A todos los dominicanos se nos ha inculcado – no enseñado-que nuestro sistema político, supuestamente es uno democrático, pero para nada representativo y cuyo fundamento es la negación a lo absoluto de que los ciudadanos ejerzan su derecho a disentir y de como escoger a quienes les representarán en todas las instancias del poder del Estado.
Por eso se tiene una democracia autoritaria, controlada por una tiranía partidocrática y en la que los partidos son herramientas de uso para hacer de los ciudadanos simples comodines -esclavos debería decirse- respecto a las decisiones de quienes les dirigen.
Debido a semejante irregularidad ilegal como ilegitima, en la mayoría de los casos, todos los procesos electivos internos en las organizaciones de profesionales, son una grave pantomima en la que y por norma, los partidos políticos son los que deciden quienes serán los candidatos que representarán a cada colegio de profesionales.
De esta manera y si tomamos los casos de los colegios de abogados como de notarios, estos han sido convertidos en mecanismos mercuriales para los grupos que se les asigna dominarlos y dirigirlos y con el solo propósito de que sean la base primordial de un Poder Judicial absolutamente maniatado al poder político.
Solo hay que observar el momento en que ocurren “elecciones” en estos colegios de profesionales: Los partidos imponen las planchas de aparentes candidatos que nunca han estado sometidos a las decisiones libres de la mayoría de los miembros de esos colegios.
Ayer y aquí una muestra. Los partidos y de acuerdo con un reporte periodístico, determinan quienes compondrán las planchas y para comprobarlo veamos su composición de las siete planchas: “Los candidatos y apoyo político. Uno de los siete candidatos de igual número de planchas que aspiran a dirigir el CARD es Trajano Vidal Potentini Adames, de la plancha número uno, perteneciente a la corriente Consenso Nacional y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT). El reconocido jurista está apoyado por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y por Surun Hernández, actual titular del gremio de abogados.
“El segundo de la lista (plancha dos) es Diego José Arquímedes García Ovalles, de la corriente Dignidad Jurídica, quien tiene el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). De igual manera, le sigue la plancha tres, encabezada por Pedro Rodríguez Montero, de la corriente Unidad Jurídica Institucional.
“La plancha cuatro está integrada por miembros de la corriente Unidad Jurídica Institucional, siendo José Juan Zapata quien busca la presidencia. El movimiento está apoyado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”.
Es decir, los partidos: FP; PLD y PRD, quienes a su vez tienen el control de las cámaras legislativas junto al oficial PRM y extrañamente, este último no llevó apoyo a plancha alguna, pero al estar en el ejercicio del Poder Ejecutivo tiene un peso absoluto en las decisiones dentro del Congreso nacional, cuyos bufetes directivos y presidencias las tiene bajo control.
Desde luego, en este ámbito colectivo no existe ningún tipo de opinión ciudadana discrepante o independiente, toda vez que a la ciudadanía en capacidad de votar se le ha negado el derecho a elegir y sí delegar en la partidocracia como un todo.
¿Resultado? En esos colegios de profesionales y al venir las planchas de candidaturas desde las sedes partidarias, no importa que los señalados tengan conocidos problemas morales y judiciales y de procesamiento abierto en los tribunales, pues si se ha sido señalado, nada impedirá que sean candidatos y menos si “ganan” los comicios internos.
Simplemente, la partidocracia ha establecido un sistema privilegiado de castas en los colegios profesionales, que actúan y se mueven función de las canonjías y prebendas que las directivas “ganadoras” se auto asignan y al extremo, de que la gran mayoría se convierten en asalariados de paga mensual fija y teniendo de caja chica los presupuestos de cada colegio.
Semejante ilegalidad e ilegitimidad están garantizadas, en tanto y en cuanto esas directivas no se aparten del discurso oficial que se les dicte y disfrazado de institucional.
Los resultados de ayer en el colegio de abogados nos lo confirman, pues de 78 mil 395 miembros registrados y aptos para votar, solo lo hicieron 14 mil 636. Es decir, los que son militantes de los partidos que sometieron planchas. Eso no es democracia y sí imposición partidocrática.
Entonces, nada de sorprender, que en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el otro del Poder Judicial, todo funciona cronométricamente y por más ilícitos que se presenten, todo se silencia y al grado de que el Tribunal Constitucional, que se supone es el tribunal superior e inapelable de todo el sistema judicial, no existe y para que se nos entienda algo, no se presenta lo más parecido a la “libertad de cátedra” del sector universitario y todo va en función de si al poder establecido y de lo que quiera el Poder Ejecutivo se mantiene y cuyas “herramientas de persuasión” ($+empleos para sus familias) quedan garantizados.
Incluso, un accionar tan simple y por ser un mero trámite burocrático: El traslado de jurisdicción de los notarios públicos, no es uno que pueda darse automáticamente, sino que sencillamente, la terrible burocracia de la Suprema Corte de Justicia y arbitrariamente, decide sobre este particular. De ahí que los abogados en ejercicio y también los notarios públicos, mientras más genuflexos y sumisos sean al poder político, se les considere “los más aptos” para ejercer sus atribuciones y mucho mejor, si políticamente son partidarios del poder imperante.
Razones hay y las que se muestran evidentes, de que la democracia autoritaria que los dominicanos tenemos desde el 2000 hasta la fecha y con el antecedente ominoso de la etapa postdictadura (1961-1966) ha convertido al pueblo dominicano en uno que no sabe exigir sus derechos y mucho menos saber disentir y ni siquiera como electores a los que no se les deja ejercer absolutamente su libertad de escogencia y a partir de ahí, la terrible “democracia” autoritaria que se vive y ya por 62 años continuos y tres generaciones y las que arrulladas por la corrupción a gran escala y en sus más amplias demostraciones, esta dictadura partidaria que no permite que en la práctica exista un estado democrático y social de derecho, se le ha impuesto a una nación domesticada por las inconductas de quienes les avasallan y dirigen.
¿Tenemos o no razón y al decir, que la política del poder. Si es democrático, es de contrapesos y si es autoritario, de imposiciones y con el poder judicial sometido en el segundo caso? Con Dios. (DAG) 03-12-2023
