El espectáculo de los propietarios de comercios, directores de banco y hosteleros tapiando sus escaparates o preparándose para cerrar sus negocios ante las amenazas por internet de unos grupos indeterminados, de ideología antisistema o, como en el caso de Bilbao, recipiendarios de la violencia nacionalista etarra, que se identifican con el pillaje, demuestra a las claras la pérdida de la confianza social en el Gobierno y en las instituciones, más aún, cuando desde los organismos de Seguridad del Estado no hay ninguna voz capaz de asegurar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden, que son los pilares de la libertad de los ciudadanos.
Con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desaparecido de la esfera pública, y solicitando por carta a la Delegación del Gobierno de Madrid el levantamiento de la protesta de Sol, ni siquiera la rápida actuación policial, que ha detenido a los supuestos cabecillas de la convocatoria a los desórdenes en las principales ciudades, ha podido llevar la calma a un sector de la ciudadanía que ha optado por protegerse, en lugar de confiar en las disposiciones preventivas de las autoridades.
Ciertamente, nadie puede garantizar la seguridad absoluta, pero sí el mantenimiento de unos mínimos de normal convivencia ciudadana, que pasa necesariamente por el control de las calles y plazas de nuestras ciudades para el disfrute de vecinos y visitantes.
Es ahora cuando el Ejecutivo debería reflexionar sobre las consecuencias de actuar como aprendiz de brujo, alentando la toma de la calle por unas supuestas fuerzas de progreso, con el único objetivo de calentar el ambiente preelectoral y movilizar a unos votantes a quienes, dicho sea de paso, se insulta por considerarles propicios a justificar la violencia.
No negamos que pueda haber individuos que encuentren legítimo acosar a quienes no comparten su misma ideología, incluso, en las filas del Consejo de Ministros, pero hablamos de minorías sectarias que no cambiarán el sesgo de las próximas elecciones. Lo cierto es que desde el ámbito gubernamental sanchista se ha dado pábulo a una política equívoca sobre el orden público que ha llevado a los sindicatos policiales a denunciar la falta de instrucciones claras, dictadas en tiempo y forma, que levanta inevitables suspicacias entre la opinión pública.
Luego, cuando las imágenes de contenedores y coches en llamas, de asaltos a comercios y de enfrentamientos con la Policía llenan las redes sociales para espanto de los ciudadanos del común, desde la izquierda se habla de oscuras operaciones de la derecha o, rozando el ridículo, como el caso de la diputada Ione Belarra, se acusa a “policías infiltrados” de azuzar a los violentos.
Por supuesto, no se trata de analizar ahora ni la naturaleza ni las supuestas reivindicaciones de esos movimientos antisistema, en buena parte surgidos como émulos de los alborotadores de París, porque solo desde un punto de vista académico, que no es el caso, se deben buscar explicaciones a la violencia. No. De lo que se trata es de exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con una de sus primeras y principales obligaciones, como es garantizar la seguridad de las vidas y bienes de los ciudadanos, con independencia de intereses políticos. Editorial La Razón.
