Cada vez que cualquier gobierno anuncia determinas obras públicas y especializa presupuestos para las mismas, al final y si se agrega la parte de los dineros de esos presupuestos y robados en efectivo por los aplicadores de las políticas, lo que queda e independientemente a las obras en sí, es que las mismas no pudieron ser robadas ni saqueadas en perjuicio del erario o del patrimonio nacional en razón de su propia naturaleza, por lo que en el transcurrir del tiempo, no solo se recupera el capital invertido mediante la plusvalía que la obra genera, sino que los otros dineros que los aplicadores de las políticas hurtan, también son compensados y en cierta manera, rescatados por el efecto de la plusvalía.
Desde luego, no estamos diciendo que la corrupción desde el poder se compensa de este modo, sino sencillamente, que, si se invierten 100 mil millones de pesos y de esa cantidad, “los aplicadores de las políticas” se roban 20 mil millones de pesos, en un lapso de no menos cinco años y por el efecto de la plusvalía, todos esos recursos se recuperan.
¿Qué es la plusvalía?, técnicamente, “es el incremento en el valor del suelo que se da cuando la Administración Pública o Privada, define nuevos aprovechamientos del terreno, que ofrecen beneficios a la ciudad como mayor altura o cambios de uso". En otro aspecto, “es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo”.
En cierto modo, lo anterior tiene un parecido relativo con la figura de la indexación, que consiste “en una técnica para ajustar pagos de ingresos mediante un índice de precios, para mantener el poder adquisitivo del público luego de la inflación, mientras desindexación es la anulación de la indexación”.
Todas las anteriores teorías del orden económico y que se encuentran en todos los textos y artículos económicos, lo que realmente significan, es que pese a las apariencias, lo invertido o el valor del salario no se pierden al existir mecanismos compensatorios de control para que la dinámica económica de un país o sociedad continue fluyendo y como el mejor modo para que las perdidas aleatorias que sobre el valor del capital invertido o los dineros especializados como salarios o el mismo dinero en sí, siempre ajuste su valor.
Lo lamentable, es que pocas sociedades escapan a la depredación continua que el factor humano origina en su insaciable afán de lucro y que en determinados individuos llega a niveles realmente extremos y que es la razón, de que la justa indignación de terceros en toda sociedad organizada y un gobierno lo es, se haga sentir con gran virulencia y al comprobar las notorias muestras de enriquecimiento ilícito o desproporcionado de los que gobiernan o de sus asociados como suplidores del Estado, en la mayoría de los casos.
Ahora bien, ¿quiere lo anterior ser una justificación para que la corrupción a gran escala se pueda mantener en un país e indefinidamente?, por supuesto que no y de ahí el necesario accionar del Poder Judicial, así como el reclamo social y en cuanto a incautar todos los bienes y dineros que una persona que se la entienda nueva rica al amparo del poder o del tráfico de influencias, no pueda demostrar su origen legal.
Por lo pronto, lo primero que hay que admitir, es que en este país, el primer delincuente es el Estado y desde el momento que los gobiernos hacen expropiaciones de propiedades sin cumplir con su justo pago y por lo que esos despojos y aunque los gobiernos hubiesen chantajeado a los propietarios con pagos ridículos que no alcanzan el valor de expropiado, esos propietarios continúan siendo los dueños lícitos y legales y hasta tanto los gobiernos y por aquello de la continuidad del Estado no los compense debidamente y esto así, sin importar que los títulos de propiedad hayan sido entregados coercitivamente.
Y lo que nos lleva al otro gran delincuente: La población y sus medios de comunicación e información de masas, quienes consienten en esos despojos y al extremo, de que cuando alguien, familia o individuo, logra que después de años el Estado le resarza, son los primeros en negarle legalidad a lo facilitado y cuestionando con gran irresponsabilidad la decisión oficial que haya sido tomada y que si venimos a ver, por semejante inconducta social, esos individuos y de hecho, patrocinan indirectamente la permanencia del Estado delincuente y el ejercicio “de vida” de todo aquel individuo o persona, metida de llena en el expolio de las riquezas públicas o privadas y cuando el factor político está de por medio.
Esta realidad, bien que se puede decir que en este país a nadie le es ajena. Ahora bien, en estos últimos 63 años “de vida democrática”, para nosotros y también para muchos otros sectores y ciudadanos, la corrupción desde el poder se inició desde el mismo momento que Trujillo fuera asesinado y el Consejo de Estado autorizó las entregas de propiedades que el dictador había adquirido a nombre del Estado, pero sin pagar el justo precio que dimana de la aplicación de la indexación y lo que se hacía desde la secretaria de Estado de Recuperación de los Bienes Públicos.
E igual continuó ocurriendo y a una escala mayor, cuando el gobierno del Triunvirato que encabezaba Donal Reid Cabral, uno de los gobernantes más corruptos y corrompidos que este país hubiese tenido y mediante la insólita creación del instrumento “jurídico” de los actos bajo firma privada y como contrapartida a los actos auténticos, que conllevan determinadas características y que están recogidas en el artículo 1317 del Código Civil: “Es acto auténtico el que ha sido otorgado por ante oficiales públicos, que tienen derecho de actuar en el lugar donde se otorgó el acto, y con las solemnidades requeridas por la ley”. Es el documento autorizado con las formalidades debida por un Notario u otro funcionario con fe pública en el lugar de la celebración del acto. Y lo que nos lleva al Acta Notarial, que es “el instrumento original autorizado, en el que se relaciona un hecho o acto jurídico a solicitud de parte interesada que el Notario asienta en el protocolo bajo su fe con la obligación de conservar”.
El Triunvirato y para librarse de ese requisito legal de forma y de fondo y actuando a favor de la oligarquía, cuyas familias querían quedarse con los bienes de la Nación que Trujillo administraba, creo los actos bajo firma privada, que legalmente no contienen requisito legales y legítimos que le den robustez a su existencia y debido a ese instrumento jurídico creado por el Triunvirato y en función, de que al ser un gobierno de facto y como lo era el anterior del Consejo de Estado, no habían cámaras legislativas y las que suplía el Poder Ejecutivo, mediante los llamados “decretos -leyes”.
Fue pues a partir de los llamados “actos bajo firma privada”, que la corrupción desde el poder y con sus variantes de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fue creada, hablamos del periodo 1961-1965 y cometiéndose el despojo de bienes públicos traspasados abusivamente como “bienes privados” a individuos de las llamadas “diez familias” de aquel entonces y que incluso, originaron una y hoy poderosa organización financiera y bancaria privada de origen cibaeño y cómo es fácil comprobar, tal despojo continuo de bienes y dineros públicos, ha continuado hasta el presente y ahora para beneficio único del Estado delincuente y su burocracia y personificado en la nueva variable tan controversial, de la figura del fideicomiso.
De ahí que terminemos diciendo y en líneas generales, que lo realmente importante de la inversión pública, es que las obras que se realizan permanecen y ganan plusvalía y lo que compensa el dinero en efectivo que políticos y gobiernos se roban. (DAG)
