Anteriormente y vía la Liga Municipal Dominicana (LMD) todos los gobiernos municipales tenían en esta institución el enlace marcado para lidiar con una buena dinámica y versatilidad de sus funciones constitucionales y sin bien es cierto, que también son limitantes de las funciones naturales de todo gobierno municipal constitucional, al menos el Poder Ejecutivo no llegaba a los niveles de exclusión de funciones y control autoritario de los poderes y facultades constitucionales de gobierno propio que la Constitución de la República les asigna.
Pero ahora que con el gobierno plutocrático del PRM que preside el presidente Luis Abinader, está visto que sus autoridades y persuadidas de un autoritarismo asfixiante y al mismo tiempo falto de operatividad, prácticamente han reducido a mínimos a los gobiernos municipales y para imponer lo más parecido a un partido único y fuerte en todas las instancias nacionales y observándose al mismo tiempo que realmente, la oposición política y mediática no existen.
Se hace más que evidente, que Abinader se maneja tal como si fuera un dictador y cayendo en los errores de exclusión y tiranía que son tan dados los presidentes que entienden que no les importa que su gobierno sea uno reconvertido en ilícito y entre autoritario y tiránico.
En este plano la situación ha llegado a unos niveles tan desconcertantes, que lo que más ha llamado la atención, es ver como la oposición política o lo que se supone que debería de ser la oposición. No existe propiamente y comenzando con los tres expresidentes. Leonel, Hipólito, Danilo, quienes, jugando a las apariencias, en la práctica se comportan como alcahuetes o cómplices del gobierno y que es la razón fundamental de que en este país y en menos de cinco años, las instituciones democráticas de disentimiento y opinión han ido desapareciendo y más en la escala que el gobierno aspira y en asociación con los dueños de los medios de comunicación y decidido a aplastar toda opinión libre como periodismo ciudadano desde las redes sociales.
Ante ese afán y no obstante que el consultor jurídico presidencial, Romero Peralta, dijo ayer y repitiendo por enésima vez que el ante proyecto de ley mordaza, el gobierno supuestamente no tiene ninguna autoría, la realidad indica, que en asociación con los millonarios dueños de los medios de comunicación y de información de masas tradicionales, consistió en que estos le presentaran el anteproyecto mencionado y como dispone de un Poder Legislativo que es su sello gomigrafo en el Congreso Nacional, en cualquier momento le pasará la aplanadora legislativa que tiene y para imponerlo a jacha y machete y por encima de todos los que disientan del mismo y por ser una peligrosa daga dirigida a afectar la libertad de prensa, la de opinión, la de disidencia e igual la de expresión y que a nuestro modo de ver es un camino extremadamente equivocado, que a corto plazo procura coartar todas las libertades públicas.
Por lo pronto, áreas policiales se han convertido y por su afán represor, en una policía política que abiertamente reprime, golpea, maltrata y encarcela a quien la autoridad entienda que no acepta la imposición de semejante cuota de poder totalitario.
Solo hay que ver el afán represivo autoritario que dimana desde el despacho del ministerio de Interior y Policía, cuya incumbente, ayer una lengua floja contestaria desde el Congreso Nacional, ahora se quiere convertir en el puño de hierro que imponga la dictadura abiertamente y lo que desde luego hay que impedírselo y a como de lugar.
Y es que de buenas a primeras y desde que los signos de totalitarismo ya han empezado a mostrarse: El festivo de la Semana Santa fue su carta de presentación y afectando la libertad de tránsito y la misma de esparcimiento de los ciudadanos. Luego continuó, con el freno que el gobierno ha hecho para impedir que las familias de los afectados en la tragedia de la discoteca Jet Set reclamen las justas reclamaciones en daños y servicios y debido a los 234 muertos, 185 heridos y casi 80 desaparecidos, mientras desde el “independiente” ministerio público se afectan los derechos de esos reclamantes, imponiendo todo tipo de obstáculos a sus abogados para que puedan instrumentar adecuadamente los expedientes judiciales que ya deberían de estar en curso. Mientras y desde el 2023 y esto es una señal preocupante, cerca de dos mil personas han desaparecido y las autoridades no han podido resolver ningún caso.
Sobre este hecho tan sangriento y criminal de la discoteca destruida y borradas las pruebas materiales que pudieran sustentarse ante un tribunal de fondo, cobra cada día mayor fuerza la especulación casi creíble de que la conflagración que hubo en el centro de diversión, tuvo que ver con una lucha de fuertes intereses económicos, financieros y de seguros que envuelven a la familia de banqueros que tenía a no menos cinco de sus miembros en la noche festiva y muriendo allí y que es lo único que explica que el gobierno se oponga con tanta vehemencia a que la procuraduría general investigue como se debe, al tiempo que la familia financiera afectada, guarda un extraño silencio.
Entonces y cuando se hace una recopilación de todos estos hechos y se comprueba como el aparato de propaganda del régimen compra con publicidad y canonjía a cuanto comunicador periodista independiente o medio de comunicación que quiera ahondar en la tragedia, para que gente avispada entienda, que en lo de Jet Set hay gato entre macuto, es decir, que ni siquiera la cuarta parte de lo que realmente ocurrió se conoce.
De ahí que no sorprenda, que la Asociación Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas, la ONG Finjus y todos los barones mediáticos hayan cerrado filas con el único propósito de cerrar a la mayoría de todos los medios de comunicación en las redes sociales y aquellos otros independientes en los tradicionales, que no se ajusten a los lineamientos oficiales y empresariales y en específico, los del Consejo Nacional de Competitividad, que es el verdadero gobierno de ricos en la sombra.
Desde luego, lo que nadie con sus cinco sentidos podría permitirse, pues de suceder, es claro que lo que se procura, es que Abinader y el PRM y sus socios desde el gobierno en la sombra, recalquémoslo, en el Consejo Nacional de Competitividad, imponga el peor de los gobiernos autoritarios y de corte policiaco -militar si las circunstancias se lo permitieran.
Por eso, alertamos a toda la atrapada opinión pública a que resistan toda iniciativa totalitaria atropellante, que como se está viendo, es lo que desde el gobierno plutocrático se quiere y exhortemos a los seis empresarios, banqueros, comerciantes e inversionistas mega millonarios: y desde el primero hasta el último: Pepín Corripio, José Ricardo Fábrega, Manuel Alejandro Grullón, José Miguel González Cuadra, Felipe Vicini, Juan Bautista Vicini Lluberes, Frank Rainieri y José Miguel Bonetti Guerra, que no se dejen segar por sus egos y por el gran y determinante poder económico que tienen, que por amor de Dios, no dejen que en un gobierno que va camino a que se le entienda de desalmados, lleve a la nación hacia un callejón sin salida, que seguro que terminará en un baño de sangre que ahogaría a la nación entera.
Pues si hay personas en este país que tienen que ser tolerantes con las opiniones disidentes, son precisamente esos seis multimillonarios, todos, hijos del esfuerzo propio nacido de penurias como de ambiciones bien canalizadas y todos, extraordinarios padres y cabezas de familias, que, como tales, siempre deberán dar gracias al altísimo por haberles permitido nacer o residir en este país de gente mansa y buena. Abinader, no merece que por su ambición desenfrenada millones de dominicanos podamos morir y por la dictadura castrense y policial que quiere imponer.
Ayer, la cara dura y casi desvergonzada, o sea, que es una persona que no le importa descomedirse, insolentarse, faltando al respeto y hablando con descaro, descortesía y quién ignorante por demás, de la ministra Faride Raful, algo así como la lengua suelta del gobierno, proclamó, que supuestamente un gobierno municipal no tiene derecho en su jurisdicción a defender el estado de derecho y menos a ejercer sus funciones de orden público en materia de policía y control migratorio ilegal. De ahí que instemos al alcalde, de la ciudad de Dajabón, Santiago Riverón, a que eleve una instancia de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y para que sus prerrogativas legales allí se diluciden.
Lo que nos obliga a advertir, que está visto, que en la medida que el gobierno acciona con una concentración de todos los poderes del Estado y de facto, impide que los gobiernos municipales ejerzan su autonomía constitucional, la nación corre un gran peligro institucional. Con Dios. (DAG) 20.05.2025
