Llegado al gobierno, el PRM asumió que –en parte– había ganado por el apoyo de las redes sociales y sus influencers. En esa lógica, la estrategia correcta era privilegiar la asignación de recursos a quienes hacían opinión a través de redes, relegando a un segundo plano los medios tradicionales.
Lo de la efectividad de la estrategia habrá que medirlo… La derrota del proyecto de reforma fiscal reveló el escaso nivel de eficacia de los influencers al momento de construir, difundir e interactuar con contenidos técnicos de alto nivel, vs. los generados por los medios tradicionales, que si podían razonar y desplegar un contenido más “creíble” y con mayores niveles de “seriedad” que lo expresado por cualquier individuo con muchos seguidores y poco conocimiento técnico en la materia.
En esa delgada línea donde se confundió el agradecimiento con la lealtad; el respeto por el miedo; los agravios con el “deja eso así”, etc.; fue que se construyó (y financió) la política de aguantar cualquier crítica generada desde las redes; y, en vez de salirle al frente con datos, prefirieron callarlas con favores, anuncios y sobres de manila.
La llegada de las redes sociales permitió que los mismos que antes difamaban en pasquines o grafitis en paredes, ahora lo hicieran en las plataformas sociales; a veces anónimamente, y a veces amparados por historias inventadas que daban visos de credibilidad a las afirmaciones.
Que conste, que la abrumadora mayoría de quienes usan las redes expresan su opinión decente, abierta y frontalmente; que es legítimo percibir ingresos por generar y difundir contenidos, aún sea bajo contrato; y que, así como hay mala educación o falta de rigor académico/investigador en algunas publicaciones, así también las informaciones –buenas o malas– se quedan ahí… y a veces hasta se recogen.
El problema ha sido la aparente instrumentalización de las redes por parte de algunos individuos que han asumido la falta de educación como práctica; lo vulgar como norma; la difamación como política; y lo temerario como modus operandi… y funcionarios que financian eso.
En algunos casos, el asunto se complica cuando se hacen acusaciones que, no sólo suponen afrentas al honor y la dignidad del agraviado, sino cuando también le imputan la comisión de hechos prohibidos por las leyes penales, sin aportar pruebas.
Que contra el supuesto investigador Ángel Martínez pesen ahora ocho querellas –interpuestas una ministra, un ex ministro, una ex viceministra, diputados, empresarios o periodistas–, evidencia que el tiempo se “dejar eso así” ha terminado; pero también que la más alta instancia ha brindado el apoyo moral que avala y legítima esas acciones… por lo menos en el plano político.
El honor se defiende en cualquier terreno y no necesita apoyos ni permisos de nadie, sí; pero reconforta sentir el máximo aval; quizás porque también significa que la época de ignorar y olvidar agravios impublicables e infundados –y de premiar y financiar a los agraviadores–, ha pasado. Por: Federico A. Jovine Rijo (Listín Diario)
Nota de la redacción: Al autor se le olvidó que el mecanismo degradante de hacer de los ataques al honor de las personas y su colateral de difamación e injuria se originó en los más de 30 años que los periódicos escritos ejercieron el monopolio de la opinión y al grado de utilizar prestanombres que vilipendiaran a terceros con los peores epítetos e imputaciones y por lo que hubo tiempo para los años treinta del pasado siglo, que rotativos y como el mismo en el que el autor publica, un subdirector, Colé Pellerano, fue asesinado por un indignado lector de apellido Paradas y el que se entendió difamado. (DAG-OJO)
