Desde el primer momento que se instaló al frente del gobierno de la República, al presidente Luis Abinader se le puntualizó que le sería extremadamente difícil romper con una cultura de apoderamiento de casos y tal como si estos fueran de uso particular de los seis principales cargos dentro de la Procuraduría General de la República.
Prefirió en cambio atender los variados intereses de una multitud manipulada por los medios de comunicación y de información de masas cuyos empleados directivos querían tirarle una canana al presidente del gobierno anterior, queriendo que se nombrara como titular de la Procuraduría General, a una conocida exjuez de la Suprema Corte de Justicia y tenida por esos intereses, como lo más parecido a Santa Teresa de Calcuta y después que fuera groseramente acorralada por su antecesor, en un examen de aspirantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
En realidad, no era que la dama fuera el último refresco en el desierto, sino que siendo una alta burócrata en asuntos judiciales y con la aureola de supuesta o aparente izquierdista y hasta tenida como una feminista de pelo en pecho con ideas liberales muy a tono con ese liberalismo sexual de uso en determinados estamentos dentro de la alta burocracia de este país, se le entendía como la candidata idónea o confiable para el cargo.
Por lo tanto, estamos hablando, que de ser designada y como lo fuera, de entrada, se encontraría con un largo collar de deudas emocionales asociadas, que por más que se mirara y si no tuviera tacto en su actuación, tendría una autonomía extremadamente limitada. Y lo que en efecto se ha visto.
De ahí que su primera decisión y actuación fue el designar a una representante del activismo o colectivo burocrático más aguerrido dentro del ministerio público en provincias y la que al mismo tiempo, se le entendía protegida de un pasado expresidente que ahora quiere disputarle el cargo al mismo presidente Abinader y al hacerlo, la nueva PGR labró su propio calvario.
Luego y para darle realidad a su viejo criterio sobre una negritud maniobrable en la que el resentimiento siempre está a flor de piel y siendo ella misma, la PGR una mulata sensible a ese tipo de discusión estéril y en un país de negros y mulatos, designó a un fiscal sucedáneo como tercero en la jerarquía de la institución y para que ambos den rienda suelta al manido concepto guerrerista que el periodismo amarillista quería ver asumiendo y una lucha de acorralamiento contra la corrupción, pero desde el ámbito del gobierno anterior preferentemente.
Precisamente y porque toda la atrapada opinión pública solo ha estado interesada en conocer los primeros desafíos que desnude la supuesta moral de algunos tartufos, ahí el sonado caso del exprocurador general anterior y todo lo que significa “picarle de cerca” al expresidente del gobierno anterior, la nueva PGR creyó que dio en el blanco y en lo que parecería que quiso entender que representaba su viejo alegato de lo que debe de ser “la independencia del ministerio público frente al Poder Ejecutivo”.
Y como el Diablo no descansa, en estos momentos la funcionabilidad propia de la PGR se ha convertido en una verdadera olla de grillos y en la que de improviso y a la par de efectuar sonadas cacerías contra representantes de la autoridad pública anterior y asociados al poder ya aparentemente ido, ha trascendido y como accionar desconcertante para algunos puritanos, que desde el seno de la alta burocracia contra la corrupción, estalle un expediente sobre pagos de propiedades públicas como dación en pago a deudores de expedientes de expropiación del Estado.
Es de este modo y de golpe y lo que todavía ni la misma prensa mercancía amarillista ha podido asimilar, que truena el escándalo de más de 12 mil millones de pesos a los que interesados quieren echar mano y generando de paso, una seria interpretación de conflictos de intereses entre áreas del ministerio de Hacienda frente a las subautoridades de la PGR, proceso que de darse a favor de los perjudicados por el Estado, podría generar el más sonado caso de corrupción administrativa en el gobierno actual y lo más notorio, sin que el presidente Abinader hubiese tenido autoría en el mismo.
El Diablo continuó moviéndose y manejando a distancia a sus títeres, cuando de pronto, se produce el destape de quien es el abogado responsable del expediente en su área de defensa o reparación de daños y quien por ser un escribidor semanal en un matutino local y de amplias relaciones con el poder, no le queda otro camino que el salirle al frente a las viperinas que empiezan a señalar el terrible mal olor, de lo que parecería un horno de inmoralidad, está presentando y desde que se conoce que el supuesto expediente de pago, está fundamentado en bases falsas y con documentos no válidos, que ya apuntan a pura prevaricación.
Como el abogado manejador del expediente, sabe escribir y es muy controversial, de inmediato se lanza al debate recién creado y ofreciendo sus argumentos, pone a pensar a muchos y en el sentido de cuanto hay de culpa en el manejo del ministerio público sobre el expediente en cuestión y lo que se agrava, cuando desde medios de la prensa mercancía amarillista, se tira a correr la probabilidad de enfrentamientos internos, entre los dos principales subprocuradores entre sí y también entre estos y la jefa titular.
Así se tiene, que el escándalo está servido y ahora el asunto llega con ribetes de interpretaciones inquietantes al mismo despacho presidencial, ya de por sí cargado por tantos conflictos de interpretación que le rondan. Por lo pronto, se plantea, de si no sería políticamente aceptable remover a quienes dentro del ministerio público podrían tener alguna responsabilidad frente a un expediente que debió de haber sido mejor manejado y por el que ahora y al estar involucrado el ministerio de Hacienda, obliga al Poder Ejecutivo a ofrecer su opinión determinante y aquí la pregunta: ¿Habrá llegado el momento de que el presidente Abinader se haya dado cuenta, de que su política liberal de mayor independencia del ministerio público central y en un país tan dado a los hechos moralmente cuestionables, es hora de revisarla y desde luego, de recomponerla? Si se piensa en la probabilidad de la reelección constitucional, parecería que el asunto no es baladí y en lo que, por tal encrucijada, solo el mandatario estaría llamado a decidir.
Mientras, es evidente que se plantea el dilema de Abinader. Quiere un ministerio público más independiente, pero la lucha por hegemonías entre sus altos cargos, lo hace cada vez más difícil. (DAG)
