sábado, octubre 16, 2021
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Esa abusiva violencia policial de gatillo alegre y amparada por el poder, que cobra nueva víctima e incluido un no nato y que amenaza la gobernabilidad

Desde el primer momento que conocimos la fatídica ocurrencia de un aparente hecho de sangre “fortuito” provocado por un agente policial en contra de una ciudadana y con el pretexto de que la occisa conducía una yipeta con la que se transportaba desde Boca Chica a la capital nacional la noche del sábado pasado, expresamos que no creíamos en ese supuesto accidente y sí en cambio, entendíamos que el mismo era parte de esa política criminal de determinados poderes fácticos  y en interés de llevar un mensaje de temor a la población y de inquietud al mismo gobierno.

Y ahora que esta mañana vimos el video en el que aparecen los actores del drama: La dama en su vehículo y detrás el agente policial persiguiéndola en su motor y más atrás un camión policial con uniformados persiguiendo a ambos, ratificamos nuestra presunción inicial y para afirmar categóricamente, que se está ante lo más parecido a una conjura política-criminal contra el estado de derecho y el accionar del mismo gobierno de la República.

De este modo y en tanto no haya una explicación mejor sobre lo ocurrido en Boca Chica y que envuelve a una señora arquitecta, perseguida alevosamente por un acalorado agente policial, quien con arma en mano, un simple choque o roce de vehículos, quiso dilucidarlo de una forma brutal y sin importarle asesinar y como en efecto ocurriera, a la señora Leslie Rosado y en la medida que las horas avanzan, son más los ciudadanos que no creen que fue por “casualidad” que ocurriera el hecho que se lamenta y se censura.

¿Por qué no podemos creerlo y en nuestro caso, sí que en cambio entendamos, que es parte de una conjura criminal de índole política desestabilizadora? Si traemos a colación las iniciativas y políticas  implementadas por la parte del Poder Judicial que tiene que ver con la Procuraduría General de la República en su lucha abierta contra la corrupción  y en específico, con la originada dentro de los mismos poderes del Estado y todas esas facciones políticas tramposas que se disputan, unos resistiéndose a ser investigados y la PGR abogando por una política de persecución criminal sin tacto ni racionalidad y si de mucho odio personal y político contra grupos políticos desplazados del poder.

Esa lucha, a llegado a unos límites tan alarmantes en su desproporcionalidad, que ha levantado una oposición hasta hace poco impensable desde las instituciones militares y policiales, las que de pronto, sus miembros se encuentran desnudados ante la atrapada opinión pública, como todo un grupo criminal de uniforme, que debe ser castigado y juzgado por sus complicidades con la corrupción política, social, empresarial y toda esa criminal originada en el narcotráfico y el lavado de activos.

Desde luego, no es que fiscales y procuradores y disponiendo de pruebas documentales, no hagan su trabajo de persecución contra el delito y mucho menos que haya que mirar para otro lado cuando se trata de hechos de corrupción prohijados por mandos militares y policiales, sino que muchos entendemos, que tanto PGR como fiscales y procuradores, deberían de tener el tacto suficiente, como para no hacer de la persecución del delito, una especie de circo por el que  cada imputado pudiera sentirse que se le lleva hacia un paredón mediático del que no solo que no pudiera defenderse sino también, tampoco poder defender su inocencia ante un tribunal regular.

Por eso, al sentirse los posibles imputados y después que la subprocuradora contra la corrupción, la magistrada Berenice Reynoso Gómez, expresara públicamente que su oficina tenía en la mira a altos jefes militares e incluso generales en activo y conociéndose que hay un mayor general en activo del Ejército, presó ignominiosamente en base a medidas de coerción y viéndose que el poder no les daba la oportunidad a ese militar y a los otros subalternos, para poder defenderse adecuadamente, que no se descarte la probabilidad, de la presencia de una conjura por estado de necesidad, de esos generales y militares señalados por la magistrada Reynoso Gómez.

¿De qué hablamos?, de que si después de lo dicho por la segunda en mando y rango dentro de la Procuraduría General de la República, algo faltaba, había que agregar lo expresado recién por el presidente Luis Abinader y al momento de llegar de EEUU luego de dar su discurso ante la ONU, de que no le temblará el pulso para enfrentar con dureza toda forma de corrupción y si también se recuerda lo dicho también el seis de abril en entrevista periodística por Abinader, de que combatirá con firmeza la corrupción dentro del poder económico y empresarial, que lo razonable sea que no se pueda descartar ningún tipo de conjura política-castrense y hasta civil en contra de la gobernabilidad y por el terrible hecho de tanta gente sintiéndose perseguida y sin poder defenderse

De este modo y viéndose como los actores de esta decisiva confrontación están manejando sus razonamientos y argumentos y cada uno más desaforado que el otro, que definitivamente haya que advertir, que todo luce, que la nación se aboca hacia una confrontación difícil y ríspida que en algún momento pudiera poner en el centro del debate al mismo presidente de la República y con todas y las consecuencias que tales comportamientos generen.

De ahí que entendamos lo conveniente de que haya que bajar el tono de la confrontación actual desde el ministerio público y dar garantías al poder castrense y soliviantado por las amenazas de la PGR, de que el Poder Ejecutivo no permitirá y sin quitarle autoridad ni a unos ni a los otros, pero sí haciendo ver lo determinante del poder presidencial, de que por el bien de los intereses permanentes de la República, se llegue a un acuerdo razonable y no ilegal, en cuanto a que los militares y policías que fueren imputados por el ministerio público central, se les garantice su legítimo derecho a la defensa frente a las imputaciones, señalamientos o acusaciones que el Poder Judicial les formule y como la única vía de que la persecución contra la corrupción que el gobierno está llevando a efecto, no termine descalificada por los groseros hechos de acusaciones políticas y sectarias por parte de fiscales y procuradores resentidos socialmente y quienes como personajes reputados de izquierda, evidencian un odio endémico contra lo militar, policial o castrense y lo peor, que entienden que tienen un factor mediático cómplice a grado absoluto .

Situación delicada, que ahora vemos dentro de una perspectiva cierta y con esa abusiva violencia policial de gatillo alegre y amparada por el poder, que cobra nueva víctima e incluido un no nato y que amenaza la gobernabilidad. (DAG)

 

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