejoren sus salarios y la logística que debe proveerles de uniformes, así cómo las atenciones de salud y una mejora sensible en el trato y comportamiento hacia las mujeres policías, la gran mayoría, madres y tanto casadas como solteras.

También y esto es importantísimo que se entienda, que muchos sectores y ciudadanos, razonan, que el otro grave nicho de corrupción institucionalizada se encuentra en la caterva de exjefes y oficiales superiores en retiro y quienes al ir a la institución a la que pertenecieron y como pedro por su casa, son los agentes activos del proselitismo político y del tráfico de influencias y lo que hay que erradicar absolutamente.

Planteamos todo esto y si es que dé a verdad el accionar moralizante de Abinader será acatado por todo el cuerpo policial y los “agentes externos” que viven de la policía y que constantemente la corrompe, lo que, dicho sea de paso, también debería llamar la atención de la comisión de ciudadanos que el presidente nombrara honoríficamente y con el interés y propósito, de que llegó la hora del saneamiento policial de a verdad y no solo cosmético como era antes. Y lo que nos hace decir, que, de establecerse realmente el fideicomiso para la operatividad de la policía, deberá acabarse el afán de lucro que hasta ahora aprisiona a su plana mayor y a muchos de su oficialidad. (DAG)

 

 

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