De entrada, debe decirse, que la procuradora saliente y contra toda la expectativa positiva que su llegada al cargo le significó a muchos dentro de la oportunista clase media, resultó en un verdadero fiasco y lo peor, descubriéndose la montaña de resentimientos y deseos vengativos de la aparente izquierdista y feminista de nuevo trazo y de ansias no tan santas.
Por lo tanto, no se puede hablar de que hizo un buen trabajo, sino que lo agravó con el festival de imputaciones sobre aparentes hechos de corrupción del gobierno anterior al actual, cuyos dos subprocuradores principales y como siniestros perros de presa y dando la impresión de actuar por todo tipo de resentimientos personales y encargos personales de políticos y empresarios adversarios del PLD, dejó al descubierto una procuraduría general, que de ñapa, desamparó la construcción en su fase final del centro carcelario Las Parras y al que solo le faltaban 100 millones de pesos para concluir y que no se hizo porque ahí llegó el cambio de gobierno y provocando que a los pocos meses, se destruyera al completo.
En ese plano y como trascendió, la soldadesca que había allí de “protección y cuido”, despareció toda la estructura física por destino, enajenó sería más apropiado y sin importarle que la estructura inmobiliaria se le afectara de una manera tal, que ahora el gobierno tiene que erogar no menos de 500 millones de pesos para terminarla.
Parecida actitud la procuraduría general mantuvo al momento de que el nuevo gobierno recibió las edificaciones de la Ciudad de la Salud, de la que apenas faltaba un 15 % para su terminación y lo que no ocurrió, porque ahí llegó el cambio de gobierno y aun así, desde ese ministerio público no se hizo lo suficiente para alertar a las autoridades del gobierno central a que se abocaran a terminar la obra y para que la misma no fuera dañada por manos criminales o por el medio ambiente dejado a su suerte.
Para ambos casos, la saliente procuradora general no hizo lo que debió para que ambas obras no fueran afectadas y al contrario, con una irresponsabilidad increíble, dejó que las mismas fueran destruidas y en abierta demostración de que a la magistrada Miriam German Brito poco le importó no proteger esos bienes públicos y que de suyo esa irresponsabilidad de actuación administrativa, perfectamente que puede calificarse de prevaricación.
Ahora se está ante la expectativa, de si al salir del cargo se le instrumentará un expediente de fiscalización y de residencia, con miras de definir responsabilidades respecto a la enajenación de esos bienes e inmuebles públicos.
Pero por lo que se escucha, parecería que tan pronto la señora German Brito abandone el cargo, tiene en lista de espera, una serie de homenajes por parte de áreas de la sociedad civil y del periodismo “independiente”, de todas esas que se les entiende recibidoras de dineros non santos provenientes de la USAID y que de suceder, sería una grosera demostración de prepotencia y altanería francamente reprochables.
Igualmente hay otra situación que debe y tiene que ser dilucidada, en cuando a quien el presidente Luis Abinader, supuesto defensor de la “justicia independiente” que constitucionalmente solo él puede designar, nombrará en sustitución de la señora German Brito.
Se habla de dos aparentes candidaturas. Una, de la señora magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez (44 años) y otra de un outsider, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa (77años) y en la actualidad con una jugosa pensión de cerca 300 mil pesos mensuales.
A la señora Berenice la acompaña una controversial imagen decididamente conflictiva de tanto dejarse acariciar por la sociedad civil, entiéndase participación ciudadana, asúmase USAID y que respaldada por determinados grupos económicos y financieros de los que están en el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) presionan a Abinader para que la designe.
Mientras de la otra parte, otro grupo empresarial que fue favorecido por Subero Isa, juega sus cartas a la desesperada y para que este sea designado, mientras desde la “Ciudad Destino” Cap Cana, su hijo mayor y como presidente de ese conglomerado, hace lo suyo y dentro del empresariado, al abogar por su padre.
Viéndolo todo en perspectiva, nos resistimos a creer que, en este país, de sus 74 mil abogados en ejercicio o registrados en su Colegio, no existan otros profesionales de experiencia y autoridad moral que el presidente Abinader no pudiera tener presentes para el cargo que deberá abandonar la procuradora general actual.
Desde luego, como este es un gobierno plutocrático que está controlado por el CONEP-CES (Consejo Económico y Social) y el mismo presidente, un empresario miembro de aquel tinglado de grupos de presión que de facto ejercen poder de decisión sobre el mismo primer mandatario, muchos dudamos que Abinader pudiera sacudirse de tal presión y designar a alguien de criterio más independiente a los poderes establecidos y mejor, si fuera un desconocido para el poder y las masas, pero que ciertamente responda a su esquema de “justicia independiente”.
¿En qué fundamentos nuestro criterio?, que el CONEP y con las organizaciones que representan, son 78 grupos económicos y financieros. Mientras el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) cuenta con los 38 millonarios más importantes de esta economía y supuestamente para hacerle contrapeso a los anteriores, está el llamado Consejo Económico y Social (CES) compuesto por una parte de la burocracia empleada por las tres organizaciones y presentes en 15 instituciones, que, actuando como una especie de poder legislativo privado, no deja nada al azar.
Entonces y frente a una estructura semejante y altamente corporativa, ¿podría Abinader imponer su propio criterio y cuando de ellas dependen más de la mitad de los abogados en ejercicio, quienes a su vez y casi todos están igualados para asuntos de servicios en las instituciones del mismo gobierno y el sector privado?
Se entiende pues, que es lo que está ocurriendo, qué tenemos todo un espectro empresarial conformado con una de grupos económicos y financieros que nos han robado nuestro Estado Nacional y contando con un Poder Legislativo absolutamente sumiso y un gobierno gomigrafo solo favorable a sus planes de dominio y control absolutos y con 3 millones de empleados absolutamente serviles a sus mandatos.
¿Cómo suponer que habrá un procurador general realmente independiente y si la República es de los ricos y no de la ciudadanía?
Así concluimos diciendo, que la lotería de quien va como procurador general de la República -hombre o mujer- la decide lo que dicte el realismo político desde el poder. Con Dios. (DAG) 17.02.2025
