Todavía no se entiende el por qué el auditor que está al frente de la dirección de la policía ha decidido calcar los pasos, políticas y sistemas anti-pueblo que han caracterizado a la policía nacional desde los gobiernos del PRD y PLD y al PRM.
O se trata de una incapacidad congénita para saber desenvolverse dentro de un estado de derecho y no en una dictadura, o simplemente, la corrupción que atenaza a la policía ha llegado a niveles tan amplios, que a sus efectivos ya no les basta dirigir la criminalidad social desde los cuarteles en los barrios de las ciudades y han entendido que deben utilizar el pandillerismo barrial como su arma de reglamento para dividir a la sociedad y afectar la convivencia social.
De una u otra forma, ante el ominoso anuncio policial, no entendemos el porqué la ciudadanía y todas las expresiones de nuestras fuerzas vivas y la sociedad civil aun no le han salido al frente al desagradable anuncio policial que solo habla de más muertos, abusos de poder y crueldad policial extrema.
Y la preocupación es lógica, cuando se conoce que una parte de los cuarteles policiales de las ciudades o en provincias y en particular en zonas turísticas, en la práctica han sido convertidos en horas de la noche en lupanares que compiten con los peores prostíbulos y en donde las aberraciones más absurdas se efectúan impune y alevosamente.
Con estos apresamientos por simple sospecha, la extorsión policial llegará a niveles antes no vistos y los ciudadanos apresados serán victimas de los mayores abusos policiales. No entendemos el por qué desde el Palacio Nacional no se revoca la abusiva decisión, puesto que la misma, directamente va dirigida a afectar la popularidad presidencial con la cuota de muertos, ira, abuso y dolor que la decisión dejará de rastro. Hay tiempo para hacerlo. Tratar al país como territorio enemigo ocupado, no es la mejor de las politicas. (DAG-OJO)
