Si en la actualidad, la Constitución de la República le confiere una autonomía relativa pero aceptable, al ministerio público central, esto es, a la procuraduría general de la República y garantizada por una ley orgánica que no facilita ningún tipo de intromisión del Poder Ejecutivo dentro de las atribuciones de la PGR y el cuerpo general del ministerio público y tanto en el aspecto administrativo como en lo concerniente a la dirección de la acción penal y el ejercicio de la acción pública.
Muchos, no entendemos el por qué de la prisa en pretender una nueva reforma constitucional, que, a ojos de la política, es sospechosa de probables planteamientos oscuros que pudieran afectar la institucionalidad y a favor del actual partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En este aspecto, lo prudente debería de ser y dado que todavía no hay consenso entre las fuerzas políticas y sociales, que la anunciada reforma se dejara tácticamente para luego de las elecciones del 2024 y mucho más, cuando es evidente que el oficialismo y aliados quieren que los debates sobre el particular se hicieran dentro del marco del Consejo Económico Social, que es una figura establecida en la Constitución de la República, pero no el escenario correcto de discusión que para este tema debe de ser el Congreso Nacional.
Precisamente porque el PRM es el que está motorizando la discusión dentro del CES, que dicho sea de paso, es un organismo, en el cual, el sector más duro de la clase gobernante, el empresariado y el mundo financiero y también el mediático tienen preponderancia y no tanto el partidarismo político, ha sido la razón fundamental de los reparos del liderato político y en consecuencia, ello debería ser suficiente para que la pretensión se detenga, salvo que los debates dentro del CES y sus conclusiones sobre el particular, sean depositadas por secretaría en las cámaras legislativas y sin que las mismas aten o condicionen los criterios, opiniones y consideraciones de los actores decisivos dentro del mundo de la política.
También hay que decir, que, del lado del Poder Ejecutivo, esto es, el presidente Luis Abinader, hasta ahora no se ha visto la menor inclinación por ejercer un accionar que afecte el ámbito de decisiones de la PGR, como tampoco se pudiera plantear, que la incumbente de esta, la magistrada Miriam German Brito, no estuviera ejerciendo sus funciones dentro del marco de la objetividad, la independencia de criterio y la formación profesional más significativas.
Y si lo anterior es así, con mayor razón, que se entienda, lo poco prudente de motivar una reforma constitucional circunscrita a darle mayor independencia al ministerio público central, cuando como se está viendo, en la práctica, este la tiene y plenamente y lo más importante, sin afectar el ejercicio del Poder Judicial como un todo.
En cambio, lo que creemos que se debe hacer y como bien expresara ayer en su rendición de cuentas la magistrada Germán Brito, que debe abogarse porque la dinámica de transformación institucional que ella impulsa, sea cada vez más viva y confiable y aun cuando ciertos rasgos de emotividad, apenas restringidos y de parte de subalternos de Germán Brito en el ámbito de la persecución contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito desde el poder y el lavado de activos, puedan presentarse y afectando la percepción que se pudiera tener sobre el accionar de aquellos funcionarios.
También hay que decir, que ciertos aspectos de resentimiento y persecución personal de la PGR contra imputados que guardan cárcel provisionalmente y como es el caso del anterior procurador general, Jean Alain Rodríguez, parecería que son hijos de la animadversión que surgiera, a raíz de que la magistrada German Brito aspirara a un cargo mas elevado como juez en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura y en cuyas audiencias, Rodríguez no fue todo lo decente y correcto y frente a una dama y entonces juez de la Suprema Corte de Justicia, merecedora de las mejores distinciones y consideraciones y lo que generó, que amplios sectores de la opinión pública mostraran su más profundo rechazo como desagrado.
Particularmente, creemos, que parecería, que German Brito no ha hecho como el expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien al salir de la cárcel en la que estuvo 27 años, se hizo el propósito de no odiar ni ahogarse en resentimientos contra quienes le habían hecho daño y porque entendía que el odio le haría prisionero de sí mismo.
Desde luego, planteamos una presunción, no que efectivamente se hubiese comprobado que la señora procuradora general actúe del modo que esbozamos, pero que, sin embargo, el accionar atropellante de sus dos subalternos más importantes y desde la PEPCA, indudablemente que hacen entender que ese sea el ánimo de Germán Brito.
Salvado ese vacío procedimental, habría que considerar como importante y también alentar, que la PGR Germán Brito hiciera lo posible porque los funcionarios a quienes nos referimos, trataran de circunscribirse a una aplicación de cargos, imputaciones y hechos lo más profesionalmente posible y no solo con relación al exprocurador, ahora imputado como señalado en materia de corrupción administrativa, así como también contra todos los otros exfuncionarios del anterior y este gobierno, que estén corriendo parecida suerte.
Mientras tanto, es de reconocer la atinada política de la señora procuradora general y en lo concerniente a la transferencia a favor del Estado de 180 expedientes de inmuebles decomisados y que, en cierto modo, marca un decisivo cambio de conducta, que refleja, que el Poder Ejecutivo ha sabido llevar un aceptable rescate de los bienes públicos y que la PGR ha sabido implementar como imponer y como marca indeleble de conducta proba para futuras administraciones.
De ahí, que al ver todo este accionar en su conjunto, haya que decir, que la reforma constitucional para robustecer al ministerio público debe esperar y la PGR debe ser y mostrarse independiente y nada vengativa o sectaria. (DAG)
