Según el proyecto de ley de extinción de dominio y el decomiso civil de bienes serían factible de este tipo de proceso jurídico tanto los funcionarios públicos, en los distintos niveles e incluidos los legisladores, como los empresarios y las personas cuyos bienes se presuma podrían ser de origen ilícito.
Así queda establecido en varios artículos del proyecto, uno de ellos el artículo 7, con el título: “Hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio”, de este proyecto que ya fue aprobado por el Senado de la República y que esta semana podría ser conocido en la Cámara de Diputados.
Explica que “A los efectos de la presente ley, serán considerados como hechos ilícitos, que pueden dar lugar a la extinción de dominio de los bienes de acuerdo con las causales de procedencia, los siguientes: Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; delitos contra la administración pública y/o el patrimonio público; delincuencia o criminalidad organizada; lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo; tráfico y trata de personas; enriquecimiento injustificado; la quiebra fraudulenta; defraudación tributaria o aduanera; y el tráfico de armas”.
Esa ley tiene por objeto establecer el marco legal para la regulación del instituto de la extinción de dominio de bienes ilícitos; “establecer el procedimiento que permita hacer dicho instituto efectivo; definir las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación; reconocer los derechos y garantías de los intervinientes; sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes de que trata la presente ley; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano”. [Ojo-Diario Libre]
