La justicia dominicana ha avanzado en institucionalidad, formación judicial, independencia y tecnología, pero para el ciudadano común todavía puede ser lenta, costosa y desigual.
Ese fue uno de los diagnósticos centrales expuestos por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el abogado penalista Miguel Valerio y el jurista Francisco Álvarez Martínez, durante el tercer programa de “Balance: 16 miradas para el 16”, especial de CDN 37 dedicado a revisar los principales desafíos del país cuando el Gobierno del presidente Luis Abinader se aproxima a cumplir seis años.
El episodio estuvo enfocado en una pregunta directa: si una persona común necesita justicia, ¿la encontrará a tiempo y en igualdad de condiciones, sin importar su nivel económico, influencia o capacidad de defensa?
- Antoliano Peralta, Miguel Valerio y Francisco Álvarez Martínez coincidieron en que la justicia dominicana ha mejorado, pero aún arrastra fallas estructurales.
- La lentitud, el alto costo de litigar y la desigualdad de acceso siguen afectando al ciudadano común.
- Los expertos alertaron sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y el riesgo de que grandes expedientes de corrupción se extingan por el paso del tiempo.
La evaluación inicial fue moderadamente favorable. Peralta otorgó 7 puntos sobre 10 al sistema de justicia dominicano, Valerio le dio 8 y Álvarez Martínez 7.5. Los tres reconocieron avances respecto a décadas anteriores, especialmente en la profesionalización de jueces, la formación especializada, el uso de tecnología y la consolidación de mayores niveles de independencia institucional.
Peralta recordó que en el pasado los jueces eran designados bajo fuertes influencias políticas y sostuvo que hoy existen mayores garantías institucionales. Valerio resaltó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura y el avance de la justicia virtual. Álvarez Martínez, por su parte, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas y las reformas en marcha podrían traducirse en mejoras importantes durante los próximos años.
Sin embargo, cuando el debate pasó de la estructura institucional a la experiencia real del ciudadano, el diagnóstico fue mucho más severo.
Peralta resumió uno de los mayores problemas del sistema con una frase directa: “La justicia aquí es lenta y es cara”.
El ministro reconoció que las instituciones judiciales no cuentan con todos los recursos necesarios para responder a la demanda existente y admitió que el acceso efectivo a la justicia continúa siendo una deuda para una parte importante de la población.
Valerio sostuvo que el acceso no puede medirse únicamente por la posibilidad formal de presentar una denuncia, querella o demanda. Explicó que acudir a un tribunal implica transporte, tiempo, horas de espera, representación legal y capacidad económica para sostener un proceso hasta el final.
“El costo es muy alto”, afirmó el abogado, al advertir que esta realidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos.
Álvarez Martínez también planteó que la desigualdad económica sigue incidiendo en la defensa de los derechos. Afirmó que no es lo mismo enfrentar un proceso con recursos suficientes para contratar una defensa robusta que hacerlo dependiendo de opciones limitadas. Aunque reconoció avances en acceso a información y herramientas digitales, advirtió que la capacidad económica continúa marcando diferencias dentro del sistema.
Prisión preventiva: una medida que sigue pesando demasiado
Uno de los puntos más críticos del programa fue el uso de la prisión preventiva. Valerio cuestionó que en República Dominicana se recurra con tanta frecuencia a esa medida y afirmó que en el país “se cae preso preventivo por cualquier cosa”. También advirtió sobre los costos humanos, económicos e institucionales de mantener a personas detenidas durante largos períodos sin condena definitiva.
El abogado planteó que el Estado podría enfrentar consecuencias cuando una persona permanece años en prisión preventiva y luego resulta absuelta o no condenada.
Álvarez Martínez fue más lejos al estimar que entre 60 % y 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. A su juicio, ese dato revela un sistema que “ya colapsó y falló”.
Peralta coincidió en que la prisión preventiva debe ser excepcional. Señaló que su aplicación debe depender de elementos como el riesgo de fuga, el arraigo del imputado y las circunstancias concretas del caso, no solo de la gravedad del hecho atribuido.
Grandes casos de corrupción bajo riesgo por la lentitud
La duración de los grandes expedientes de corrupción fue otro de los temas que generó preocupación.
Valerio recordó que la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y advirtió que los procesos que se prolongan durante cuatro o cinco años pueden producir un choque entre dos derechos: el de las víctimas y la sociedad a obtener justicia, y el del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Álvarez Martínez advirtió que algunos grandes expedientes podrían terminar extinguidos por el paso del tiempo si el sistema no logra procesarlos con mayor eficiencia. Atribuyó parte del problema a acusaciones excesivamente extensas, sobreabundancia de pruebas y expedientes difíciles de manejar dentro de los ritmos ordinarios de los tribunales.
El jurista sostuvo que la complejidad de esos casos no puede convertirse en una excusa para que los procesos queden atrapados en una mora que termine anulando la posibilidad de una sentencia.
Peralta recordó que el Poder Ejecutivo tiene límites frente a esos expedientes, debido a que el Ministerio Público, supuestamente “ya no depende directamente del presidente de la República”. No obstante, reconoció que el desenlace de los grandes procesos judiciales puede tener repercusiones políticas y se mostró partidario de simplificar procedimientos.
Código Penal divide opiniones
El nuevo Código Penal también marcó diferencias entre los participantes.
Consultando su calificación sobre el nuevo Código Penal, Valerio lo calificó con 9 puntos sobre 10 y defendió que incorpora principios y conductas que antes no estaban suficientemente desarrollados dentro de la legislación penal.
Álvarez Martínez cuestionó la forma en que fue socializado e implementado. Consideró que una reforma de esa magnitud debió explicarse con más amplitud a la ciudadanía antes de su entrada plena en funcionamiento.
Peralta rechazó que el nuevo Código Penal constituya una amenaza a la libertad de expresión. Afirmó que no considera que exista actualmente una legislación que restrinja a periodistas, comunicadores o ciudadanos por expresar opiniones, aunque reconoció que el texto podría requerir ajustes conforme avance su aplicación.
También hubo posiciones encontradas sobre la posibilidad de acumular penas hasta alcanzar 60 años de prisión. Valerio consideró desproporcionado ese aumento y se manifestó contrario al cúmulo de penas. Álvarez Martínez cuestionó que el sistema dominicano esté preparado para retirar a una persona de la sociedad durante seis décadas. Peralta defendió que quien cometa varios delitos graves independientes debe responder por cada uno de ellos.
Ministerio de Justicia y política criminal
La creación del Ministerio de Justicia fue presentada como una de las reformas institucionales más relevantes.
Peralta explicó que la nueva institución busca concentrar atribuciones del Poder Ejecutivo que antes estaban dispersas en distintos organismos, entre ellas políticas de justicia, derechos humanos, litigios internacionales, administración penitenciaria y otras funciones que no corresponden directamente al Ministerio Público.Valerio respaldó la creación del ministerio y consideró que debe asumir un papel central en la definición de la política criminal del Estado. Álvarez Martínez también valoró la nueva estructura como una oportunidad para acercar el sistema al ciudadano, mejorar la orientación pública y facilitar la comprensión de derechos, procedimientos y rutas institucionales.
Independencia judicial y Consejo Nacional de la Magistratura
En el tramo final, la conversación abordó la independencia de la justicia y el papel del Consejo Nacional de la Magistratura.
Valerio reconoció que, hasta ahora, la administración de Luis Abinader no ha dado señales de intentar imponer jueces afines, aunque recordó que la selección de las altas cortes siempre tiene un componente político.
Peralta sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura debería ser revisado para reducir la discrecionalidad que puede depender de quien ejerza la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, afirmó que durante la actual administración ese órgano ha actuado con libertad.
Los participantes coincidieron en definir la justicia como un sistema “en transición”, con avances reales, pero también con deudas profundas. (EC-andrés tovar / OJO)
