La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública fue, allá por 2004, una buena idea. Se necesitaba una herramienta para lograr que los funcionarios que se resistían a dar informaciones públicas (esta es la palabra clave, públicas) se vieran compelidos a hacerlo.
Va en el talante del funcionario o de la institución entregar la información que se le solicita. Muchos lo hacen de manera afable, rápida y no pierden el tiempo ni lo hacen perder. Inteligentemente, responden rápido, porque es la manera más eficiente de hacer llegar su versión o mensaje.
Pero alguien dijo eso de que “hecha la ley, hecha la trampa” y tenía razón. El uso y funcionamiento de dicha herramienta se ha convertido en un ejercicio de censura previa. De hecho, muchos periodistas ya recurren directamente a la ventanilla de acceso, convencidos por experiencia de que, ante una pregunta, cualquier pregunta, el departamento de prensa contactado va a responder en piloto automático:
–Pida la información por acceso a la información.
Se apuesta a que el periodista se va a cansar de esperar, (hay un plazo, pero con prórroga y propina), va a cambiar el tema o va a entender que cuando la reciba… el asunto ya no será de interés. Negar información pública es una torpeza, pero es lo que ocurre.
La relación entre periodistas y políticos siempre tendrá un componente de tensión. Es lo natural. De lo contrario, ya no se habla de periodismo sino de relaciones públicas y propaganda, que son materias y profesiones muy honorables pero que no tienen nada que ver con el periodismo.
Para el político cualquier halago de la prensa es tímido y cualquier crítica, injustificada. Entre la ventanilla de acceso y las firmas de comunicación, algunos funcionarios se enquistan en un silencio que les perjudica. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
