En sentido general, el delito de la prevaricación lo comete cualquier autoridad que aprovecha el cargo que ostenta para beneficiarse económicamente del poder que le da el mismo. Es decir, el funcionario está actuando de manera injusta.
Por ejemplo, si se chequea el amplio progreso material y los beneficios tangibles que obtienen determinados funcionarios públicos de origen militar cuando los envían al interior “a poner orden y vigilancia” en determinadas funciones y para poner un caso, la policía turística (Politur).
Tan pronto el nuevo director regional o supervisor llega a tomar posesión, digamos en Punta Cana, Bávaro o Cap Cana, los hoteleros le tienen, o una casa en donde alojarse gratuitamente y a todo dar, los vehículos que quiera para su uso personal o lo más picante, que se les facilita suites en los hoteles donde llegan a cualquier hora y totalmente gratis y ni hablar de comidas y bebidas.
Otros tienen una suerte tremenda de “caer en gracia”, que hasta hoteleros hay que les facilitan los dineros necesarios para adquirir vivienda propia y que son casos que parecería que son normales entre militares y policías y lo que es visto sin que los superiores hagan ninguna indagatoria por estas maneras de enriquecimiento ilícito y de privilegios personales.
Precisamente por este tipo de situación, es que la corrupción militar y policial no cesa y ni hablar en la frontera en las provincias, donde los nuevos comandantes saben perfectamente que cuando los trasladen salen millonarios y sin tampoco pagar impuestos y después a pavonearse entre sus vecinos y familiares de que con menos de 40 años ya son millonarios.
Ante tan impunidad, ¿terminará la corrupción? (DAG-OJO)
