Un sistema judicial que impone el secuestro de los ciudadanos, la anulación de sus derechos al tiempo de privilegiar a otros que son allegados a quienes dirigen los tribunales o al ministerio público, no es precisamente el sistema judicial del que se pudiera estar orgulloso y mucho menos, cuando la libertad es la excepción y el encarcelamiento brutal la regla a seguir y lo más abusivo, con 17 mil detenidos como presos provisionales que esperan juicio y a los que por años se les niega su derecho a ser juzgados.
Agréguesele a lo anterior, todo un sistema carcelario cuyas autoridades aprovechan la ausencia de respeto a los derechos humanos y de violación masiva de estos, para explotar económicamente a los detenidos y quienes en la medida que pagan las tarifas que se les exigen, pueden tener acceso a facilidades que otros que no pueden pagar carecen y al tiempo, que las mismas autoridades carcelarias crean las condiciones para que desde las cárceles, su sector criminal controle a otros que están fuera de los recintos carcelarios y hasta disponiendo de la ejecución de todas clases de ilícitos, mientras dentro de las cárceles, hay reos que están autorizados a manejar y controlar las cámaras de vigilancia y para más desvergüenza, imponiendo las autoridades un mercado de sexo y drogas que no tiene punto de comparación.
Para mayor abuso de poder, un fuerte núcleo de fiscales y jueces no tienen rubor en manipular e interpretar los textos jurídicos y secuestrar ciudadanos y para colmos, permitiendo que se acosen las familias de los detenidos y mucho más, si estos provienen del ámbito de la alta política y el ejercicio de la administración pública, mientras que los pocos imputados que provienen del sector empresarial o del narco, a esos se les brinda todo tipo de facilidades e incluso, a algunos se les saca los fines de semana para su esparcimiento en lugares de diversión o alterne.
Mientras que cuando se trata de gente de uniforme militar, entonces los privilegios aumentan y tanto, que tienen que ser imputados detenidos por notorio enriquecimiento desproporcionado en las funciones que han ocupado y para que no puedan salir de los recintos carcelarios.
De esta manera, gobierno va y gobierno viene y siempre habrá una camada nueva de delincuentes de cuello blanco que ocuparán los espacios que otros dejan, generando entonces a nivel poblacional, un descreimiento absoluto respecto a que en verdad los habitantes de este país vivamos dentro de un legitimo como verdadero estado de derecho.
Es de este modo, el por qué nadie se sorprende de que una comentarista televisiva y productora de programas electrónicos, se solaza diciendo, que quien hace un año la asaltó pistola en mano, ayer el individuo tuvo una condena de 20 años, castigo realmente desproporcionada para el ilícito cometido, mientras a asaltantes de cuello blanco se les barajan las condenas y habiendo cometido ilícitos peores o que un gran numero de asaltantes barriales en las ciudades y de acuerdo a lo que paguen en dinero o tengan abogados provenientes de esas supuestas organizaciones pro “defensa de los derechos humanos”, que en la practica solo saben defender los derechos de los delincuentes, salgan raudos de las detenciones que se les formulan.
A todo lo anterior, también debe agregarse, como los miembros del Poder Legislativo y aprovechando cuando el Poder Ejecutivo les envía un proyecto de ley que tiene que ver con compras de interés nacional y como lo serían las adquisiciones de vacunas para contrarrestar la pandemia de Covid-19, se confabulan y los contratos en los que descansan esas compras, tampoco los leen.
Y por eso, ahora es el grito en el gobierno, porque más de 50 millones de dólares en vacunas, son dineros que podrían perderse y debido a que la empresa AstraZeneca colocó unas clausulas por las que no se comprometía a nada y solo a recibir el dinero por la cantidad de vacunas que se querían y en las que se decía, que si la empresa no cumplía con la entrega, a esta se le reconocía que no podría ser demandada y condición tan increíble, ningún senador o diputado e incluidos los opositores, ninguno se percató de la misma y esta no fue objetada como debió de haber sido.
Solo en un país y lo que hay que afirmar, en el que la justicia es pasada por los forros de los pantalones o los ribetes de las faldas de los legisladores, es que una barbaridad como esa pudo haber acontecido y para colmos, ahora vemos la cara dura de senadores y diputados reclamándole al Poder Ejecutivo que debió de haber sido cuidadoso en la aceptación de ese tipo de contrato y cuando se supone, que lo que al Ejecutivo se le escapó, el Legislativo debió ser detallista y subsanarlo y lo que en este caso nunca ocurrió.
Así las cosas, parecería que el Estado ha sido timado y nadie dentro de los legisladores asume responsabilidad por su propia inadvertencia y entonces, ¿qué ocurrirá y si el Poder Ejecutivo, por negociaciones en desarrollo no lograra que la enojosa situación se enmiende?, que los contribuyentes perderían cerca de 100 millones de dólares originados en sus impuestos y en esta ocasión, por la falta de precaución en los negociadores que tuvieron a cargo la redacción de semejante contrato tan doloso.
Se está pues, ante la confirmación del hecho cierto, de que en este país la justicia no funciona y donde los poderes públicos, parecería que quienes los controlan, no saben defender los intereses de la nación y lo que, en definitiva, habla de una terrible situación por la que también parecería que en esta nación se vive como los chivos sin ley.
Recuérdese, que en el Congreso Nacional nadie da la cara para defender el estado de derecho y la existencia de una justicia cierta, pero sí hay un afanar “progresista” por pretender calificar de violencia de género, aquello que sencillamente es violencia intrafamiliar ó querer aplastar la individualidad en el sexo y para dar paso a una curiosa interpretación sobre quienes se califiquen como transgéneros o cualquier otra diversidad dentro del parámetro LGBT y derivados y ni que decir, sobre quienes alientan los matrimonios entre personas del mismo sexo o la adopción de infantes por parejas del mismo sexo, al tiempo de pretender destruir el concepto familia y a favor de uno “nuevo", por el que tanto el hombre como la mujer quedan relegados como núcleo y base importante de la unidad familiar.
De ahí, que al ver todo este grave escenario de contradicciones que retratan la ausencia de un verdadero estado de derecho, preguntemos: ¿Es realmente de Justicia, el sistema de nuestros tribunales o es una mascarada que esconde las arbitrariedades de una minoría privilegiada contra la mayoría de los ciudadanos y a favor de la desarticulación social? (DAG)
