En nuestro artículo publicado el pasado 6 de enero, titulado “Estrategias para la seguridad ciudadana”, propuse una serie de análisis sobre este tema como aporte académico y de experiencia a los tomadores de decisiones del Estado, sirviendo a la vez para despertar el interés constructivo de la sociedad, a fines de inducir la necesaria corresponsabilidad ciudadana, debido a que la seguridad pública es compromiso de todos.
En tal sentido, y para mejor comprensión de este ecosistema de seguridad, describiré brevemente la evolución del concepto Seguridad Ciudadana dentro del marco de la “convivencia”, que es uno de los elementos constitutivos de las necesidades humanas de seguridad ciudadana, tal como lo define el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1990: “La condición para que las personas puedan ejercer sus opciones de forma libre y segura, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparezcan mañana”.
No obstante, lo descrito anteriormente no es suficiente para asegurar la consolidación de esta “convivencia”, ya que está vinculada a la satisfacción de las necesidades de la población según los generadores de violencia descritos por el sociólogo noruego Johan Galtung, en razón a que este estudio se centra en la denominada “convivencia ciudadana”, la cual está más vinculada con la prevención del delito y aquellos programas cuyas acciones van dirigidas a mejorar la comunicación para la efectiva resolución de conflictos, con la finalidad de que no se llegue al uso indebido de la violencia entre las personas.
En efecto, el PNUD (2014) define la seguridad ciudadana como “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”. De esta protección ciudadana se desprenden cuatro aspectos fundamentales: en primer lugar, esta tutela ciudadana debe realizarse dentro del ámbito del respeto a la Constitución y las leyes; segundo, no debe de limitarse solamente al combate contra la delincuencia, sino también a la creación de un clima adecuado para la convivencia pacífica de las personas; tercero, que estas acciones tienen que ir más allá de las acciones policiales, involucrando de manera conjunta y coordinada las instituciones del Estado, junto a la sociedad civil; y por último, la seguridad ciudadana enmarca a la policía como un servicio orientado a la comunidad, antes que ser un cuerpo represor del Estado.
De manera que el Estado, desde el Ministerio de Interior y Policía, está compelido irreversiblemente a dotar a la Policía Nacional de las capacidades académicas, operacionales y herramientas institucionales para ejercer un servicio multivalente, versátil y adaptable con vocación eminentemente preventiva, centrada en la protección del ciudadano y con la capacidad de dar respuesta rápida y efectiva como un elemento propulsor de la coexistencia y seguridad de la población, que genere un clima propicio para el desarrollo social.
Evolución de la Policía sobre seguridad ciudadana
Tras el fin la era de la “guerra fría”, las democracias latinoamericanas heredaron instituciones policiales cuyos mandos provenían de los cuerpos militares, por lo que le estamparon un sello de carácter militarizado, que a su vez constituyó la principal represión en contra del “comunismo disociador”. Por lo tanto, la principal tarea de los gobiernos democráticos debió ser la “desmilitarización” progresiva del cuerpo del orden y la subordinación del mando policial a las autorizades civiles legalmente elegidas en los procesos democráticos.
En este contexto, las emergentes democracias se desarrollaron con la creencia de que el estamento militar no solo era capaz de proteger la soberanía, sino también de mantener la estabilidad ante las luchas sociales internas, por lo que tradicionalmente destinaron mayores presupuestos a los cuerpos castrenses, en vez de invertirlo para desarrollar las capacidades de los organismos policiales, lo que ha contribuido a su ineficiencia y, por consiguiente, a su mala imagen institucional. No obstante, las democracias latinoamericanas han hecho el esfuerzo de impulsar un Estado social y democrático de derecho que garantice la satisfacción de las libertades y necesidades básicas de los ciudadanos. Sin embargo, en el camino, los gobiernos se han “tropezado” con dos grandes retos: desarrollar una Policía Nacional sólida que sea capaz de alcanzar un eficiente control social y un mecanismo eficaz y coordinado para la protección y convivencia pacífica.
Bajo este complejo escenario es que se han desarrollado las reformas policiales y que, ante la falta de continuidad de Estado del poder político que transcurre de un gobierno a otro, la han hecho fracasar en el intento.
Esta falta de continuidad de Estado y la recurrente idea errónea de nombrar militares en las actividades policiales solo han servido para debilitar las potencialidades de cualquier gestión policial, debido a que su doctrina, rol misional y constitucional no están preparados, y peor sería la descabellada idea de militarizar la Policía Nacional, pues resultaría otra decisión equivocada.
En conclusión, nuestros políticos deben de entender que deben darle continuidad de Estado a los esquemas modernos de desarrollo institucionales, a fin de lograr la consolidación del crecimiento del talento humano profesional, dignificar la carrera policial en términos de salarios, seguros de vida y de salud, planes de viviendas que mejoren su calidad de vida, logrando una sinergia e identificación institucional entre los miembros policiales, que sientan que son tomados en cuenta y son justipreciados por la sociedad a la cual le sirven, que a su vez, estimulará a cientos de jóvenes a elegir la carrera policial como una profesión de futuro y oportunidades para su desarrollo profesional, por lo que tendremos cada vez mejores agentes policiales, servicios más eficientes y apegados a los derechos fundamentales, lo que se traducirá en una mejor sociedad y fortalecimiento del ejercicio democrático de la nación. Por>: Rafael Guillermo Guzmán Fermín [Listín Diario]
