Si un gobierno da facilidad para que alguien obtenga un contrato para proveer licencias de conducir, automáticamente se entiende, que el objetable moral que la encabeza, en principio, puede generar un amplio banco de datos de todos los usuarios del sistema de tránsito y lo que es preocupante.
Todavía más, si el susodicho objetable moral se ha visto implicado y según publicaciones mediáticas, en el ciberdelito, entonces y con mayor razón el gobierno que le benefició y por prudencia, debería revisar esa concesión.
Ahora bien, en el caso del escarceo mediático que se ha declarado y a resultas de un curioso contrato mil millonario en el Intrant, donde de buenas a primeras, periódicos, medios, periodistas, comunicadores y redes sociales se han cebado en el llamado garante legal y por lo que estamos viendo, llegándose al extremo de formularle lo más parecido a un juicio mediático paralelo y condenatorio y lo que es un accionar absolutamente ilegal y atentatorio de los derechos de ese ciudadano, quien y de acuerdo a los textos legales debe considerarse inocente, hay que advertirlo, pues tan nefasta mala práctica gansteril mediática, la creíamos erradicada.
De ahí, que en la medida que ese “tribunal” mediático la emprenda contra alguien señalado de antemano como culpable de un presumible hecho criminal y haciéndolo ver como un delincuente de tomo y lomo, perfectamente que sus abogados están en el derecho de demandar a esos medios y periodistas. La crítica que formulamos entonces es más que válida y en aras de proteger lo mejor del ejercicio periodístico. (DAG-OJO)
