Siempre ocurre, que cuando se llega a los dos años de un mandato presidencial de cuatro y mucho más si y como es el caso, la misma Constitución de la República, autoriza la reelección por una sola vez, que el gobierno de que se trate y ahora el de Luis Abinader, empezara por realizar un estudio contable de fuerte auditoría política forense, de la cual sus mejores resultados pudieran ser, que el presidente Abinader recuperara el control directo de su gobierno y sencillamente, porque de ahora en adelante, de cuanto haga o diga o de como se muestre, dependerá o no que pueda jugar un buen papel triunfador para las elecciones de mayo de 2024.
Es menester realizar la puntualización, viendo el delicado derrotero que han tomado determinados funcionarios de su entorno, quienes llevados de una prepotencia personal y abusos de poder extremadamente preocupantes, creen o consideran, que sin importar lo que hagan, sus gestos, palabras y hechos no tendrán consecuencias políticas directas y porque entienden que solo el gobernante tendría que estar en actitud de encarar y dado que en política, todos los errores, acciones y hasta omisiones tienen consecuencias políticas que deben ser encaradas a lo inmediato.
En este sentido, el joven presidente debería de entender, que, a diferencia suya, todos sus funcionarios son reemplazables y por eso es por lo que muchos de ellos y como a ocurrido en anteriores gobiernos, generan o protagonizan tales excesos, sabiendo que ellos no tendrán que lidiar con las consecuencias y las que, a su sentir, con la simple renuncia o que los cancelen, es suficiente para eludir responsabilidades y quedar luego como especie de mirlos blancos a quienes nadie pudiera pedirles cuenta.
Sobre este particular y para empezar ir buscando una salida viable a los excesos de muchos de sus funcionarios, de los que hace rato debió rotar en la administración pública o simplemente remover y para darle oportunidad a otros dominicanos de mayor preparación y valer, que si con cada retirado del aparato público, a este se le aplicara de inmediato el eficaz juicio de residencia que en tiempos de la Colonia se le tenía a los funcionarios públicos, rápidamente se podrían incoar las vías de derecho y para procurar, primero, que hasta que no rindan cuentas sobre sus actos y decisiones públicas no podrán salir del territorio nacional en tanto por no menos seis meses deberían de estar dando explicaciones sobre los hechos administrativos de los que fueron responsables.
Cómo hemos visto, en este gobierno se han dado no más de seis separaciones de funcionarios de los cargos que ocupan y en la mayoría de los cuales, dejando la desagradable impresión de haber cometido algún tipo de irregularidad que debería ser dilucidada ante los tribunales de la República y, sin embargo, ninguno ha sido procesado y lo que hace ver o entender, que en esta materia existe una moral laxa en el Palacio Nacional, que permite la separación del cargo y no su castigo. Para colmos, los cancelados tienen ingresos por via de otras fuentes gubernamentales y el solo presumir esto, conlleva mirar directo y con cejas enarcadas hacia el sillón presidencial.
Para colmos, ya se conoce y que corre por los pasillos del poder, que el gobierno ha sido prácticamente entregado a empresarios y mercaderes y que por ello es que hay tanto fracaso y pillaje en el ente y para poner un caso, de la energía y en concreto, en el desastre financiero que para el país ha significado, el fideicomiso de tránsfugas y asaltantes de cuello blanco que controla la administración de las plantas Punta Catalina y al grado, de que solo por decisiones equivocadas tomadas en lo atinente al nivel o pérdida de energía, “ha producido casi 22% menos que bajo mi administración, lo cual representa para esa empresa una pérdida anualizada de 66.3 millones de dólares. A ese deterioro del beneficio, hay que añadir que la imprevisión e incompetencia en la compra de carbón durante la administración de Celso le ha costado al país alrededor de 320 millones de dólares, equivalente a 18,240 millones de pesos” y que dicho por su administrador anterior y viendo los magros resultados del nuevo, obligan necesariamente a que Abinader se pregunte el cómo ha sido posible este desastre y cuanto del mismo le tocaría a él por responder.
Por lo que hemos visto, parecería que nuestro joven presidente es un hombre ingenuo al tomar ciertas decisiones de Estado y que tienen que ver con la colocación de personas que no son las adecuadas para dirigir ciertos entramados administrativos, lo que debería serle suficiente y para entender qué debe de corregir. Sin embargo, no lo hace o lo demora.
Igualmente, llama la atención, que el primer mandatario permita el uso del Palacio Nacional, para que funcionarios nombrados por él y quienes para pretender ocultar sus incompetencias, presentan desusados ataques políticos directos contra expresidentes o que en el caso de la procuraduría general de la República, al erario se le ocasione una pérdida de más de seis mil millones de pesos y simplemente, porque la incumbente actual decidiera, que el complejo carcelario Las Parras se dejara destruir y como justificación para mantener el peso de acusaciones penales contra su inmediato antecesor.
Y como si lo anterior no fuera suficiente como para que Abinader se sacuda y recuerde, que en política de Estado no hay amigos y tampoco enemigos y sí solo intereses, por lo que en función de estos, puede remover o cancelar funcionarios que a su criterio le estén creando problemas para su propio camino electoral y hablamos, en el supuesto de que realmente Abinader quiera ir a su reelección constitucional, que ahora haya que toparse con el nicho de los traficantes o intermediarios del poder, quienes al tener acceso al despacho presidencial, pueden abogar sobre determinados casos de otros ciudadanos y los que dependiendo de la decisión presidencial, podrían tener o no resultados.
Hasta ahí la diligencia es buena, pero ¿y qué decir, cuando se trata de sacarle provecho económico a la mediación? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo y como lo dice el dicho popular, y el intermediario o traficante de influencias quiere lucírsela. Sabemos del caso, de alguien que buscó a otros para que les sirvieran de puente para resolver una situación de administración de Estado y ya Abinader habiendo tomado la decisión, ahora los intermediarios le ocultan al interesado lo que realmente se decidió y cuando tan fácil fuera que el presidente hiciera llamar directamente al reclamante y de ese modo, comprobar por sí mismo, si lo que se le dijo era cierto o correspondía al interés del que le hablaba.
Lo que nos indica, que hasta en mínimos detalles y en apenas dos años, Abinader haría lo correcto en reevaluarse y de ahí que digamos, que el presidente haría bien en revisar todo su accionar de Estado y replantearse un remozamiento cauto de un gobierno que requiere auxilios. Con Dios. (DAG)
