Cada septiembre la discusión económica dominicana comienza a mirar hacia el año siguiente. Es una tradición presupuestaria y, al mismo tiempo, parte del ciclo establecido para la formulación, discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado: el ministerio de hacienda prepara el proyecto, el presidente de la República lo somete al Consejo de Gobierno para su conocimiento y aprobación y posteriormente lo presenta al Congreso Nacional para su discusión y aprobación como ley.
Es práctica rutinaria que la discusión presupuestaria preste mucha atención al tamaño del presupuesto, así como a su distribución, y poco o nada a una pregunta que considero más importante: ¿cuánto de los recursos públicos queda realmente disponible para hacer gestión pública con la finalidad de atender las expectativas ciudadanas?
La pregunta no es menor. Un presupuesto puede crecer en términos nominales y, sin embargo, ofrecer cada vez menos capacidad de decisión si una proporción creciente de sus ingresos ya está comprometida antes de que comiencen a discutirse las nuevas prioridades del Gobierno.
Remuneraciones, intereses de la deuda, transferencias y otros gastos recurrentes no desaparecen porque cambien las prioridades políticas. Algunos tienen protección legal; otros responden a compromisos institucionales, contractuales o económicos cuya modificación inmediata tiene costos importantes. Por eso, conocer cuánto se gasta no es suficiente. También hay que saber cuánto del gasto puede modificarse y cuánto llega predeterminado.
El clasificador presupuestario, particularmente la clasificación objetal, permite aproximarnos a esta cuestión porque identifica la naturaleza específica de las erogaciones públicas: remuneraciones, contratación de servicios, materiales y suministros, transferencias, inversiones y gastos financieros.
Comprender los niveles de carga presupuestaria permite aproximarnos a los límites efectivos del presupuesto y, por esa vía, a su grado de rigidez. Para ello he construido tres categorías: carga fija, carga rígida y carga comprometida.
La carga fija comprende remuneraciones y contribuciones más gastos financieros. Son obligaciones con reducida capacidad de ajuste en el corto plazo.
La carga rígida agrega determinados gastos recurrentes de difícil reducción inmediata: servicios básicos, alquileres y rentas, seguros y transferencias corrientes.
La carga comprometida incorpora además la disminución de pasivos, es decir, la amortización de la deuda. Esta última no es gasto público en sentido económico y contable: reduce un pasivo previamente contraído. Sin embargo, sí exige recursos de caja y, por tanto, limita la disponibilidad financiera del presupuesto. Por esa razón la mantengo separada del gasto y la incorporo únicamente en esta tercera métrica.
Para medir estas cargas utilizo como denominador los ingresos corrientes. La razón es de naturaleza de concepción económica, porque son los recursos que el Gobierno obtiene regularmente y constituyen una aproximación más adecuada al flujo de recursos con el que realiza su gestión ordinaria.
Evolución de las cargas
La carga fija: el presupuesto comienza con más de la mitad comprometido. El primer nivel revela una tendencia que merece atención. En 2014, remuneraciones, contribuciones y gastos financieros representaban 47,9% de los ingresos corrientes. En 2025 habían subido a 51,2% y para 2026 el presupuesto aprobado lleva esa proporción a 52,4%, significando que por cada RD$100 de ingresos corrientes previstos para 2026, RD$52.40 tienen prácticamente un destino predeterminado: pagar al personal público y atender el costo financiero de la deuda pública.
De lo anterior se deriva que cuando comienza la discusión de las prioridades presupuestarias, el Gobierno no dispone de los RD$100 completos. Más de la mitad ya está comprometida por obligaciones cuya reducción inmediata no resulta sencilla.
Pero la carga fija todavía no muestra toda la restricción presupuestaria, también tenemos la carga rígida, donde el espacio de decisión se hace mucho menor. Cuando incorporamos servicios básicos, alquileres, seguros y transferencias corrientes, la carga pasa a ser de fija a rígida, misma que llega en el 2026 a 95% de los ingresos corrientes.
La diferencia respecto de la carga fija es reveladora. No estamos diciendo que esos gastos sean todos jurídicamente inamovibles. Estamos señalando que tienen una capacidad de ajuste considerablemente menor que un gasto discrecional. De cada RD$100 de ingresos corrientes, aproximadamente RD$95 quedarían absorbidos por estas obligaciones.
Aquí aparece una conclusión importante: el problema de la rigidez no consiste necesariamente en que el Estado gaste demasiado, sino en que una proporción creciente de sus recursos tiene poca capacidad de reasignación.
Esto ayuda a entender por qué aumentar el presupuesto no equivale automáticamente a aumentar la capacidad de hacer política pública. Si el incremento de los ingresos es absorbido por compromisos recurrentes, el presupuesto puede ser mayor y, al mismo tiempo, tener prácticamente el mismo —o incluso menor— espacio de decisión.
Si a la carga rígida le imputamos de determinadas obligaciones fiscales, se convierte en carga comprometida y es donde aparece también que hay que pagar el principal de la deuda. La tercera métrica agrega la amortización de la deuda y eleva la carga a 103,7% de los ingresos corrientes en 2026.
Aquí hay que hacer una precisión importante: la amortización del principal no es gasto público en sentido contable; es una aplicación financiera que reduce un pasivo previamente contraído. Sin embargo, sí demanda recursos de caja. El Estado debe disponer del dinero para pagar el principal que vence.
Pero que los ingresos corrientes no alcancen para cubrir esta carga no significa que el Gobierno tenga que generar un superávit corriente equivalente para poder amortizar la deuda. El presupuesto contempla fuentes de financiamiento, entre ellas nuevo endeudamiento, que permite cubrir las amortizaciones que vencen, financiar parte del déficit presupuestario y atender otras aplicaciones financieras previstas.
De ahí surge una cuestión fundamental: la deuda nueva no solamente puede financiar nuevas necesidades del presupuesto; también puede utilizarse para pagar deuda vieja que llega a vencimiento. Cuando esto ocurre, se produce una renovación o refinanciamiento de las obligaciones.
Por eso, la tercera métrica no pretende afirmar que el Gobierno deba cubrir el 103,7% exclusivamente con ingresos corrientes. Lo que muestra es algo distinto: antes de decidir sobre nuevas prioridades, el presupuesto enfrenta obligaciones cuyo financiamiento requiere combinar ingresos propios con recursos provenientes del endeudamiento y otras fuentes financieras.
El verdadero indicador es lo que queda del presupuesto. Aquí está, a mi juicio, la verdadera importancia de estas métricas. Por: Haivanhoe CortiEsto ayuda a entender por qué aumentar el presupuesto no equivale automáticamente a aumentar la capacidad de hacer política pública. Si el incremento de los ingresos es absorbido por compromisos recurrentes, el presupuesto puede ser mayor y, al mismo tiempo, tener prácticamente el mismo —o incluso menor— espacio de decisión. Por: Haivanhoe Ng Cortiñas (Listín Diario)
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