Hasta ahora se ha querido negar que en la zona este, provincia La Altagracia básicamente, ya hay una población no menor de 300 mil personas, mientras analfabetos funcionales en las redes sociales, la mayoría fanáticos anti haitianos, gritan en procura de que “todos deben ser expulsados”.
Sin embargo, un amplio grupo cuenta con carnets de empleados en las empresas del sector y no solo las hoteleras y quienes en la mayoría de los casos. Unos, porque su país no les otorga sus documentos de identidad y otros, porque la burocracia en migración, los trámites burocráticos se los ponen difíciles, se da la anómala situación de no menos cien mil ciudadanos haitianos ilegales.
Aun así, la mayoría de esos trabajadores tienen sus registros de seguros de salud y la mayoría son tratados en el Centro Medico Punta Cana, mientras otros grupos clínicos son elitistas y solo aceptan seguros con la clasificación “premiun”, excluyendo ilegalmente y de un plumazo, al grueso de la población trabajadora e incluidos, dominicanos.
En el fondo, lo que hay es mucha segregación racial disfrazada de anti haitianismo especializado en ilegales y lo que permite, que cada mes, haya una especie de tráfico de influencias por trata y tráfico de personas, que beneficia a sus autores en más de cien millones de pesos cada mes y con la complacencia de autoridades de uniforme, que se benefician colateralmente en materia económica.
¿Nunca esto podría ser corregido o será que sucede, porque la mayoría de los que gobiernan, así como muchos voceadores en las redes sociales, son hijos de descendientes, árabes y turcos que siempre han discriminado a los dominicanos y a lo que ahora se han agregado venezolanos y cubanos refugiados económicos y de trato indeseable? (DAG-OJO)
