La guerra en Medio Oriente comenzó a sentirse en República Dominicana a miles de kilómetros del campo de batalla. Su onda expansiva llegó a través del petróleo, los combustibles terminados, los fertilizantes y el transporte marítimo, hasta alcanzar los precios internos y las cuentas públicas de una economía dependiente de las importaciones de energía y materias primas.
La escalada iniciada el 28 de febrero alteró el mercado petrolero y convirtió al estrecho de Ormuz en uno de los centros de atención de la economía mundial. Hoy, a cinco meses del inicio del conflicto, el Informe de Política Monetaria de junio del Banco Central dimensiona el salto. El WTI registró máximos de alrededor de US$113 por barril en abril, permaneció por encima de US$94 durante las primeras semanas de mayo y promedió US$83.70 al 25 de junio, todavía un 44.6 % por encima del cierre de 2025.
A finales de julio, las tensiones volvieron a llevarlo por encima de los US$92 por barril, según los datos utilizados por el Gobierno para fijar los precios de los combustibles. Para República Dominicana, la volatilidad convierte una guerra distante en una factura interna.
El presupuesto como escudo frente al WTI
La respuesta adquirió otra dimensión a partir de marzo. Para la semana del 14 al 20, el Gobierno anunció RD$1,189.8 millones en subsidios y limitó a RD$5 por galón el aumento de las gasolinas y el gasoil, mientras mantuvo congelado el gas licuado de petróleo. Una semana después permitió un ajuste adicional de RD$10 en gasolinas y gasoil, pero continuó absorbiendo parte del incremento internacional y anunció que había identificado RD$10,000 millones en partidas menos prioritarias para sostener la política de contención.
La presión alcanzó uno de sus puntos más elevados al comenzar abril. Para la semana del 4 al 10, el Estado destinó RD$1,912 millones para mantener congelados los precios de las gasolinas, el gasoil y el GLP. El argumento oficial ha sido constante: trasladar completamente el aumento externo elevaría el costo del transporte de pasajeros y de carga, con efectos posteriores sobre alimentos, mercancías y servicios.
Para la semana del 25 al 31 de julio, el Gobierno destinó otros RD$1,149 millones, llevando a RD$23,343 millones el acumulado de subsidios a los combustibles durante 2026. Esa cifra incluye recursos desembolsados antes del inicio del conflicto, por lo que mide el esfuerzo fiscal realizado durante un año marcado por la guerra, aunque no puede atribuirse íntegramente a la escalada del 28 de febrero.
Del petróleo al campo y a los alimentos
La segunda línea de contención apareció en la agricultura. El encarecimiento de los fertilizantes planteó el riesgo de que el choque energético llegara a la producción agropecuaria y, posteriormente, a los alimentos.
El programa gubernamental fue ampliado el 23 de junio con una nueva partida superior a RD$1,090 millones, que elevó a más de RD$2,151 millones el compromiso destinado a subsidiar fertilizantes hasta el 31 de agosto. El objetivo fue estabilizar los costos de producción y limitar su transmisión hacia los alimentos.
Al sumar el acumulado anual informado para combustibles y los recursos comprometidos para fertilizantes, ambas políticas superan los RD$25,494 millones durante 2026. La cifra dimensiona los mecanismos de protección desplegados por el Estado, aunque parte del subsidio a los combustibles precede al conflicto.
La vulnerabilidad de los fertilizantes también tiene una dimensión geopolítica. Ormuz concentra aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar y moviliza volúmenes relevantes de gas y materias primas para fertilizantes. Así, cualquier interrupción repercute sobre varios costos dominicanos.
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La guerra ya aparece en la inflación
El presupuesto ha absorbido una parte del impacto, aunque el choque terminó llegando a los precios. En junio, el índice de precios al consumidor aumentó 0.51 %, impulsado principalmente por transporte, alimentos y otros servicios. La inflación interanual alcanzó 5.67 %, superando el límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % del Banco Central.
Para una economía importadora de energía, la transmisión es directa. Un WTI más elevado presiona el precio del crudo y de sus derivados. En República Dominicana existe un elemento adicional: el país importa buena parte de los combustibles ya refinados que consume, por lo que los márgenes internacionales de refinación también inciden sobre el costo final. El MICM informó a comienzos de julio que el país refina alrededor del 20 % del consumo del mercado y destacó el aumento desde febrero en los márgenes internacionales de gasolina y gasoil.
El Banco Central calculó en mayo que la factura energética dominicana podría cerrar 2026 alrededor de US$5,400 millones, unos US$900 millones por encima de lo previsto a comienzos del año. Bajo ese escenario, el déficit de cuenta corriente pasaría de una previsión inicial cercana al 1.1 % del PIB a alrededor del 2 %, todavía cubierto por los flujos esperados de inversión extranjera directa.
Si el WTI permanece elevado durante más tiempo, la presión se extiende desde el consumidor y el presupuesto hacia la balanza externa, debido a la mayor necesidad de divisas para pagar las importaciones energéticas.
El Plan Anticrisis
La prolongación del choque llevó al Gobierno desde los subsidios semanales hacia una estrategia fiscal más amplia. El 1 de mayo, Hacienda anunció un programa de austeridad dirigido a generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones mediante la revisión de gastos no comprometidos y la reasignación de recursos. El 11 de junio, el ministro Magín Díaz presentó el denominado Plan Anticrisis, concebido alrededor de medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
La propuesta planteó obtener entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones de ingresos adicionales. El presidente Luis Abinader promulgó el paquete el 18 de junio como Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Hacienda sostiene que más del 90 % de la recaudación estimada provendría del 1 % de la población con mayor capacidad económica y que la legislación evita cargar el esfuerzo sobre la clase media y las mipymes.
Detrás de esa arquitectura fiscal aparece una pregunta: cuánto tiempo puede el Estado continuar absorbiendo parte del aumento internacional de los combustibles sin comprometer otras prioridades presupuestarias. Cada semana con un WTI elevado obliga a escoger entre mayores subsidios, incrementos internos o nuevas fuentes de espacio fiscal.
Economía con amortiguadores
El choque ha encontrado a República Dominicana con amortiguadores que reducen su vulnerabilidad inmediata. Las reservas internacionales rondaban los US$15,800 millones al cierre de junio, equivalentes a cerca del 11 % del PIB y unos seis meses de importaciones. El peso acumulaba una apreciación cercana al 5 % durante el año y las actividades generadoras de divisas continuaban mostrando un comportamiento favorable, según el Banco Central.
La actividad tampoco se ha paralizado. El IMAE creció 6.4 % interanual en junio, mientras la economía acumuló una expansión promedio de 4.5 % durante el primer semestre. El Banco Central ha mantenido su tasa de política monetaria en 5.25 % y caracteriza las presiones actuales principalmente como un choque negativo de oferta vinculado al petróleo.
El riesgo está en la duración. Una perturbación prolongada puede mantener la inflación elevada, deteriorar el crecimiento, estrechar el margen monetario y elevar el costo fiscal de los subsidios.
El próximo riesgo pasa por Ormuz y Bab el-Mandeb
El escenario más delicado sería una nueva interrupción de las grandes arterias energéticas y comerciales de Medio Oriente.
El estrecho de Ormuz canalizó alrededor de 20.9 millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos durante el primer semestre de 2025, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Un cierre renovado podría volver a presionar el WTI y activar la secuencia que el país ha enfrentado durante estos meses: mayor factura energética, combustibles importados más caros, aumento de los subsidios, presión sobre los precios internos y mayores necesidades de divisas.
El escenario adquiriría otra dimensión si a Ormuz se sumara una interrupción de Bab el-Mandeb, el estrecho que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por esa vía transitaban unos 4.2 millones de barriles diarios de petróleo durante el primer semestre de 2025 y el flujo alcanzó aproximadamente 5.4 millones en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la EIA.
Su cierre obligaría a parte del transporte marítimo a rodear África por el cabo de Buena Esperanza, elevando distancias, consumo de combustible, fletes y seguros. La EIA calcula que determinadas desviaciones pueden añadir alrededor de quince días a algunos recorridos entre el mar Arábigo y Europa.
Para República Dominicana, la combinación ampliaría el choque. Ormuz ejercería presión sobre el mercado energético y los fertilizantes, mientras Bab el-Mandeb encarecería adicionalmente el movimiento de mercancías. Al aumento del WTI podrían añadirse mayores fletes, primas de seguros y costos de insumos importados, con efectos que irían desde las estaciones de combustibles hasta los supermercados. (EC-andres tovar / OJO)
