El profundo irrespeto que nuestros políticos tienen al estado de derecho y a las normativas de continuidad del Estado y al momento de que llegan al poder, es uno, de suyo desconcertante, que no da espacio ni siquiera para que se les entienda racionales.
Por ejemplo, el sistema de seguridad de auxilio medico conocido como el 911, pero que todos llaman “9.1.1” fue creado en la gestión anterior del presidente Danilo Medina y con el solo propósito de que la población contara con un servicio de asistencia medica de urgencia que fuera una innovación a favor de la ciudadanía.
Con esa mira se hizo una fuerte inversión millonaria en dólares estadounidenses y se creó una estructura física y humana, de la que hubo un momento que todo el mundo se sentía orgulloso. Ambulancias y equipos de nueva generación y todo un personal médico y para médico que, junto a una infraestructura de comunicación al instante, daba garantías de atender a todo aquel que necesitara de sus servicios.
Incluso, entre sus instalaciones había una unidad de preatención hospitalaria de primera generación y la que desde hace dos años nunca fue utilizada, hasta que hace seis meses la rectoría de la UASD en la gestión anterior logró que el gobierno se la cediera.
Estamos hablando de una unidad tan moderna, que tiene un centro de simulación para que estudiantes de medicina pudieran aprender a detectar los daños que en el cuerpo humano se producen a raíz de todas clases de accidentes y problemas físicos. Nada de eso y en los últimos dos años fue utilizado por el gobierno del PRM, prácticamente se tiró al abandono y junto a ello, se afectó seriamente la inversión millonaria que se había hecho con los dineros de los contribuyentes.
Es así, que enterada la rectora Emma Polanco de semejante desperdicio de equipos y tecnología, logró que la unidad completa fuera transferida a la UASD donde allí se acaba de abrir “un Centro de Simulación, el que actualizará la vanguardia médica a nivel nacional y llevará las tecnologías quirúrgicas y prácticas a una experiencia previa antes del contacto con los pacientes”. Por lo menos, se han rescatado todos esos equipos e instalaciones, pero al costo de haberse devaluado en su costo y valor real.
Igual ocurre, pero en otra dimensión con la oficina que tiene que ver con el registro de nombres ONAPI, en la que ahora, quien quiera registrar uno y ya establecido de años, absurdamente se le exige que presente facturas de los últimos cinco años como “prueba testimonial de su existencia” y lo que es un absurdo absoluto, toda vez que se trata de la renovación de un registro y no de la constitución de una compañía que para ello debe ajustarse a los requerimientos de Hacienda y la DGII.
¿Porqué se está cometiendo este abuso, de hecho, denegación absoluta de un nombre ya registrado?, porque parecería que, a espaldas del nuevo director de la entidad, a lo interno hay un mercado negro de compra y venta de registros “caducados” y lo que no solo es un abuso mayor, sino un intento de denegación de la propiedad de estos. ¿Quién podría corregir esta grave situación? (DAG-OJO)
